Resoluciones de Investigaciones y Reclamos

La Dirección General de Contrataciones Públicas, actuando en su calidad de Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras del Estado dominicano, y en el ejercicio de sus competencias legales, específicamente de las previstas en los artículos 66, 67, 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, emite resoluciones en respuesta a las acciones interpuestas por los interesados o iniciadas de oficio, en el marco de los procedimientos de compra y contratación celebrados por las instituciones contratantes.

Se rechazan los medios de inadmisión presentados por la institución contratante y la adjudicataria Sertelsa Servicios Técnicos de Televisión, Satélite y Antena, S.R.L., relativos a la falta de calidad y capacidad de la solicitud de investigación presentada por FUNJURIPO, así como el archivo de la misma, por el hecho de que la instancia contentiva de la denuncia figura firmada de orden; debido a que no representan una inadmisibilidad o un vicio de fondo respecto a la instancia presentada, toda vez que en la misma consta el sello gomígrafo y el membrete o timbrado de dicha fundación.

Se declara que en el procedimiento de que se trata la institución contratante no cumplió con el numeral 6) del artículo 4 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y el artículo 3 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 542-12, ya que, la justificación dada para el uso del procedimiento de excepción por urgencia debido al deterioro por uso y la vejez de los equipos, es un desgaste en el tiempo y no una condición imprevisible, por tanto, no se configuran los elementos para celebrar un procedimiento de dicha naturaleza, sin embargo, no procede la nulidad de la contratación debido a que el procedimiento ha sido ejecutado en su totalidad.
Se ha constatado irregularidades en el procedimiento de Licitación Restringida Núm. AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-LR-2021-0001, llevado a cabo para la contratación de servicios de “Acondicionamiento y remozamiento de la playa Monte Rio en la Provincia de Azua”, en particular las siguientes: i) selección incorrecta de la modalidad de contratación según los umbrales; ii) ausencia de documentación preparatoria que sustenta la especialidad de la contratación; iii) criterio de adjudicación no definido correctamente; iii) adjudicación supera el monto apropiado; iv) realización de adenda sin condición de imprevisibilidad; v) infracción al principio de transparencia y publicidad por falta de publicación de documentos.

En razón de las irregularidades que afectaron la fase de preparación y ejecución de la contratación, y tomando en consideración que la obra no ha sido finalizada según la documentación disponible, esta Dirección General anuló el procedimiento en cuestión.

Se instruye al Ayuntamiento Municipal de Azua a: i) publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Resolución, la gestión completa del procedimiento de que se trata, en especial el informe de evaluación de las ofertas económicas, Sobre B, y; ii) una vez publicados dichos documentos, notificar a esta Dirección General en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fecha de publicación, que ya se encuentran cargados en el Portal Transaccional.

Se recomienda capacitaciones sobre la Ley Núm. 340-06 y modificaciones que instituye el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y sobre Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, la Ley Núm. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y demás normativas vigentes que regulan la Administración Pública. Y Transcurridos seis (6) meses a partir de la recepción de la presente resolución, deberá notificar a este Órgano Rector los servidores y funcionarios públicos que han recibido dichas formaciones.
Tipo de acción: Investigación de oficio del procedimiento de Excepción por Proveedor Único Núm. INAFOCAM-CCC-PEPU-2022-0002, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para la “Contratación de los servicios de formación y capacitación para la implementación del programa de bachilleres bilingües productivos”.

Palabras claves: Falta de motivación de informe pericial justificativo del uso de la excepción y la resolución del comité de compras y contrataciones que lo aprueba/imparcialidad de la Dirección General por haber presentado consideraciones ante la jurisdicción y por la participación del director general en programa televisivo/condiciones para llevar a cabo procedimiento de excepción por proveedor único/contratación de servicios de capacitación de servidores públicos.

Síntesis de la decisión: Aun cuando procede la nulidad de los actos que dieron origen al procedimiento y, por consiguiente, la nulidad de todos los actos sucesivos que conforman el expediente administrativo de la contratación procede que esta Dirección General solo declare la nulidad, pues los efectos han sido desplegados debido a la rescisión del contrato, lo que hace que la eventual anulación sea de cumplimiento imposible.
Se acoge, toda vez que con la presente decisión ha sido satisfecho el requerimiento del denunciante sobre investigar la motivación del uso de la modalidad de excepción en la contratación en cuestión.
Por consiguiente, esta Dirección General ANULA DE PLENO DERECHO el procedimiento de licitación pública nacional Núm. INAPA-CCC-LPN-2022-0032 por evidenciarse violaciones graves que no son compatibles con la normativa que rige la materia.
Se anula el procedimiento de Excepción por Urgencia Núm. INABIE-MAE-PEUR-2022-0006 en cuanto a los lotes 4 y 5, pues se verifica que la contratación de estos lotes bajo la modalidad de urgencia se justificó en que, luego de haberse adjudicado, los mismos fueron declarados desierto en otro procedimiento en una decisión que fue revocada por esta Dirección General mediante la Resolución RIC-92-2023.
Mediante la investigación realizada, y conforme se describe en estas resoluciones, el Órgano Rector identificó que se cometieron irregularidades graves, entre ellas, contradicción en el pliego de condiciones, violación al debido proceso para emisión de enmiendas, un documento suscrito solo por el encargado del departamento de compras y contrataciones de esa institución, y no por el Comité de Compras y Contrataciones, ya que el encargado de compras no tiene competencia para modificar el pliego de condiciones.



En su análisis, el Órgano Rector comprobó, entre otros aspectos, que en los informes de evaluación técnica, los peritos indicaron la subsanación de la prueba de concepto de drones y la capacidad técnica de la oferta de la adjudicataria, aun cuando son aspectos no subsanables establecidos en el pliego de condiciones, amén de que resulta una obviedad que esos aspectos no son subsanables porque constituyen la oferta técnica en su esencia, siendo que una subsanación a esos aspectos implicaría una mejora no admitida de la oferta.



En la decisión de esta Dirección General, quedó comprobado la falta de los peritos, al omitir en la etapa de evaluación técnica la validación de los documentos aportados por la adjudicataria, en especial, aquellos que alegadamente daban cuenta de su experiencia técnica y profesional, así como de los documentos que no vinculan ni guardan relación con la adjudicataria, es decir, que evaluaron sin validar, y en sus informes recomendaron subsanación de aspectos técnicos que no admiten correcciones porque implicaban una mejora de lo ofertado, siendo que dicha recomendación no se encuentra motivada ni fundamentada de conformidad con el debido proceso, por lo que se imponía al Comité de Compras rechazar esos informes, por no ajustarse al derecho.



Igualmente, se verificó que el pliego de condiciones, y de manera errada, admitía en idioma inglés catálogos de los equipos a ofertar, sin embargo, se evidenció que la adjudicataria presentó en dicho idioma, documentos con los que pretendía sustentar su experiencia como contratista, sin encontrarse acompañados por las traducciones realizadas por un intérprete judicial debidamente autorizado, como exige el citado numeral 1.4 del pliego de condiciones y la normativa, por lo que no quedó evidenciado cómo lograron los peritos determinar que los documentos presentados por Transcore Latam, S.R.L., constituían los requisitos solicitados sobre la acreditación de la experiencia y los elementos técnicos de los equipos ofertados por la adjudicataria. Por consiguiente, tanto la evaluación como los actos aprobatorios del comité de compras, incluida el acta de adjudicación, contienen vicios que afectan la validez de las actuaciones, por violación al debido proceso.



Por lo anterior, en atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declaró la nulidad de pleno derecho del “Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas”, emitidos por los peritos designados en fechas 9 y 12 de mayo de 2023, respectivamente, en cuanto, a la oferta técnica de la empresa Transcore Latam, S.R.L., ya que lo que correspondía era la descalificación de dicha oferta, tras los mismos peritos comprobar que no cumplía con todos los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones.



Por vía de consecuencia, los subsiguientes actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez, porque se soportan en informes no motivados, y la falta de motivación también les acarrea su nulidad de pleno derecho por violación al debido proceso; por tanto, ningún acto relativo a la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT puede surtir los efectos jurídicos pretendidos, por lo que el INTRANT deberá tomar las acciones que correspondan con relación al contrato suscrito, ya que se evidenció que se sustenta en actos y actuaciones que transgreden la normativa.



De igual manera, al constatarse las violaciones al debido proceso ya indicadas, procede que, a los servidores y funcionarios que hayan participado en el procedimiento investigado, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, se les apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, agotando el debido proceso disciplinario.



En ese mismo sentido, también informamos que, en cuanto al alegato sobre la presentación de documentos falsos o alterados, no suscritos ni autorizados por las razones sociales denunciantes, esta Dirección General verificó que del contenido de los documentos aportados por la adjudicataria relacionados con las denunciantes, no es posible afirmar que los hechos certificados o declarados correspondan o pertenezcan a Transcore Latam, S.R.L., por lo que se remitirá este aspecto al procedimiento administrativo sancionador, a fin de determinar la gravedad de los hechos y la consecuencia jurídica que corresponda, previo el agotamiento del debido proceso administrativo que garantice la defensa de la adjudicataria Transcore Latam, S.R.L.
Mediante la investigación realizada, y conforme se describe en estas resoluciones, el Órgano Rector identificó que se cometieron irregularidades graves, entre ellas, contradicción en el pliego de condiciones, violación al debido proceso para emisión de enmiendas, un documento suscrito solo por el encargado del departamento de compras y contrataciones de esa institución, y no por el Comité de Compras y Contrataciones, ya que el encargado de compras no tiene competencia para modificar el pliego de condiciones.



En su análisis, el Órgano Rector comprobó, entre otros aspectos, que en los informes de evaluación técnica, los peritos indicaron la subsanación de la prueba de concepto de drones y la capacidad técnica de la oferta de la adjudicataria, aun cuando son aspectos no subsanables establecidos en el pliego de condiciones, amén de que resulta una obviedad que esos aspectos no son subsanables porque constituyen la oferta técnica en su esencia, siendo que una subsanación a esos aspectos implicaría una mejora no admitida de la oferta.



En la decisión de esta Dirección General, quedó comprobado la falta de los peritos, al omitir en la etapa de evaluación técnica la validación de los documentos aportados por la adjudicataria, en especial, aquellos que alegadamente daban cuenta de su experiencia técnica y profesional, así como de los documentos que no vinculan ni guardan relación con la adjudicataria, es decir, que evaluaron sin validar, y en sus informes recomendaron subsanación de aspectos técnicos que no admiten correcciones porque implicaban una mejora de lo ofertado, siendo que dicha recomendación no se encuentra motivada ni fundamentada de conformidad con el debido proceso, por lo que se imponía al Comité de Compras rechazar esos informes, por no ajustarse al derecho.



Igualmente, se verificó que el pliego de condiciones, y de manera errada, admitía en idioma inglés catálogos de los equipos a ofertar, sin embargo, se evidenció que la adjudicataria presentó en dicho idioma, documentos con los que pretendía sustentar su experiencia como contratista, sin encontrarse acompañados por las traducciones realizadas por un intérprete judicial debidamente autorizado, como exige el citado numeral 1.4 del pliego de condiciones y la normativa, por lo que no quedó evidenciado cómo lograron los peritos determinar que los documentos presentados por Transcore Latam, S.R.L., constituían los requisitos solicitados sobre la acreditación de la experiencia y los elementos técnicos de los equipos ofertados por la adjudicataria. Por consiguiente, tanto la evaluación como los actos aprobatorios del comité de compras, incluida el acta de adjudicación, contienen vicios que afectan la validez de las actuaciones, por violación al debido proceso.



Por lo anterior, en atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declaró la nulidad de pleno derecho del “Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas”, emitidos por los peritos designados en fechas 9 y 12 de mayo de 2023, respectivamente, en cuanto, a la oferta técnica de la empresa Transcore Latam, S.R.L., ya que lo que correspondía era la descalificación de dicha oferta, tras los mismos peritos comprobar que no cumplía con todos los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones.



