Base Legal
En esta sección se encuentran disponibles los documentos oficiales (leyes, decretos, resoluciones, circulares, documentos estándar, entre otros) que en su totalidad diseñan y conforman el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Estas normativas y decisiones que el ordenamiento jurídico y esta Dirección General, en su función de Órgano Rector, disponen un marco legal apegado a los principios rectores de la Constitución dominicana y la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y que persigue el objetivo de transparencia, participación y excelencia en los procedimientos de contratación pública.
Es la normativa sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18/08/2006, con modificaciones emitidas en la Ley No. 44906 (de fecha 6/12/2006).
En este decreto, emitido en fecha 06/09/2012, dispone el reglamento de aplicación de la Ley, con la publicación de todo proceso de compra desde su convocatoria; y establece el 20% del anticipo dirigido a MIPYMEs, la elaboración y difusión obligatoria de los Planes Anuales de Compras y Contrataciones (PACC). También reduce las garantías para las MIPYMEs del 10% y 4% a un 1%.
Las compras y contrataciones que se deben efectuar a las MIPYMEs por ley, serán exclusivamente de bienes y servicios de origen, manufactura o producción nacional. En este decreto, de fecha 10/06/2013, se dispone cómo se establecerán los productos, bienes y servicios que se consideran de producción nacional.
Mediante este decreto, de fecha 5/11/2015, se establece la Iniciativa Presidencial para el Apoyo y Promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), con el objetivo de promover acciones y reformas que apoyen la formalización, productividad y competitividad de ese sector.
El Decreto No. 188-14 instruye a la Dirección General de Contrataciones Públicas a ofrecer asistencia técnica y capacitación a todas las Comisiones de Veedurías Ciudadanas que fueren integradas para fortalecer la labor de transparencia de las Instituciones del Estado. También insta al Ministerio de la Presidencia a formalizar la integración, junto a los titulares de las instituciones, de las Comisiones de Veedurías Ciudadanas que se estimen necesarias y a que adopte las previsiones que garanticen su buen funcionamiento e independencia.
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