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Gracias al avance de esta iniciativa, la DGCP obtuvo una certificación internacional diseñada para oficiales de cumplimiento

Santo Domingo, República Dominicana. Bajo el eslogan “sembrando transparencia en las compras públicas”, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) instaló la semana pasada tres oficiales del Programa de Cumplimiento Regulatorio en los ministerios de la Vivienda y Edificaciones (MIVEDRD) y de Interior y Policía, así como en los Comedores Económicos del Estado, con los que ya suman 17 las instituciones donde se implementa esta iniciativa.

El propósito del programa es fortalecer los mecanismos de transparencia, control y planificación de las compras que realizan las instituciones para fortalecer la integridad y eficiencia en la Administración pública.

Gracias a la implementación del programa, la DGCP obtuvo la certificación en Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) que otorga la Florida International Bankers Association (FIBA), en colaboración con Florida International University (FIU), diseñada para oficiales de cumplimiento.
La encargada del Departamento de Verificación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, Jenniffer Polanco, explicó que “este logro tiene un impacto directo en la integridad y la reputación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y demuestra que estamos fortaleciendo nuestra capacidad para salvaguardar los recursos públicos, promoviendo así la confianza y la credibilidad en todas las transacciones relacionadas con las contrataciones públicas”.

Polanco agregó que la certificación AMLCA se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

De acuerdo con la resolución PNP-03-2022, el programa impulsa un conjunto de normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e irregularidades administrativas que potencien los estándares (normas ISO) de transparencia en la Administración pública para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos en materia de compras y contrataciones.