Por vía de consecuencia, los subsiguientes actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez, porque se soportan en informes no motivados, y la falta de motivación también les acarrea su nulidad de pleno derecho por violación al debido proceso; por tanto, ningún acto relativo a la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT puede surtir los efectos jurídicos pretendidos, por lo que el INTRANT deberá tomar las acciones que correspondan con relación al contrato suscrito, ya que se evidenció que se sustenta en actos y actuaciones que transgreden la normativa.



De igual manera, al constatarse las violaciones al debido proceso ya indicadas, procede que, a los servidores y funcionarios que hayan participado en el procedimiento investigado, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, se les apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, agotando el debido proceso disciplinario.



En ese mismo sentido, también informamos que, en cuanto al alegato sobre la presentación de documentos falsos o alterados, no suscritos ni autorizados por las razones sociales denunciantes, esta Dirección General verificó que del contenido de los documentos aportados por la adjudicataria relacionados con las denunciantes, no es posible afirmar que los hechos certificados o declarados correspondan o pertenezcan a Transcore Latam, S.R.L., por lo que se remitirá este aspecto al procedimiento administrativo sancionador, a fin de determinar la gravedad de los hechos y la consecuencia jurídica que corresponda, previo el agotamiento del debido proceso administrativo que garantice la defensa de la adjudicataria Transcore Latam, S.R.L.
En cuanto al fondo, se declara que esta Dirección General ha satisfecho el requerimiento de que se investigue el Pliego de condiciones de que se trata.

Se rechaza el pedimento del denunciante respecto a que se ordene a la Policía Nacional a que se enmiende el pliego de procedimiento de que se trata, pues en atención al criterio de la centralización operativa, el Órgano Rector está a cargo de las políticas y normas, mientras que de acuerdo a la descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son las gestoras de sus procedimientos, por lo que no tiene atribuciones para ordenar la enmienda al pliego, por tratarse de facultades exclusivas de la institución contratante.

Se constató que el monto del certificado de apropiación presupuestaría publicado al inicio del procedimiento no era suficiente al egreso previsto. Además, que la institución contratante violento lo establecido en la norma que rige la materia, al no dar publicidad a la última versión del certificado de apropiación presupuestaria que contiene el monto total de la adjudicación.
En ese orden, se comprobó la falta de criterios para la descalificación de los oferentes, pues la institución contratante no aclaró qué sería tomado en consideración para determinar cuándo se trata de un precio temerario.

De igual forma, se violentó el párrafo III del artículo 8 y el 21 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, así como el párrafo II del artículo 91 del Reglamento de Aplicación Núm. 542-12, al establecerse la “no subsanación” del formulario SNCC.F.034, sin embargo, no constituye una violación a la ley que se establezca que el formulario SNCC.F.056 no es subsanable, pues éste no contiene información inherente al proveedor, sino a la oferta en sí, por lo que no es susceptible de subsanación.
Se reitera que que mediante la Resolución Ref. RIC-168-2023 de fecha 21 de noviembre de 2023, esta Dirección General anuló el pliego de condiciones y, por consiguiente, todo el procedimiento, por violación al artículo 21 y a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia contenidos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, al tiempo que se advierten distintas violaciones en la contratación que incluyen el dictado de circulares y enmiendas, la evaluación de ofertas técnicas y la identificación de servicios contratados que no se contemplaron en las bases de la contratación y por tanto son una compra directa al margen de la normativa.
Resolución RIC-01-2022 - pdf - 858 kb



Se ha constatado irregularidades en el procedimiento por Comparación de Precios Núm. AMC-CP-2021-0001, para la “Construcciones de la entrada de Cabral”, llevada a cabo por el Ayuntamiento Municipal de Cabral, en cuanto a:
Que no se cumplió con el principio de transparencia y publicidad al no publicar la gestión completa del procedimiento de que se trata en su portal institucional contrario al numeral 3 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, que contiene el principio de transparencia y publicidad.
No se cumplió el artículo 8 de la Ley Núm. 340-06 por no solicitar documentación que permita determinar la capacidad para contratar de los oferentes;
No se cumplió con el párrafo III del artículo 8 y los artículos 21 y 91 de la referida Ley por darle carácter no subsanable a la certificación de experiencia, cuando la misma siempre es subsanable;
Se incumplió el principio de economía y flexibilidad y los artículos 20 y 21 por no especificar en el pliego de condiciones paramentos claros para la evaluación económica de las ofertas y no establecer criterio de adjudicación; que la evaluación económica se realizó con base a paramentos no establecidos en el pliego.
No obstante, a lo anterior no se declara la nulidad del procedimiento, en atención a que a la fecha resulta evidente que el objeto de la contratación ha sido materializado, por lo que no tendría efectos materiales la nulidad.
Por tanto, se declaró, que se constaron irregularidades, las cuales sirven para identificar debilidades en los futuros procedimientos de contratación llevados a cabo por el Ayuntamiento Municipal de Cabral.
Se instruye al Ayuntamiento Municipal de Cabral a cargar toda la documentación correspondiente al procedimiento de que se trata en su portal institucional, así como concluir la incorporación del Ayuntamiento al Portal Transaccional, administrado por el Órgano Rector, y las capacitaciones requeridas para gestionar los procedimientos de compras y contrataciones, de forma que cumplan con lo establecido en la Ley Núm. 340-06 y su modificación, y al Decreto Núm. 350-17 que establece el uso obligatorio del Portal Transaccional.
Se recomienda capacitaciones sobre la Ley Núm. 340-06 y modificaciones que instituye el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y sobre Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, la Ley Núm. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y demás normativas vigentes que regulan la Administración Pública. Y Transcurridos seis (6) meses a partir de la recepción de la presente resolución, deberá notificar a este Órgano Rector los servidores y funcionarios públicos que han recibido dichas formaciones.
Resolución RIC-10-2022 - pdf - 994 kb



Se rechaza la solicitud de que sea anulada la contratación de firmas de abogados realizada por EDESUR Dominicana, S,A., toda vez que se ha constatado que la contratación de las firmas de abogados fue realizada a través de procedimiento de selección establecido en la normativa este es, el procedimiento de excepción para obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos histórico; igualmente se constató que el contrato fue suscrito con las razones sociales seleccionadas por el consejo de administración de EDESUR Dominicana, S.A., contrario a lo señalado por la denunciante; en consecuencia sus alegatos no tienen mérito y tampoco se ha constatado en el transcurso de la presente investigación elementos que conlleven la nulidad de la referida contratación.

Se declara que la Ley 340-06 y sus modificaciones es la normativa aplicable para la contratación de abogados para servicios de representación legal y ante los tribunales, por no estar estos servicios excluidos de forma expresa de la normativa, ni estar regidos por una norma especial.

Se declara que aun cuando no hayan publicado el procedimiento de manera oportuna, por ser un procedimiento no competitivo, en el que no se vulneró los principios de competencia y participación, su publicidad busca que se pueda rendir cuentas de lo contratado y transparentar el uso de los recursos públicos. Por lo que la nulidad no opera de forma automática, sino que debe ponderarse en cada caso, cuál ha sido el alcance de la omisión o irregularidad y, además, determinar si esto ha lesionado algún derecho, lo cual no sucede en este caso por tratarse como se ha referido en un procedimiento no competitivo.

Se ordena la publicación en el Portal Transaccional de los contratos suscritos con los abogados contratados, en un plazo no, mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución; y una vez publicado el documento notificar a la Dirección General en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Portal Transaccional
Resolución-RIC-28-2022 - pdf - 576 kb



Se rechaza el medio de inadmisión plateado por RSPA Despacho Jurídico, S.R.L., toda vez que la acción presentada se trata de una solicitud de investigación, no un recurso de impugnación, y la norma no dispone para las denuncias un plazo de presentación.

Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por Bufete Michelsuero, S.R.L. por haberse realizado conforme de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Se rechaza en cuanto al fondo la solicitud de la denunciante de que sea anulado el procedimiento de Excepción Núm MEM-CCC-PEOR-2021-0001, llevado a cabo para “Contratación de servicio jurídico”, toda vez que se ha constatado que el Ministerio de Energía y Minas llevó a cabo la contratación a través de un procedimiento de selección establecido en la normativa este es, el procedimiento de excepción para obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos histórico, el cual no es de naturaleza competitiva; igualmente se constató que el expediente administrativo se encuentra publicado en el Portal Transaccional y que no existe discrepancia entre el monto del certificado de apropiación presupuestaria y la adjudicación, contrario a lo señalado por la denunciante; en consecuencia sus alegatos no tienen mérito.
Resolución-RIC-29-2022 - pdf - 622 kb



En cuanto a la FORMA, se acoge la solicitud de investigación. SOBRE EL FONDO: se acoge la solicitud del denunciante de que sean investigadas las obra contratadas. En consecuencia, DECLARAR que al Ayuntamiento Municipal de Peralta, provincia Azua, realizó procedimientos de contrataciones directas para i) la construcción de la entrada de peralta, ii) la construcción de cancha en el antiguo mercado municipal; iii) la confección de aceras Majagual, iv) la canalización de aguas de drenaje pluvial; v) la confección de aceras y contenes del Carrizal; y, vi) la confección de badenes con la razón social Constructora Skyarch, S.R.L., de fecha 20 de enero de 2017; y vii) la construcción de la funeraria municipal con el ingeniero Pascual de Jesús Montilla, en fecha 14 de abril de 2018, en violación a la norma y específicamente, en inobservancia a los artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones. PÁRRAFO: En consecuencia, de encontrarse en ejecución las obras objeto de dichas procedimientos de contrataciones directas a la fecha de notificación de la presente Resolución, no podría consentirse la continuación de las mismas, por estar al margen de la citada norma y ser nulas de pleno derecho de conformidad con el artículo 14 de la Ley Núm. 107-13 y los artículos 68 y 69 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12, como se expuso en el párrafo 71 de la resolución.

De igual modo, fue constatado la falta al principio de transparencia y publicidad, contenido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y advierte que el hecho de no encontrarse incorporado en el Portal Transaccional, no le exime a las instituciones contratantes del deber de realizar una contratación conforme la normativa del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, y su publicidad puede ser asegurada mediante publicaciones en el portal web de la institución contratante, en pos de asegurar la transparencia en los procedimientos de compra.
Se exhorta a la máxima autoridad del Ayuntamiento Municipal de Peralta, provincia Azua a tomar las medidas necesarias para su incorporación en el Portal Transaccional y a realizar la publicidad de los procedimientos, especialmente a procurar su incorporación en el Portal Transaccional y capacitación en la normativa.
Resolución-RIC-65-2022 - pdf - 413 kb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por la Fundación Jurídica Para la Defensa de los Pobres, INC. (FUNJURIPO) por haber realizado conforme de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

En cuanto al fondo la denuncia presentada por la Fundación Jurídica Para la Defensa de los Pobres, INC. (FUNJURIPO) contra el Procedimiento de Excepción de Urgencia Núm. CAASD-MAE-PEUR-2021-0003 llevado a cabo por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el “Alquiler de un local comercial debidamente adecuado (incluye mobiliario para oficina y servicios) para funcionamiento de la oficina comercial”, su pretensión de que conforme al artículo 14 de la Ley Núm. 107-13 sea declare su nulidad, toda vez que se verificó la falta de méritos de los alegatos sobre i) duplicidad de registros de proveedores del Estado de la adjudicataria del procedimiento; activos en el portal transaccional; ii) falta de información sobre la justificación de la delimitación geográfica. En tanto que, aun cuando tienen mérito parcial lo referente a iii) discrepancia entre el monto de adjudicación, el registrado en el Portal Transaccional y el establecido en la certificación de apropiación presupuestaria; y en cuanto a la iv) falta a la información sobre el mobiliario, no menos cierto es que, estas irregularidades, por si solas, no conllevan la nulidad del procedimiento denunciado, tal como se ha referido en los párrafos 28, 52 hasta el 67 de la resolución.

Por último, se ORDENAR a la CAASD a que publique, en el Portal Transaccional el acta administrativa de fecha 22 de noviembre de 2021 a través de la cual subsana el error humano cometido en el PT.
Resolución RIC-69-2022.pdf - pdf - 433 kb



Se rechaza el medio de inadmisión plateado por el adjudicatario, toda vez que la norma no dispone para las denuncias un plazo de presentación que pueda prescribir.

Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Delegación Sánchez Ramírez por haberse realizado conforme de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Se acoge en cuanto al fondo la solicitud de la denunciante debido a que pudo comprobarse que el Ayuntamiento Municipal de Villa para la “Construcción de Mercado Municipal de Villa La Mata” por haberse constatado violaciones al principio de transparencia y publicidad consagrado en numeral 3 artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, ya que si bien la institución no está implementada para el uso del Portal Transaccional, tampoco se dio publicidad al expediente de la contratación a través de su portal institucional.

Se ordena a la Máxima Autoridad del Ayuntamiento del Municipio de Villa La Mata que deben cargar toda la documentación correspondiente del procedimiento de que trata en su portal institucional “ayuntamientovillalamata.gob.do”; así como concluir la incorporación del Ayuntamiento en el Portal Transaccional y las capacitaciones que se requiere, para gestionar los procedimientos de compras y contrataciones y darle cumplimento a lo establecido en la Ley Núm. 340-06 y su modificación, y al Decreto Núm. 350-17.

Se recomienda a la Máxima Autoridad del Ayuntamiento del Municipio de Villa La Mata ordenar al personal involucrado en los procedimientos de contratación, a capacitarse en talleres sobre el SNCCP, la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13.
Resolución RIC-91-2022 - pdf - 413 kb



En vista de que se verificó que la CDEEE no justificó conforme a la normativa el uso de la excepción seleccionado, puesto que los documentos que le dieron origen al procedimiento, como es el informe pericial previo que justifica la excepción, así como la resolución motivada que a raíz del informe pericial debe emitir el comité de compras aprobando el uso de la excepción, carecen de los motivos que justifican el procedimiento seleccionado; igualmente, se constató que la institución hizo uso de procedimiento de exclusividad y por proveedor único, que son procedimientos que procesalmente son distintos, pues el primero debe respetar la participación y competencia, mientras que el de proveedor único no es un procedimiento competitivo.
Las irregularidades constatadas conllevan la nulidad del procedimiento, sin embargo, al ponderar la nulidad este Órgano Rector es de criterio que no tendría efectos materiales, dado que el objeto de la contratación ha sido ejecutado casi en totalidad, partiendo de la vigencia del contrato suscrito hasta el 30 de julio de 2022, por lo que no resultaría razonable.
En consecuencia, se DECLARA que el Comité de Compras y Contrataciones de la CDEEE, en el procedimiento de referencia se constataron las irregularidades descritas en los párrafos 51 y siguientes de la Resolución, por cuanto se determinó que el uso del procedimiento de excepción no está motivado, mediante el informe técnico que establece la Ley, además, de comprobarse que en la Resolución Núm. 133-2021 que declara el uso de un procedimiento de “excepción por exclusividad y proveedor único”, el comité incurrió en inobservancias graves al utilizar dos tipos de modalidades de excepción diferentes, así como al evidenciarse que, de manera anticipada, previo inicio del procedimiento, ordenó la presentación de ofertas, siendo esto una violación al debido proceso. Dichas irregularidades sirven para identificar las debilidades del procedimiento de contratación de cara a recomendar cuales aspectos se debe fortalecer y mejorar en procedimientos futuros, ya que la nulidad solo surte efectos declarativos, tal cual se abordó en la Resolución.
Igualmente, se hace recomendación a la CDEEE que debido a las irregularidades observadas identifique a los funcionarios - que hayan participado y permanezca en la actual gestión –por no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, y en consecuencia, determine las sanciones que pudieran corresponder, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones; b) que se publique en el Portal Transaccional en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, la gestión completa del Procedimiento de Excepción Núm. CDEEE-CCC-PEPU-2021-0003 para la “Contratación de los servicios de suministro, instalación de geosintéticos para cierre de las celdas A, B y fondo de la celda C, del patio de cenizas de la central termoeléctrica Punta Catalina (CTPC)”, en especial el Contrato Núm. 074-2021 y la garantía de fiel cumplimiento de contrato; y ii) una vez publicados dichos documentos, notificar a esta Dirección General en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fecha de publicación, que los mismos ya se encuentran cargados en el Portal Transaccional, y c) que se promueva e instruya a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos y a la unidad de compra, participar en formaciones y actualizaciones sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para su correcta aplicación; a que participen en el taller de “Reforzamiento en Gestión de Procesos y Administración de Contratos”, impartido por esta Dirección General, con la finalidad de refrescar el uso del Portal Transaccional en lo relativo a la gestión completa del procedimiento de contratación y la administración de contratos así como promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, la Ley Núm. 107-13, y una vez transcurridos los 6 meses de la notificación de la resolución deberán notificar al Órgano Rector los servidores y funcionarios que recibieron las formaciones.
Resolución RIC-93-2022 - pdf - 475 kb



ACOGER en cuanto a la forma, la denuncia presentada, por haber sido presentada de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones; se DECLARA en cuanto al fondo de las conclusiones vertidas por el señor Jesús García Beltré, que esta Dirección General ha satisfecho el requerimiento de que se investigue a los fines de establecer si se cumplió con las disposiciones de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones; en cuanto al fondo de la solicitud de investigación presentada, se DECLARA que al Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís realizó procedimientos de contrataciones directas para el “alquiler de equipos de recolección de residuos sólidos (basura)”, en violación a la norma y específicamente, en inobservancia a los artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, debido a que la prestación de servicios está regulada por la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y, por tanto, estas contrataciones se encuentran supeditadas a los procedimientos de contratación referidos tanto en la Ley como en el Reglamento Núm. 543-12, siendo que dicha contratación directa no podría consentirse, por estar al margen de la citada norma y ser nulas de pleno derecho de conformidad con el artículo 14 de la Ley Núm. 107-13 y los artículos 68 y 69 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12.
Se recomienda al Alcalde del municipio de San Pedro de Macorís, promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley Núm. 340-06 y modificaciones que instituye el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para su correcta aplicación; y se ordena la remisión de la presente Resolución por ser parte interesada a la Liga Municipal Dominicana (LMD) en atención a su función de asistencia técnica a favor de los municipios del país, establecido en el literal ñ) del artículo 106 de la Ley Núm. 176-02 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.
Resolución RIC-148-2022 - pdf - 399 kb



Acoge en la forma la denuncia, por cumplimiento de formalidades, pero RECHAZA en cuanto al fondo la solicitud de investigación presentada por la razón social Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S.R.L., tendente a la nulidad del lote 1 correspondiente al procedimiento Licitación Pública Nacional Núm. INVI-CCC-LPN-2021-0005, toda vez que no fueron constatadas las irregularidades planteadas por la denunciante, que impidan su curso.
Resolución RIC-174-2022 - pdf - 454 kb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por la Fundación Jurídica para la Defensa de los Pobres, Inc., (FUNJURIPO), por haberse realizado de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

En cuanto al alegato de la denunciante, de que se llevó a cabo una contratación grado a grado, se verifica que tiene mérito, toda vez que, pudo verificarse que la Junta Municipal de La Colonia de Mella, no agotó ninguno de los procedimientos de selección ni los principios dispuestos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, al igual que, tampoco cumplió con las estipulaciones contempladas en el reglamento de aplicación de la referida Ley, ni los umbrales establecidos en la Resolución PNP-01-2019 correspondientes al año de la contratación.

Los alegatos de la denunciante relativos al aumento no transparentado del monto del contrato y de la relación de familiaridad existente entre la contratista y el director de la Junta Municipal, no pudieron ser comprobados debido que no fueron aportados elementos de prueba que lo permitieran.

Sobre los pedimentos, en la denuncia se solicita que se “realice la investigación de lugar, y en efecto, persiga y ejerza la debida aplicación de la ley, respecto a la institución contratante como del funcionario público violador de la ley y la persona contratista, anulando dicho contrato y ejerciendo la persecución penal del funcionario”, en la presente Resolución esta Dirección General evidencia que ha llevado a cabo la investigación solicitada.

En el segundo pedimento, la denunciante solicita que se anule el contrato suscrito entre la Junta Municipal de La Colonia de Mella y la señora Yenis Santana Díaz, el cual se rechaza, debido a que esta Dirección General no cuenta con la atribución legal para invalidar contratos suscritos por la Administración con particulares, pues ésta es una función que atañe a los tribunales del orden jurisdiccional. Asimismo, se rechaza el tercer pedimento de que se ejerza la persecución penal contra los funcionarios actuantes en la contratación en cuestión, toda vez que esta Dirección General no tiene la facultad legal para tales fines, en razón de que corresponde a las instituciones contratantes.

Además, se advierte que, en el contrato aportado por las partes, no se aprecian las disposiciones que el artículo 28 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones identifica como requisitos de validez, pero se reitera la incompetencia de esta Dirección General como Órgano de la Administración para anular contratos por ser ésta una atribución de los tribunales de orden judicial. También se aclara que el sometimiento a la justicia de los funcionarios públicos es una sanción cuya aplicación corresponde a las instituciones contratantes.

En cuanto al fondo, se declara que esta Dirección General ha satisfecho el requerimiento de que se investigue a los fines de establecer si se cumplió con las disposiciones de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, se declara que la Junta Municipal de La Colonia, realizó un procedimiento de contratación directa con la señora Yenis Santana Díaz en fecha 23 de octubre de 2019, para la construcción de la funeraria municipal de La Colonia de Mella, en violación a la norma y específicamente, en inobservancia a los artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, lo que acarrea su nulidad.

Como consecuencia de lo anterior, se enuncia que, de encontrarse en ejecución la obra objeto del procedimiento de contratación directa -a la fecha de notificación de la presente Resolución-, no podría consentirse la continuación de la misma por estar al margen de la citada norma y por tanto deviene en nula de pleno derecho.

Se ordena a la máxima autoridad de la Junta Municipal de La Colonia de Mella, a concluir su incorporación en el Portal Transaccional y las capacitaciones que se requieren, para gestionar los procedimientos de compras y contrataciones y darle cumplimento a lo establecido en la Ley Núm. 340-06 y su modificación, y al Decreto Núm. 350-17.

Se recomienda a la máxima autoridad de la institución que conforme al debido proceso identifique a los funcionarios - que hayan participado y permanezcan en la actual gestión –por no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo y, en consecuencia, determine las sanciones que pudieran corresponder, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Se recomienda a la Junta Municipal de La Colonia de Mella ordenar al personal involucrado en los procedimientos de contratación, a capacitarse en talleres sobre el SNCCP, la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13.
Resolución RIC-177-2022 - pdf - 502 kb



En cuanto a la forma, se acoge la solicitud de investigación presentada.
Sobre los alegatos, se determinó que no tiene mérito el alegato presentado por la parte denunciante, relativo a que el requerimiento formulado en el pliego de condiciones para los equipos de la hemodiálisis solo beneficiaría a un proveedor, ya que la denunciante no aportó pruebas que sustenten dichos planteamientos, y además, a entendimiento de este Órgano Rector, la denunciante tuvo la oportunidad de impugnar el pliego de condiciones y también de realizar las preguntas e presentar sus inquietudes a la institución contratante para que fueron valoradas en su justa dimensión, ya que se evidenció en las circulares emitidas por el comité de compras del INVI que constan en el portal transaccional, que los interesados realizaron preguntas y comentarios similares a que algunas especificaciones de equipos médicos pudieran generar limitada participación, a lo que se vio que el INVI indicó haber modificado o actualizado dichas especificaciones, en señal de lograr mayor participación, pero para el caso de la unidad de hemodiálisis, la denunciante en su alegado interés de participar, siquiera se acogió a la etapa de preguntas dentro del procedimiento, que, a juzgar por la actuación del INVI al responder preguntas de los interesados, hubiere generado mayor claridad a las dudas de las dudas de la denunciante. Se concluye en ese sentido, que no verifica violación a los principios de razonabilidad, responsabilidad, moralidad y buena fe.

En cuanto a los pedimentos de la denunciante, esta Dirección General declara que ha satisfecho el requerimiento de la denunciante, la razón social Clinimed, S.R.L., de que este Órgano Rector, investigue el procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INVI-CCC-LPN-2021-0004, pero como carece de mérito la denuncia presentada, ya que las alegadas inobservancias expuestas por la parte denunciante no fueron demostradas, esta Dirección General rechaza el pedimento de nulidad.
Resolución RIC-178-2022 - pdf - 580 kb



En cuanto a los argumentos del solicitante se estableció lo siguiente:
i) La falta de mérito en cuanto a que en el procedimiento en cuestión se infringió el principio de publicidad, toda vez que si bien es cierto que en los avisos de convocatoria del procedimiento Núm. AYUNTAMIENTO HIGUEY-CCC-LPN-2021-0003 cargados en el Portal Transaccional y en el Portal Institucional del Ayuntamiento del Municipio de Higüey no se visualizan las fechas en las fueron realizadas las publicaciones, no menos cierto es que se constató que las publicaciones fueron cargadas en el Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha 9 de septiembre de 2021, que fueron realizadas los días 6 y 7 de septiembre de 2021 a través de los periódicos “Hoy y El Caribe” conforme evidenció la certificación del procedimiento emitida por el Departamento de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, y que fueron hechas con el mínimo de 30 días hábiles previos a la fecha de la presentación de ofertas conforme lo establece el artículo 18 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones;
ii) La falta de mérito sobre las presuntas deficiencias de la etapa de preguntas y aclaraciones, en particular la alegada omisión de la etapa de preguntas y aclaraciones y violación al principio de participación contemplado en el numeral 8, del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, toda vez que este Órgano Rector pudo constatar que si fue otorgado un plazo para la realización de preguntas y no ha podido comprobar que la respuesta otorgada por la institución contratante haya sido evasiva o generara algún perjuicio a la participación de los interesados, sino que por el contrario se constató que cualquier interesado, podía impugnar el pliego de condiciones específicas, en los términos y plazos establecidos en el numeral 1 del artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
iii) El mérito parcial sobre que las certificaciones de apropiación presupuestarias adolecen de irregularidades, toda vez que, aun cuando no tiene mérito su argumento sobre que la certificación de apropiación presupuestaria no fue firmada por la persona correspondiente, al comprobarse que el Encargado de Presupuesto funge como financiero de la referida institución, si tiene mérito en cuanto a que la “carta de fondos y compromiso de pagos” emitida por ambos ayuntamientos infringen el párrafo el artículo 32 del Decreto Núm. 543-12, al no evidenciarse que las mismas certificaran que estas instituciones contaran con los recursos suficientes para iniciar el procedimiento y cuál sería la partida afectada conforme requiere el párrafo I del artículo 32.
iv) La falta de mérito respecto a que pliego de condiciones no fue verificado y aprobado por el consultor jurídico de la institución contratante, toda vez que, se verificó que el consultor jurídico del Ayuntamiento Municipal de Higüey no solo emitió su dictamen jurídico del pliego de condiciones manifestando su total conformidad con el referido pliego, sino que además suscribió y aprobó la enmienda subsecuente.
v) El mérito parcial sobre que no fue designada una comisión de peritos con los conocimientos técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo el procedimiento en cuestión, toda vez que, si bien se verificó que el encargado de obras municipales y el encargado de tránsito municipal fueron designados como peritos del proceso, de los cuales se infiere que por su posición cuentan con los conocimientos técnicos vinculados al objeto de la contratación, no así, que fueran designados los peritos correspondientes a las áreas legal y financiera conforme requiere el instructivo para la selección de peritos.
vi) La falta de mérito sobre las irregularidades del pliego de condiciones en relación a las condiciones de pago, requerimiento de la garantía de mantenimiento de la oferta y el criterio de adjudicación del menor precio, toda vez, esta Dirección General verifico que las condiciones, forma, ejecución y plazo para realizar el pago se encuentran adecuadamente establecidas en el pliego de condiciones, constató que pliego de condiciones requirió la presentación de la garantía de seriedad de la oferta conforme indicaron la institución contratante y el adjudicatario, y comprobó que la fijación de dicho criterio constituye una facultad discrecional de la institución contratante.
vii) No se puedo valorar el mérito de la recurrente sobre la invalidez del acuerdo intermunicipal, toda vez que, los tribunales de justicia son los competentes para controlar la legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de las administraciones y autoridades municipales, conforme el artículo 10 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
En cuanto al pedimento de las partes

viii) Se acoge el pedimento de anular el procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. Ayuntamiento Higüey-CCC-LPN-2021-0003, llevado a cabo por el Ayuntamiento del Municipio de Higüey y el Ayuntamiento del Distrito Municipal Verón-Punta Cana para la “Adquisición e instalación de luminarias autosustentables con paneles solares, baterías y opción de cámaras de seguridad integrada”, por haberse constatado violaciones al artículo 25 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, a los artículos 32, 88 y 90 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12, a los principios de debido proceso y racionalidad consagrado en los numerales 4 y 22 del artículo 3 de la Ley Núm. 107-13, a los numerales 2 y 4 del artículo 6 y a artículo 9 de la misma Ley, debido en primer lugar a que ya que el informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas, Sobre A, no estaba motivado, es contradictorio al informe prelimar, no fue emitido por el funcionario responsable para ello, y se constató que la designación de los peritos no fue realizada de conformidad con el instructivo correspondiente, y en segundo lugar a que las certificaciones de existencia de fondos emitidas por los ayuntamientos no indicaron que estas instituciones contaran con los recursos suficientes para iniciar el procedimiento y cuál sería la partida presupuestaria afectada. Irregularidades que tienen como consecuencia jurídica la nulidad del pliego conforme a los artículos 14 de la Ley Núm. 107-13, 15 numeral 6) de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y 68 del Reglamento de Aplicación 543-12.

ix) Se rechaza al pedimento de que se ordene las “sanciones disciplinarias pertinentes a todos los funcionarios involucrados en el presente proceso, por instrucción y trámite de un proceso viciado normativamente y continuidad a pesar de las debilidades denunciadas por oferentes durante su instrucción”, procede que el mismo sea rechazado, toda vez que esta Dirección General no puede ordenar sanciones contra la instituciones contratantes y sus funcionarios, puesto que es atribución de éstas, disponerlas y aplicarlas, luego de agotar el procedimiento disciplinario, conforme establecen los artículos 77 y siguientes de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, tal y como se se ha referido en el párrafo 138 de la presente Resolución.
Por otro lado, se ordena al Ayuntamiento del Municipio de Higüey): i) publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Resolución, la gestión completa del procedimiento de que se trata, en especial el informe de evaluación de las ofertas económicas, Sobre B, y; ii) una vez publicados dichos documentos, notificar a esta Dirección General en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fecha de publicación, que ya se encuentran cargados en el Portal Transaccional.
Finalmente, se recomienda a la máxima autoridad del Ayuntamiento del Municipio de Higüey de promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, que instituye el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para su correcta aplicación; y a que participen en el taller de “Reforzamiento en Gestión de Procesos y Administración de Contratos”, impartido por esta Dirección General, con la finalidad de refrescar el uso del Portal Transaccional en lo relativo a la gestión completa del procedimiento de contratación y la administración de contratos. Así como también, promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, la Ley Núm. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y demás normativas vigentes que regulan la Administración Pública. Transcurridos seis (6) meses a partir de la recepción de la presente resolución, deberá notificar a este Órgano Rector los servidores y funcionarios públicos que han recibido dichas formaciones.

Resolución RIC-183-2022 - pdf - 491 kb



En el presente caso la institución contratante presentó un medio de inadmisión por alegada extemporaneidad, sobre el cual se determinó que carecía de mérito, pues la norma que rige la materia no establece un plazo concreto o límite para la presentación de la solicitud de investigación y/o denuncia.

En cuanto al fondo de la solicitud de investigación, fue rechazado el requerimiento de que sea anulado el pliego de condiciones, toda vez que, a pesar de que las irregularidades constatadas comprometen la legalidad de las bases del procedimiento, debido a la naturaleza del objeto de la contratación, la compra de bienes “alimentos y desechables” y al constatar que el pliego refiere que la oferta debe tener disponibilidad para entrega inmediata, que la vigencia de los contratos será de seis (6) meses, y que, para el suministro el oferente adjudicado debe hacer entrega de los bienes de manera inmediata, se entiende que en vista del tiempo transcurrido, la entrega de los bienes fue materializada, y como ha sido criterio de esta Dirección General de no declarar la nulidad, en atención a que el objeto de la contratación ha sido materializado, por lo que no tendría efectos materiales la nulidad.

Se declara que ante falta de claridad en los criterios de evaluación de la oferta económica, en cuanto a la información del rango porcentual a ser utilizado para ponderar la descalificación de las ofertas en atención a los precios referenciales, así como el aspecto relativo a la ponderación del menor precio ofertado, conlleva a que los numerales 3.9 y 4.1 del pliego de condiciones – Criterios de Evaluación de las Ofertas Económicas y Criterios de Adjudicación- incumplan con el artículo 20 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y a su vez con el principio de economía y flexibilidad, previsto en el artículo 3 numeral 4 de la referida ley, que exigen que los entes y órganos de la Administración establezcan en los pliegos de condiciones, fichas técnicas o términos de referencia todos los elementos a ponderar para evaluar y calificar una oferta.

Por igual, se le ordenó publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Resolución, el documento que describía el Procedimiento para la Evaluación de los Productos en Términos de Calidad, “CEED-CAL-2021-01”, emitido por la División de Calidad de los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

Finalmente se recomienda a la máxima autoridad de CEED, promover e instruir a los miembros del CCC, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley Núm. 340-06 y modificaciones, para su correcta aplicación; así como también promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre las Leyes Núms. 247-12 y 107-13, e informar a la DGCP de los servidores que hayan cursado dichas formaciones en un plazo de 6 meses.
Resolucion-RIC-187-2022 - Pdf- 491 kb



ADOCCO en la instancia de solicitud de investigación refiere que licitar el equipamiento completo de los hospitales, el plazo de sesenta (60) días para la entrega de los bienes, requerir un arquitecto de mobiliario industrial y requerir que el proveedor tenga los repuestos de todos los equipos, constituyen requerimientos que limitan la participación y vulneran los demás principios que rigen las contrataciones públicas. Asimismo, refiere que las especificaciones técnicas establecieron marcas, por lo que considera que el procedimiento se encontraba dirigido a proveedores en particular.

A partir de lo anterior, y luego de revisar la documentación del procedimiento, se concluye que se encuentra en el ámbito de la discrecionalidad técnica de las instituciones contratantes diseñar sus procedimientos y establecer los requerimientos que le permitan llevarla de la manera más eficiente conforme a los intereses institucionales, por lo que licitar el equipamiento completo de los hospitales, requerir un profesional de la arquitectura o requerir que los proveedores cuenten con los repuestos de los equipos, no supone una limitación a la participación de todos los posibles oferentes.

Asimismo, se verifico que contrario a lo alegado por la denunciante en las especificaciones técnicas de la máquina de resonancia requerida no se hacía referencia o alusión a marcas en específicas.

Además, se verifico que lo referido por la denunciante en cuanto al plazo de sesenta (60) días establecidos para la entrega de los bienes, fue eliminado por el INVI mediante Resolución Núm. INVI/CCC/113-2021 contentiva de la enmienda núm. 01, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del INVI en fecha 20 de septiembre de 2021.

No obstante, lo anterior, ADOCCO no aportó pruebas que permitan determinar que el procedimiento se encontraba dirigido a proveedores en particular.

Por lo que, a partir de la expuesto en la Resolución, queda satisfecha la solicitud de investigación presentada por ADOCCO
Resolución RIC-02-2021 - pdf - 8 mb



Anula la licitación pública , por lo cual el Ayuntamiento debe realizar un procedimiento nuevo toamndo en consideración las observaciones realizadas. De igual modo, debido a se tratará de una nueva convocatoria y un nuevo pliego de condiciones, el Ayuntamiento debe asegurar, ademas, que se otorgue el tiempo razonable para que ls oferentes puedan preparar sus propuestas.
Resolución RIC-39-2021 - pdf - 7 mb



Se RECHAZAN la petición formulada por la solicitante V -Energy, S.A relativo a "cancelar" el procedimiento debido a que no obstante haber sido constatadas las inobservancias a los artículos 18 y 20 párrafo I, porque se otorgó solo 28 días hábiles en lugar de 30 para presentar ofertas y solo 1 día para subsanar, la nulidad es una solución que desborda los límites de razonabilidad sobre la cual deben enmarcarse las decisiones administrativas, además porque las inobservancias advertidas no se identificó que hayan supuesto un impedimiento para la presentación de ofertasa que afectase la participación y libre concurrencia o una restricción a derecho de subsanación y/o libre competencia de los participantes.
Se ORDENA completar los documentos que aún no constan publicados en el portal transaccional.
Resolución RIC-42-2021 - pdf - 10 mb



Anula el procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2018 por detectarse irregularidades graves en pliego de condiciones que impiden una evaluación clara, objetiva y transparente como exigen la normativa y en consecuencia
Resolución RIC-43-2021 - pdf - 11 mb



Se rechaza en cuanto al fondo la solicitud de investigación presentada por el señor Deivis Vicente Cabrera Heredia, referente a analuar el procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. CAASD-CCC-LPN-2018-0006, toda vez que si bien es cierto se han evidenciado irregularidades en el pliego de condiciones y en la ejecución del procedimiento, no menos cierto es que no se ha constatado que dicho procedimiento se haya efectuado de modo que solo un oferente pudiera ser adjudicado, a cambio de una sobreevaluación considerable en el monto total de la contratación.
Resolución RIC-54-2021 - pdf - 12 mb



Anula el procedimiento de Excepción por Urgencia Núm. AMBC-MAEPEUR- 2020-0002 para la recogida de residuos sólidos del Ayuntamiento de Boca Chica.
Resolución RIC-69-2021 - pdf - 7 mb



ANULA el procedimiento de contratación directa ejecutado por la DGII para suscribir el “contrato de prestación de servicios legales”, debido a que la prestación de servicios está regulada por la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y por tanto, estas contrataciones se encuentran supeditadas a los procedimientos de contratación referidos tanto en la Ley como en el Reglamento Núm. 543-12; en consecuencia la DGII violó el principio de juridicidad, principio de transparencia y publicidad y el Decreto Núm. 350-17
Resolución RIC-85-2021 - pdf - 16 mb



Anula el procedimiento de Urgencia Núm. AYUNTAMIENTO SAN P.-MAE-PEUR-2021-0001, llevada a cabo por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís para la “Contratación de servicios de recolección de residuos sólidos en el Municipio San Pedro de Macorís”.
Resolución-RIC-111-2021 - pdf - 1 mb



Se rechazan los medios de inadmisión, pues en cuanto a que el procedimiento está consumado, se aclara que la normativa de contratación pública no limita la capacidad de denunciar de los ciudadanos al estatus del procedimiento.

En cuanto al medio de inadmisión por falta de legitimidad, se explica que la denuncia que pueden presentar los ciudadanos se caracteriza por un “interés simple” que es distinto al interés que deben demostrar las personas naturales y jurídicas que pueden presentar un recurso jerárquico.

Sobre el fondo, el denunciante consideró que se violaba el artículo 14 de la Ley por la vinculación que existe entre la razón social Cilpen Global Business, S.R.L. y el ministro sin cartera José Leonel (Neney) Cabrera Abud, debido a que uno de los socios es el hijo del funcionario. Se explica, con base en los precedentes de la DGCP, que los ministros no pueden ser oferentes como personas físicas, no obstante, por la disposición del párrafo del mismo artículo sí pueden sus dependientes, siempre y cuando no sea con la misma institución en donde labora el funcionario.

De igual manera, se demostró que el ministro no forma parte de la razón social Cilpen Global Business, S.R.L. y por tanto no tiene ningún porcentaje en las acciones de la empresa.

No obstante, el denunciante también sustenta que existe un vínculo económico entre el ministro y la razón social Cilpen Global Business, S.R.L., debido a que en su declaración jurada de bienes detalló que esa empresa tiene una deuda con su persona por cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos (RD$495,000,000.00), y por tanto se viola el artículo 25 literal C de la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado dominicano.

En atención a que esto no es competencia de la DGCP y que en el artículo 25 de la referida norma se incluye dentro de las prohibiciones de carácter ético, se recomienda notificar esta Resolución a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para que, conforme al debido proceso, se investigue si se infringe ese artículo que, textualmente indica que los servidores públicos no pueden “Ser parte o tener algún interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier institución pública o privada”.

Por igual, se recomienda notificar esta Resolución al Ministerio de Administración Pública, pues según el artículo 34 de la ley Núm. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, este es el órgano de supervisión de esta normativa.

Se rechaza la solicitud de medida cautelar porque no está sustentada, a pesar de que en un tiempo prudente esta Dirección le notificó dicho error de fondo y el denunciante nunca respondió.
Resolución-RIC-113-2021 - pdf - 1 mb



Se anula la Resolución Núm. 7-2021 debido a que se comprobó que no está motivada, pues, aunque el Ministerio de Salud Pública decide retirar la adjudicación a la razón social CIENTEC, S.R.L. no respetó el contenido del pliego de condiciones que definía que la entrega del ítem adjudicado debía realizarse 10 días calendarios luego de la notificación de la adjudicación. Además, se confirma que es una irregularidad grave requerir a los oferentes la entrega de los bienes sin haber suscrito un contrato, en atención a la Circular Núm. 7 del 25 de agosto de 2020, y a lo dispuesto en el Decreto 15-17, en cuanto a que las instituciones no deben contraer obligaciones sin haber suscrito un contrato.

Por otro lado, se aclara al denunciante que el Comité de Compras y Contrataciones es un órgano colegiado y que, la destitución de la máxima autoridad no quiere decir, automáticamente, que sus miembros son destituidos o retirados de sus responsabilidades en el Comité hasta tanto no se concretice una desvinculación, la cual en el caso no fue probada.

Sobre que el Director Administrativo y la Consultora Jurídica no formaban parte del Comité al momento de la firma del acto, pese a que no presentó prueba de ello, se realizó búsqueda en la página oficial del Ministerio, además del Ministerio de Administración Pública y de la Contraloría, pero no se encontró información precisa que confirme si ciertamente estas personas no eran parte del Ministerio en ese momento.

En cuanto a que no existe constancia de que la máxima autoridad actual haya aprobado su representación en el Comité, ciertamente se comprobó que no existe evidencia de que se haya delegado su participación en el señor Andry Octavio Batista Reyes que aparece como representante del Comité, y con base en esto se recomienda que si esa persona aun forma parte de la institución, sea investigada, ya que lo realizó sin ningún aval jurídico para ello.

Sin embargo, la irregularidad sobre que esa persona firmó sin la autorización de la máxima autoridad, no afecta la validez del acto en atención a que, sobre los otros miembros firmantes no se ha demostrado que en ese momento habían sido desvinculados de su cargo y/o del Comité de Compras. En consecuencia, como es un órgano colegiado y consta la firma de la mitad más uno (sin contar la de la máxima autoridad) el acto tiene validez.

Además, se ordena al Ministerio a publicar, si se perfeccionó, el contrato con la razón social CIENTEC, S.R.L, ya que no consta en el Portal Transaccional, y si bien esa razón social indica que en una reunión el Ministerio les comunicó que no tenían contrato, ellos remiten un aparente acuerdo pero que no está firmado por el ministro ni notarizado. Por lo que, si existió contrato, debe estar publicado
Resolución-RIC-124-2021 - pdf - 1 mb



En cuanto al fondo de la solicitud de investigación presentada por la señora Mariela Melo Cordero, ACOGER PARCIALMENTE sus pedimentos, sobre:

i. “Abrir un proceso de investigación que permita esclarecer si estos contratos a artistas se han realizado conforme con la normativa o en violación de esta” petición que ha sido respondida a partir de las comprobaciones que se han desglosado en esta Resolución, así como en la investigación de oficio que realizó este Órgano Rector que concluyó mediante la Resolución Núm. 74-2021;

ii. RECHAZAR su petición de “proceder a las sanciones correspondientes en pro de que se cumpla el principio de responsabilidad, moralidad y buena fe […]” debido a que no puede este Órgano Rector disponer las sanciones a los servidores a partir del principio de descentralización operativa.

INSTRUIR al Departamento de Gestión de Proveedores del Estado de esta Dirección General para que suspenda el Registro de Proveedor del Estado (RPE) Núm. 56155, de la empresa Héctor Acosta & Orquesta, S.R.L., que consta del Registro Nacional de Contribuyente Núm. 1302883133, debido a que se comprobó que uno de sus socios, el señor Héctor Acosta, quien funge como Senador de la provincia Monseñor Nouel hasta el 16 de agosto del año 2024, tiene más del 10 % del capital social en dicha empresa, por lo que se encuentra en el régimen de incompatibilidades de acuerdo al numeral 6 del artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, hasta tanto cese en su cargo de Senador o reduzca sus sus acciones hasta menos del 10%, , y en ambos casos transcurran 6 meses.
Resolución-RIC-126-2021 - pdf - 740 kb



ACOGE la solicitud de investigación DECLARA las irregularidades en cuanto a la imposición de ccriterios de restrictivos a la participación de nuevos oferentes y RECOMENDA a la máxima autoridad del MAPRE, promover e instruir a la Unidad de Compras y Contrataciones y a la Dirección Administrativa y Financiera de dicha institución, a que participen en formaciones y actualizaciones en la materia.
Resolución RIC-132-2021 - pdf - 843 kb



ANULA el procedimiento de contratación directa ejecutado el Ayuntamiento Municipal de La Romana para suscribir el contrato URBALUZ, S.R.L., debido a la violación de los artículos 16 y 17 y al principio transparencia y publicidad, ya que no se utilizó ninguno de los procedimientos de selección, y se adjudicó sin publicar en los portales correspondientes.
Resolución-RIC-141-2021 - pdf - 814 kb



Se determina que no tienen méritos sus alegatos en vista de que el contrato denunciado (“Contrato de ejecución de servicios para la recolección de residuos sólidos del municipio de la Romana”, suscrito el 18 de agosto de 2020 no consta con el sello de las partes, además de que no está registrado en el Registro Civil del Ayuntamiento y porque mediante varias certificaciones el Ayuntamiento afirma que ese contrato no existió. Además, sustenta que realizó la Licitación Pública Nacional Núm. AMR-CCC-LPN-2021-0001 con el mismo objeto.

No obstante, se declara que de existir un procedimiento ejecutándose entre el Ayuntamiento Municipal de la Romana y la razón social Urbaluz, S.R.L., para la “contratación de servicios de recolección de desechos sólidos” sería una contratación nula conforme con los artículos 68 y 69 del Reglamento y 14 de la Ley Núm. 107-13 ya que constituiría un procedimiento de contratación directa que omite los procedimientos de selección, y la transparencia y publicidad que rige la norma, y viola el debido proceso administrativo.

Sobre la violación al Derecho a la Buena Administración por la falta de respuesta a su solicitud de información, se explica que es cierto que no consta respuesta y que el Ayuntamento no refiere sobre el particular. En consecuencia, puede accionar mediante las vías legales que indica el artículo 29 de la Ley Núm. 200-04, pero debe tomar en cuenta el alegato de la institución sobre que no existió contrato, y por tanto, puede ser que no se le pueda entregar nada.

Debido a que lo denunciado por el señor Elpidio Tolentino Garrido no se pudo comprobar, se explica que no existen razones para notificar a la Dirección General de Ética Gubernamental ni a la Liga Municipal Dominicana. En cuanto al MAP, se desglosa que la norma no le otorga control jerárquico de las actuaciones de los gobiernos locales, y sobre el PEPCA que no han sido evidenciadas conductas penales, pero de todos modos, puede presentar su querella directamente ante dicha institución.
Resolución RIC-158-2021 - pdf - 1.2 mb



En la investigación de oficio se confirma que la adquisición del terreno fue mediante un procedimiento de contratación directa que no cumplió con la normativa de contratación pública, pues no se ejecutó conforme a los procedimientos de selección ni con la debida publicidad mediante el Portal Transaccional.

Además, se comprobó que no existe evidencia de acta de adjudicación ni que se haya evaluado el terreno, y que el contrato no tenía las cláusulas obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y que tampoco se constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Pese a que estas irregularidades provocan la nulidad del procedimiento de contratación directa, se confirmó mediante certificado de título emitido el 10 de julio de 2020, que ya el terreno está a nombre del Ayuntamiento de Puerto Plata, y por tanto, no tendría efectos la nulidad.

Importante advertir que se demostró que le fueron notificadas las pruebas necesarias para proteger su derecho a la defensa y que no existe dependencia entre esta investigación y la Resolución Núm. 55-2021.

Pese a esto, se recomiendan sanciones para los servidores públicos que aun pertecenzan a la institución, se exhorta al Alcalde a participar en talleres de formación y se remite la resolución a la Liga Municipal para que, como su ley le faculta a brindar asistencia técnica, pueda cooperar y oriente a los Ayuntamientos en casos similares.
Resolución-RIC-173-2021 - pdf - 843 kb



Se RECHAZA el medio de inadmisión por falta de calidad porque la FAI, Inc., por ésta no poseer una membresía en el Portal Transaccional, ni haber participado en el procedimiento denunciado, ni estar apoderado de las partes, toda vez que para presentar una denuncia o solicitud de investigación de conformidad con los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, esta Dirección General es de criterio que basta poseer interés simple y en ese sentido se configura la calidad de la accionante.

Se DECLARA que el INABIE no cumplió con el Principio de Transparencia y Publicidad, ni el Decreto Núm. 350-17, ni el artículo 18 de la Resolución PNP-03-2020, ni literal f) del numeral 7 del artículo 3 del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, ni el numeral 04.01 del Manual de Procedimientos de Urgencia, puesto que una vez resueltas las incidencias y que pudieron ejecutar la apertura de las ofertas no continuó la ejecución del procedimiento a través del Portal Transaccional, con el análisis debido de las ofertas y adjudicación.

Se DECLARA que no correspondía que declarar desierto puesto que en procedimiento de que se trata, ya que de conformidad con el artículo 24 de la Ley, esto corresponde solo cuando “habiéndose realizado la convocatoria, no se presenten interesados o ninguna oferta cumpla con lo solicitado” y se verificó que el mismo presentó un amplio interés por parte de proveedores.

Se ORDENA completar la ejecución del procedimiento a través de Portal transaccional. Específicamente hacer publicar el informe de evaluación de las ofertas, la lista de oferentes y adjudicación correspondiente, así como todos los documentos que falten por cargar en la referida plataforma y carga de los documentos relativos.

Finalmente, se Instruyó a tomar el taller de “Reforzamiento en Gestión de Procesos y Administración de Contratos”, impartido por esta Dirección General, con la finalidad de refrescar el uso del portal transaccional, y notificar a esta Dirección, los servidores que hayan tomado el mismo.
Resolución-RIC-177-2021 - pdf - 1.3 mb



Se acoge la solicitud de que “sea anulado el procedimiento por Comparación de Precios Núm. Ayuntamiento Cotui-CCC-CP-2020-0006 llevado a cabo el Ayuntamiento Municipal de Cotuí para la “construcción de obras en el municipio de Cotuí (plan operativo 2020)”, por incumpliendo Párrafo I y II del artículo 88 del Reglamento Núm. 543-12, por haberse indicado en el pliego de condiciones criterios de puntuación respecto de las credenciales.
Resolución-RIC-179-2021 - pdf - 749 kb



Se rechaza la solicitud de que sea anulado el Procedimiento por Licitación Pública Nacional Núm. DICOM-CCC-LPN-2021-0001, toda vez que sus alegatos no tienen mérito alguno, en lo relativo a que la DICOM debía motivar y justificar el monto de la contratación, toda vez que se verificó que el objeto de la contratación se encuentra alineado a las atribuciones conferidas a la DICOM, que esta contempla la contratación de publicidad en su PACC del año 2021 y que cuenta con la certificación de apropiación presupuestaria para ejecutar el procedimiento, que es lo que le permite iniciar sus procedimientos, ya que los fondos destinados para las compras y contrataciones encuentran su justificación en la planificación de los mismos y la asignación presupuestaria es una facultad exclusiva de las instituciones contratantes, quienes consideran los montos apropiados para cada procedimiento, de acuerdo a sus interés o necesidades institucionales

Asimismo, tampoco tiene mérito lo relativo a que en el procedimiento de que se trata no podía ser evaluado bajo la modalidad de puntaje la experiencia de los oferentes, toda vez que se determinó que es un servicio de consultoría, por el objeto de la contratación, aunque no haya sido convocado como tal, y esos servicios son los únicos en los que se puede evaluar mediante puntaje la experiencia de los oferentes, atendiendo al párrafo II del artículo 88 del reglamento de aplicación, y por último el denunciante no ha probado de forma concreta como esas exigencias vulneran los principios de la contratación.

Se ordena la publicación en el Portal Transaccional del informe de evaluación técnica con las respectivas puntuaciones, en un plazo no, mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución; y una vez publicado el documento notificar a la Dirección General en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Portal Transaccional.
Resolución-RIC-183-2021 - pdf - 1.3 mb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia de CM Investment Internacional Cop, S.R.L., por haberse realizado conforme los arts. 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.


Se acoge en cuanto al fondo la solicitud de investigar profundamente el procedimiento, toda vez que fue satisfecho con la presente resolución, pero en cuanto a la solicitud de cancelación fue rechazada, toda vez que el procedimiento había sido adjudicado y suscrito la orden de compras y por ello no cumple con el requisito del artículo 24 de la Ley Núm. 340-06, además por ser competencia exclusiva de la institución contratante.

Se rechaza la solicitud de nulidad del procedimiento, toda vez que, si bien la DGCP pudo comprobar las irregularidades en cuanto a la falta de motivación del informe pericial y la resolución de la máxima autoridad que sustente el uso de un procedimiento de urgencia, no meno cierto es que el objeto de la contratación era la entrega de bienes en un plazo máximo de 50 días a partir del 17 de noviembre de 2020, y su pago se efectuaría a los 90 días de esta recepción, por lo que los efectos de la eventual anulación son de cumplimiento imposible.


Se ordena a la UASD en un plazo de diez (10) días laborables, culminar con la gestión pendiente en el Portal Transaccional, y notificar a esta Dirección General en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fecha de su finalización.

Se recomienda a la rectora de la UASD de identificar los funcionarios y servidores responsable de no ceñir su actuación a las normas de contratación pública y aplicar las sanciones correspondientes según establece el párrafo I del artículo 65.

Resolución-RIC-187-2021 - pdf - 1.1 mb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por la razón social RS Productions S.R.L., por haber realizado conforme de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
Se acoge en cuanto al fondo la solicitud de RS Productions, S.R.L. de investigar el procedimiento por presunto incumplimiento de la ley, toda vez que fue satisfecho la solicitud de investigación con la presente resolución. Asimismo, se declara no tiene mérito el alegato respecto a que en el procedimiento se violaron los artículos 83 al 103 del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, toda vez que se confirmó que éstos artículos disponen sobre el desarrollo de la etapa precontractual del procedimiento, y fue constatado que estas etapas sí fueron realizadas previo a la prestación del servicio.
Sin embargo, esta Dirección General ha podido constatar que no tiene mérito el alegato del denunciante, toda vez que la institución contratante realiza la etapa de recepción y apertura de las ofertas a pesar que el acta no recoge la oferta del oferente One Promotion, S.R.L.,
En cuanto al alegato de la denunciante respecto de la transgresión al Reglamento de Aplicación Num.543-12 respecto de la evaluación técnica de las ofertas artículos 87 hasta el 91 y articulo 93, esta Dirección General tiene a bien indicar que no tiene mérito, toda vez que los criterios de evaluación fueron valorados de manera correcta por medio de criterio CUMPLE/NO CUMPLE, siendo el más idóneo por el principio de legalidad.
Igualmente, el alegato del denunciante en cuanto al no cumplimiento los artículos del 95 al 102, tampoco tiene mérito, toda vez que este Órgano Rector pudo observar que, si bien no se constata el informe de evaluación económica, toda vez que no fue cargado al Portal Transaccional, no menos cierto es que la institución contratante adjudicó el procedimiento de contratación y dicha acta contiene lo ocurrido tanto en la etapa de evaluación técnica y económica.
Asimismo, no tiene mérito el alegato de la ejecución del objeto a contratar antes de la culminación de la comparación de precios LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2020-0009, pues en un procedimiento de contratación existen varias etapas (precontractual, contractual y postcontractual) y la etapa precontractual se concluye con la adjudicación para dar paso a la suscripción del contrato o la emisión de la orden de compra, momento en el cual se da inicio a la etapa contractual. En este caso, se verificó que antes de ejecutarse el objeto de la contratación – montaje de evento el 18 de noviembre- sí se había adjudicado a la razón social D Rose Travel & Services, S.R.L.,
No obstante, el objeto para el cual fue convocado el procedimiento sí fue ejecutado antes de la suscripción del contrato, lo que supone una irregularidad sobre el ciclo de la contratación pública que en atención al artículo 30 del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, y la circular Núm. DGCP-06-2020, la Lotería Nacional debía respetar cumpliendo cada una de la etapas obligatorias y no iniciar la ejecución sin haberse registrado el correspondiente contrato ante la Contraloría General de la República.
Por último, también ser constató que la Lotería Nacional no publicó la oferta económica de los oferentes Seven Thirty & Marketing, S.R.L., 2) Grupo D & Z Hermanos, S.R.L., 3) K&M Destinos Universales, S.R.L., 4) D´Rose Travel & Services, S.R.L., 5) Pink Iguana, S.R.L., y 6) Vargas Servicios de Catering, S.R.L; ni el informe de evaluación económica y además cargó de manera parcial la oferta técnica de éstos, con lo que se incumplió el artículo 6 del Decreto Núm. 350-17 que establece el uso obligatorio del Portal Transaccional, de fecha 14 de septiembre del 2017 y el numeral 3 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, por no realizar la debida publicación de todo lo anterior, se ordena a la Lotería Nacional a publicar el informe de evaluación económica, así como la oferta técnica y económica de todos los oferentes excepto de la razón social On Promotions, S.R.L.,” en un plazo de 10 días laborables y a vencimiento tienen un plazo de 5 días para notificar a este Órgano Rector los documentos que fueron debidamente cargados.
Se recomienda al administrador de la Lotería Nacional, sancionar a todo funcionario vinculado al procedimiento de contratación, especialmente por haber elaborado un pliego de condiciones que vulnera la normativa del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas al establecer que la ejecución de los servicios contratados se realice antes de culminar la etapa precontractual y haberse ejecutado antes de la suscripción del contrato.
Resolución-RIC-188-2021 - Pdf- 1.2 mb



Se acoge la solicitud de que sea anulado el procedimiento de excepción Núm. DICOM-CCC-PEOR-2021-0003, toda vez que aunque su alegato sobre que la experiencia no puede ser evaluada bajo la modalidad de puntaje no tiene mérito, dado que se trata de un servicio de consultoría la normativa lo permite en el párrafo II del artículo 88 del Reglamento ,se ha constado que los demás alegatos si tienen mérito, pues los términos de referencia en cuanto a los criterios de evaluación contiene irregularidades graves que hacen pasible de nulidad el procedimiento, en el entendido de que los mismos no permiten realizar una evaluación objetiva de las ofertas, ya que de los criterios de evaluación resultan ambiguos, al no establecer las reglas claras en cuanto a los criterios de evaluación de la oferta técnica, no se contempla medios de verificación de la experiencia requerida, la puntuación no fue desagregada.

Asimismo, no establecieron un criterio de adjudicación congruente con relación a la evaluación de la oferta técnica, ya que para basar la adjudicación solamente en el aspecto de calidad como lo hizo lo DICOM, es necesario que se contemplen criterios de evaluación claros, objetivos y precisos. Igualmente se verifico que no contemplaron, en el cronograma de actividades, plazos razonables para la preparación y presentación de propuestas, solo dieron medio día hábil, lo cual viola el principio de participación y concurrencia y se vio materializado al solo participar dos empresas

Se ordena la publicación en el Portal Transaccional, la oferta técnica completa de AB Comunicaciones Estratégicas, S.R.L. (Adjudicataria) y el informe de evaluación técnica con las respectivas puntuaciones, en un plazo no, mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución; y una vez publicado el documento notificar a la Dirección General en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Portal Transaccional.

Se le recomienda promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos y a la unidad de compra, participar en formaciones y actualizaciones sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, así como en el uso de Portal Transaccional, una vez transcurridos los 6 meses de la notificación de la resolución deberán notificar al Órgano Rector los servidores y funcionarios que recibieron las formaciones.
Resolución-RIC-191-2021 - pdf - 1 mb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por la razón social Casa del Agrimensor S.R.L., por haber realizado conforme de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
En cuanto al fondo, se acoge el pedimento de investigar el procedimiento por Comparación de Precios Núm. DGCN-CCC-CP-2020-0005 realizada para la “adquisición de dos (2) receptores GNSS base o rover (RTK), por hacer sido adjudicado a la razón social Loburr, S.R.L. quien ha presentado documentos falsos, pedimento que ha sido satisfecho con la resolución emitida en la que se verifica la situación alegada y se constató que la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN) al enterarse de la presentación de documentos falsó, ordenó la cancelación del referido procedimiento..
Si bien esta Dirección General debería proceder anular el acta de adjudicación de fecha 18 de diciembre de 2020, por haberse adjudicado un oferente que presentó un documento falso en su oferta técnica, no menos cierto es que se pudo verificar que la institución contratante canceló por acto administrativo y en el Portal Transaccional el Procedimiento por Comparación de Precios Núm. DGCN-CCC-CP-2020-0005 realizada para la “adquisición de dos (2) receptores GNSS base o rover (RTK)”. Lo que genera el mismo efecto que si se hubiese declarado la nulidad del acta de adjudicación, En tal sentido ya no tiene efecto anular un acta que ha dejado de existir.

Se le indica a la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN) que es su deber interponer por instancia independiente el procedimiento sancionador contra la razón social Loburr, S.R.L., por el uso de documentos falsos, conforme al artículo 66 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, y en el párrafo I del artículo 26, así como los artículos 28 y 29 del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12.Toda vez que resulta ser necesaria para un adecuado funcionamiento de las instituciones, en el caso específico de la contratación pública, ayuda al desenvolvimiento eficaz y sana de los procedimientos de contratación, pues impone al administrado el acatamiento a los derechos y deberes establecidos en el ordenamiento jurídico.

Por último se constató que la institución contratante no publicó la oferta técnica y económica del oferente Geomedición, instrumentos y Sistemas, S.R.L., así como el Acta de Cancelación de fecha 3 de febrero de 2021, igualmente esta Dirección General ha podido observar que el acto auténtico de aprobación de informe definitivo se encuentra cargado pero de manera incompleta, con lo que se incumplió el artículo 6 del Decreto Núm. 350-17 que establece el uso obligatorio del Portal Transaccional, de fecha 14 de septiembre del 2017 y el numeral 3 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, por no realizar la publicación de Por lo anterior, se ordena a la Dirección General de Catastro Nacional publicar la oferta técnica y económica del oferente Geomedicion, instrumentos y Sistemas, S.R.L., así como acto autentico de aprobación de informe definitivo, y el Acta de Cancelación de fecha 3 de febrero de 2021; y en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles y a vencimiento un plazo de cinco (5) días hábiles notificar a este Órgano Rector que ya se encuentran cargado en el Portal Transaccional.

Recomendar al Director General, de la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN), promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones actuales, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley Núm. 340-06 y modificaciones que instituye el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para su correcta aplicación; promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, el Decreto Núm. 350-17, y la Ley Núm. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y por último, una formación para el Reforzamiento en Gestión de Procesos y Administración de Contratos, impartido por esta Dirección General.
Resolución-RIC-214-2021 - pdf - 621 kb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por la razón social Suplidores Industriales Mella, S.R.L. por haber realizado conforme de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Se acoge en cuanto al fondo la solicitud de Suplidores Industriales Mella, S.R.L. debido a que se satisfizo el pedimento de que la Dirección General de Contrataciones Públicas lleve a cabo una investigación sobre la imposición de requisitos excesivos en el procedimiento del INAVI.

Se verifica que tienen mérito los argumentos planteados por la denunciante respecto a que se estableció la manifestación de interés como requisito habilitante en contravención a los principios que rigen la contratación pública de: i) de igualdad y libre competencia, en tanto a que se impuso forma desproporcionada una condición limitante de la competencia entre participantes; ii) participación, debido a que dicho requisito limitó la concurrencia de oferentes; y iii) razonabilidad, pues no se justifica la exigencia de este requisito el cual limitó el acceso a participar en procedimiento de que se trata. Así como también, el principio de proporcionalidad establecido en la Ley Núm. 107-13, debido a que establecer la omisión de la presentación de la manifestación de interés como error no subsanable, representa una restricción para posibles participantes, que no se verifica apta, coherente, ni útil para los fines del procedimiento de contratación en cuestión.

Se instruye al INAVI respecto al correcto uso de la herramienta de manifestación de interés para procedimientos futuros

Se recomienda a la MAE del INAVI ordenar al personal involucrado en los procedimientos de contratación, a capacitarse en talleres sobre el SNCCP, la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13.

Resolución RIC-0216-2021 - pdf - 1 mb



Se acoge en cuanto a la forma la denuncia presentada por la razón social T21 Ingeniería Moderna, S.R.L., por estar conforme con los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

En cuanto al mérito de los alegatos y fondo de la solicitud de investigación presentada por el denunciante, la razón social T21 Ingeniería Moderna, S.R.L., frente al alegato de que la contratación estaba previsto en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, y que por tanto, constituye un impedimento para realizar la contratación bajo un procedimiento de urgencia, se declara que, aun en el caso de que las contrataciones se encuentren planificadas, en la realidad pueden surgir eventos de necesidad que ameriten la adquisición de un bien, un servicio y una obra de manera apremiante en atención al numeral 3 del artículo 3 del Reglamento.

No tiene mérito la alegada dilación de los funcionarios públicos como razón para convocar un procedimiento de urgencia, toda vez que consta publicado en el portal transaccional el informe de recomendación de la excepción, fecha 7 de julio de 2021, y tres días después fue emitida la Resolución Núm. 001-2021, de fecha 10 de julio de 2021.

Se constató igualmente que tiene mérito, el alegato de que el contenido del informe pericial de recomendación del procedimiento de excepción, de fecha 8 de junio de 2021, emitido por el director técnico de la OPRET, no contiene motivación suficiente, ya que no explica de manera específica las circunstancias que obligaron a contratar bajo la modalidad de urgencia, y porque de su contenido no se aprecian los elementos de imprevisibilidad o incertidumbre, por lo que la OPRET falló en su deber de motivar la excepción.

También se considera con tiene mérito, el alegato en cuanto a la falta de motivación de la Resolución Núm. 001-2021, de fecha 10 de julio de 2021, para iniciar el procedimiento de urgencia, porque se constató que la fundamentación utilizada fue una llamada “necesidad imperiosa de ofrecer un servicio adecuado” de transporte y en interés de que la obra sea completada antes de 2023, lo cual constituye una motivación débil, en la que no fundamentó las razones del uso del procedimiento de urgencia.

Finalmente, aun cuando la denunciante solo concluyó solicitando la suspensión del procedimiento como parte de la medida cautelar presentada conjuntamente con su solicitud de investigación, y al verificarse que dentro de sus alegatos existe la solicitud de que el procedimiento sea anulado la alegada dilación de los funcionarios actuantes y la falta de “fundamentos válidos” para contratar la urgencia, se DECLARA que no procedería anular, ya que no se han identificado irregularidades invalidantes en actos materializados en etapas de ejecución del procedimiento, por lo que, una eventual nulidad de los actos atacados constituya una consecuencia que desborda los límites de la razonabilidad, conforme con el numeral 9) del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06.
Además, el hecho de que el acto que recomienda la urgencia no contenga los motivos suficientes, no es causa para determinar per sé que el procedimiento completo se haya ejecutado en forma irregular como para que esta Dirección General declara su nulidad absoluta.
Resolución-RIC-218-2021 - pdf - 894 kb



Se acoge en cuanto a la forma la solicitud de investigación y se constató lo denunciado por la Fundación Transparencia y Democracia, en cuanto a que DICOM transgredió la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, así como el Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, toda vez que no motivo ni justificó el uso de la excepción seleccionada, al no establecer las condiciones de especialidad y experiencia de las empresas seleccionadas que las hagan considerar como las únicas que pueden llevar a cabo el servicio objeto de la contratación; además establecieron en la ficha técnica requisitos que nada tienen que ver con un procedimiento no competitivo como lo es el de obras científica, técnicas, artísticas o restauración de monumentos históricos ni se sustentó que las empresas adjudicadas fueras las únicas que podían prestar el servicio. .
Sin embargo, aunque hubiese procedido la nulidad del procedimiento, este no se anula porque el objeto de la contratación ha sido ejecutado en su totalidad, por lo que no tendría efectos materiales la nulidad del procedimiento.
Resolución RIC-17-2020 - pdf - 876 kb


Resolución RIC-27-2020 - pdf - 1.5 mb



Se acogen en cuanto a la forma las solicitudes de investigación, por haber sido interpuestas conforme a la normativa, y a su vez se acoge en cuanto al fondo la conclusión incoada por la razón Social Actel, S.R.L., de que se realice una investigación, la cual fue realizada por esta Dirección General conforme a la normativa.

Se acoge parcialmente en cuanto al fondo la conclusión interpuesta por la razón social DN Service La Solución, S.R.L., de que se inicie una investigación, la cual se ha realizado por el mismo órgano de conformidad con la normativa. En esa misma solicitud se rechaza el aspecto de que se suspenda la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la razón social Omega Tech, S.A., por no tener calidad y por no poderse verificar que la razón social Omega Tech, S.A., haya incurrido en un accionar antijurídico.

Se recomienda, que la Unidad de Compras y Contrataciones, Peritos y al Comité de Compras y Contrataciones que participen en talleres de capacitación sobre el SNCCP; así como también recomienda que participen en talleres sobre la Ley Orgánica de Administración Pública, Núm. 247-12 y sobre la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimientos Administrativos.

Se recomienda al Ministro de Educación, que analice las violaciones a la normativa por parte de los responsables del procedimiento en cuestión, y que investigue y determine las sanciones que pudieran corresponder, de acuerdo con los incumplimientos evidenciados.
Resolución RIC-57-2020 - pdf - 605 kb



ACOGER en cuanto a la forma, la solicitud de investigación presentada por la Fundación Justicia y Transparencia sobre el contrato ref. OB-OISOE-FP-007-2016 suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el ingeniero Víctor Javier Javier Mateo, vinculado al procedimiento de Sorteo de Obras Núm. MISPAS-CCC-PU-2013-08 llevado a cabo para la “ampliación y reparación general del Hospital Provincial Dr. Leopoldo Pou, Provincia de Samaná”, por haber sido interpuesta de conformidad con lo que disponen los artículos 71, 72, párrafo I de la Ley Núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, modificada por la Ley Núm. 449-06 y la Ley Núm. 47-20, y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 543-12.
Resolución RIC-78-2020 - pdf - 1.03 mb



ACOGER en cuanto a la forma la presente denuncia interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), contra el contrato y las adendas suscritas entre el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y la razón social Dekolor, S.R.L., celebrado en fecha 18 de febrero de 2005, cuyo objeto fue “implementar y operar durante el tiempo de vigencia del contrato, un sistema de administración y control de información para la emisión e impresión de las licencias de conducir vehículos terrestres que en sus diferentes modalidades actualmente expide la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT)”, por haber sido interpuesta de conformidad con lo que disponen los artículos 71, 72, párrafo I de la Ley Núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley Núm. 449-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 543-12.
ACOGER, el medio de inadmisión planteado por la razón social Dekolor, S.R.L. por haber sido presentado de conformidad con la ley y por vía de consecuencia declara inadmisible la solicitud de Inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) contra la razón social Dekolor, S.R.L., por falta de calidad, de conformidad con lo que dispone el artículo 26 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 543-12.
Resolución RIC-79-2020 - pdf - 661 kb



ACOGER en cuanto a la forma la solicitud de investigación presentada mediante denuncia interpuesta por la fundación Fiscalización Ciudadana (FiscalizaRD), contra el contrato suscrito entre el Estado dominicano a través del hoy Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y la razón social Dekolor, S.R.L., celebrado en fecha 18 de febrero de 2005, cuyo objeto fue “implementar y operar durante el tiempo de vigencia del contrato, un sistema de administración y control de información para la emisión e impresión de las licencias de conducir vehículos terrestres que en sus diferentes modalidades actualmente expide la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT)”, por haber sido interpuesta cumpliendo las formalidades que disponen los artículos 71, 72, párrafo I de la Ley Núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley Núm. 449-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 543-12.
Resolución RIC-84-2020 - pdf - 1.03 mb



DECLARA irregularidades en: i) la Licitación Pública Internacional Núm. LPI-001-2013, llevado a cabo para la “Remodelación y Reestructuración con soluciones de ampliación integral de espacios hospitalarios y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Aybar, Santo Domingo”; ii) el Procedimiento de Excepción Núm. MPK-EXC-002-2013, llevado a cabo para la “Restructuración de Imágenes y Elaboración de Esculturas de la Iglesia Santa Bárbara, Zona Colonial, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo” y; iii) el Procedimiento de Excepción Núm. MPK-EXC-003-2013, llevado a cabo para la “Restructuración de la Estructura del Monumento Histórico Iglesia Santa Bárbara, Zona Colonial, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo”.
Resolución RIC-95-2020 - pdf - 810 kb



En cuanto al fondo de la solicitud de investigación presentado por el ingeniero Leonardo Reyes Madera: i) Por una parte, ACOGER las conclusiones relativas a investigar y a proceder en consecuencia conforme a la normativa, especialmente en cuanto a las reglas respecto de la publicidad y transparencia de las actuaciones de acuerdo al Debido Proceso administrativo y la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, conforme ha sido analizado en los párrafos del 25 al 51, 73 y 74 de esta Resolución; ii) Por otra parte, RECHAZAR las conclusiones relativas a que en el procedimiento en cuestión se violaron de los artículos 16, 17 y 18, puesto que no tienen mérito sus argumentos, conforme indicado en el párrafo 66 y 74 de esta Resolución, en atención al tipo de procedimiento de contratación. TERCERO: DECLARAR que en el procedimiento de Comparación de Precios s/n, llevado a cabo por el Ayuntamiento Municipal de Mao para la “Remodelación y construcción del Parque Juan Pablo Duarte”, se constataron las irregularidades descritas en esta resolución y sintetizadas en el párrafo 74, las cuales sirven para identificar las debilidades del procedimiento de contratación de cara a recomendar los aspectos a fortalecer y a mejorar en procedimientos futuros.
Resolución RIC-98-2020 - pdf - 1 mb



En cuanto al fondo de la solicitud de investigación presentada por Participación Ciudadana contra la ejecución del “Contrato-OB-OISOE-MP-040-/2013”, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Internacional Núm. LPI-001-2013, llevada a cabo por dicho órgano para la “Remodelación y Reestructuración con soluciones de ampliación integral de espacios hospitalarios y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Aybar, Santo Domingo”: i. Por una parte, ACOGER las conclusiones relativas a “(…) verificar si en el caso el Contrato No. OB-OISOE-MAP-040/2013, entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, se ha cumplido o no el requerimiento de la ley 340-06, artículo 31, numeral 2, de que el valor de contratación de una obra no puede ser aumentado en más de un 25%”, conforme ha sido analizado en los párrafos 22 y siguientes de esta resolución. Sin embargo, se reitera que no procede que este Órgano Rector declare la nulidad, toda vez que no existe una norma que la habilite a anular contratos administrativos y por ende tampoco las modificaciones de las cuales éstos sean objeto; ii. Por otra parte, ACOGER las conclusiones relativas a “(…) ejercer sus prerrogativas de recomendar las sanciones correspondientes a los responsables”, conforme ha sido referido en el párrafo 64 de esta resoluci
Resolución RIC-103-2020 - pdf - 968 kb



En cuanto al procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. CNE-CCC-LPN-2015-0001 llevada cabo por la Comisión Nacional de Energía para el “Diseño metodológico de encuesta nacional a sectores consumo final de energía” DECLARAR que dicha institución no cumplió con las disposiciones sintetizadas en el párrafo 64, las cuales sirven para identificar las debilidades del procedimiento de contratación de cara a recomendar los aspectos a fortalecer y a mejorar en procedimientos futuros.
Resolución RIC-107-2020 - pdf - 842 kb



DECLARAR en cuanto al fondo que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) para la “adquisición de tapas en polietileno para registro de aguas residuales”, inobservó las disposiciones que fueron descritas en el considerando 134) de la presente resolución; RECOMENDAR al Director General de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN), aplicar las disposiciones legales contenidas en el artículo 65 de la Ley Núm. 340-06 y su modificación, y en consecuencia proceda a investigar y sancionar a los funcionarios responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo en el procedimiento Comparación de Precios Núm. CORAASAN-CP-2015-01, llevado a cabo por ese órgano para la “adquisición de tapas en polietileno para registro de aguas residuales, considerando las irregularidades evidenciadas en la presente resolución.
Resolución RIC-110-2020 - pdf - 444 kb



DECLARAR la inadmisibilidad sobrevenida por falta de objeto de la solicitud de investigación y medida cautelar presentadas por la razón social Empresas Doble Vía, S.R.L., en fecha 21 de junio de 2017, en contra del Procedimiento de Urgencia Núm. EDN-UR-01-2017, llevado a cabo por Edenorte Dominicana, S.A. (EDENORTE), para la “Adquisición de materiales de medición y eléctricos para la operativa de EDENORTE DOMINICANA, S.A.”, toda vez que, al haber sido cancelado el procedimiento de que se trata, el mismo ha dejado de existir y producir efectos jurídicos, tal y como se refirió en los párrafos 28 y 33 de la presente Resolución.
Resolución RIC-122-2020 - pdf - 1.3 mb



Resolución RIC-122-2020: DECLARA que la institución no cumplió con la normativa vigente en materia de contratación pública, con lo cual afectó el debido proceso administrativo de selección de oferentes y como consecuencia el resultado de la adjudicación. Dichas inobservancias sirven para identificar las debilidades del procedimiento de contratación de cara a recomendar los aspectos a fortalecer y a mejorar en procedimientos futuros.
Resolución RIC-184-2020 - pdf - 868 kb


Resolucion RIC-193-2020 - pdf - 1 mb


Resolucion RIC-203-2020 - pdf - 1.2 mb


Resolucion RIC-221-2020 - pdf - 445 kb


Resolución RIC-2-2019- Darío Kelly y Ricardo Tejeda vs. CONADIS - pdf - 782 kb




Se acogen en cuanto a la forma las solicitudes de investigación, por haber sido incoadas conforme a la normativa, y se rechazan en cuanto al fondo, por haberse verificado que el contrato suscrito entre el CONADIS y Centro Cuesta Nacional, S.A.S. se encuentra ejecutado y, por ende, no tendría efectos la nulidad del procedimiento.

Sin embargo, se declara que el Procedimiento de Urgencia No. CONADIS-MAE-PEUR-2017-0001 incumplió con el debido proceso, puesto que no fueron respetadas las formalidades propias de este tipo de procedimientos de selección, en atención a que la normativa no faculta al CONADIS a realizar un procedimiento de urgencia con base a la documentación y el cronograma de otro procedimiento - Comparación de Precios No. CONADIS-CCC-CP-2017-0005 -, y muy por el contrario, ante eventuales inconvenientes atribuibles a ésta, debió convocar a un nuevo procedimiento de acuerdo a las disposiciones de la Ley y su Reglamento. Por consiguiente, se recomienda instruir a la Unidad de Compras y Contrataciones, posibles peritos de la institución y a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, participar en talleres de capacitación sobre el SNCCP y el Portal Transaccional, así como en talleres sobre la Ley No. 247-12 y la Ley No. 107-13.
Resolución RIC-13-2019 - pdf - 322 kb



resolución RIC-13-2019, en los portales correspondiente, la cual indica: se declara la nulidad del procedimiento investigado, conforme a los incumplimientos constatados, particularmente, en atención al limitado tiempo otorgado para la presentación de ofertas y a que el PASP no estaba facultado a realizar un procedimiento de urgencia bajo las motivaciones alegadas y, muy por el contrario, ante eventuales inconvenientes atribuibles a la institución producto de un procedimiento anterior, ésta debió convocar a un nuevo procedimiento de acuerdo a la normativa.

Asimismo, se recomienda instruir a la Unidad de Compras y Contrataciones, posibles peritos de la institución y a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, participar en talleres de capacitación sobre el SNCCP y el Portal Transaccional, así como en talleres sobre la Ley No. 247-12 y la Ley No. 107-13.
Resolución RIC-22-2019 MINERD vs. DGCP - pdf - 322 kb



Declara que el Ministerio de Educación (MINERD) en el Procedimiento de Urgencia No. ME-CCC-PU-02-GD, llevado a cabo para la “Rehabilitación y ampliación de 297 cocinas-comedores en 297 centros educativos para el programa de jornada extendida” se constataron las irregularidades descritas en la presente resolución y sintetizadas en el considerando 119
Resolución Ref. RIC 30-2019 - pdf - 1 mb



Resolución RIC-30-2019, Se rechaza la inadmisión por falta de calidad, toda vez que la solicitante no utilizó la vía de reconsideración como alegado, sino que la denuncia fue interpuesta de acuerdo al artículo 71 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, para lo cual no hay plazo preclusivo, y por no ser necesario estar al día con el pago de las obligaciones fiscales para ejercer el derecho a la tutela administrativa.Se acoge en cuanto a la forma la investigación y, parcialmente, las conclusiones en cuanto al fondo, por considerar nulos los “procedimientos de contrataciones directas” autorizados mediante las Resoluciones Núms. 1-2014 y 22-2017, ya que fueron omitidos los procedimientos de selección que establece la Ley, así como el principio de publicidad y transparencia.

Se declara que el Ayuntamiento incumplió la normativa, debido a que no remitió los expedientes, y que Soluciones Técnicas Económicas S.R.L. (SOLTEC) no contaba con una actividad comercial que le habilitará a realizar la gestión del cobro de arbitrios.

Se recomienda al presidente del Concejo de Regidores, investigar a los funcionarios responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, y por las irregularidades evidenciadas al no remitir los expedientes.

Se recomienda al Alcalde que el Comité participe en talleres de capacitación sobre el SNCCP, el acceso a la información pública, los procedimientos de selección y el debido proceso administrativo, así como sobre la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13, y por igual, a los miembros del Concejo de Regidores.
Resolución Ref. RIC-33-2019 - pdf - 516 kb



Esta Dirección General rechazó las conclusiones presentadas por la señora Yaritza Espiritusanto de Jesús, pero declaró que de haber existido un contrato y/o un procedimiento para la realización del cobro y gestión del cobro de arbitrio realizado por esta institución contratante, sería nulo de pleno derecho en virtud del artículo 14 de la Ley No. 107-13.

En adición, se declaró que el Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa incumplió con la normativa puesto que no remitió el expediente administrativo, y en vía de consecuencia se recomendó al presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa que inicie una investigación contra los funcionarios de no remitir el expediente administrativo. Además de recomendar al Alcalde que su Comité de Compras participe en talleres de capacitación sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana.
Resolución RIC-34-2019 - pdf - 322 kb



Resolución Ref, RIC-34-2019, la cual establece: Se acogen en cuanto a la forma las solicitudes de investigación, por haber sido incoadas conforme a la normativa, y a su vez, se acoge en cuanto al fondo las conclusiones, por las irregularidades referidas y, por ende, se anula el procedimiento, el cual encontraba suspendido. En ese orden, se indica que el Ayuntamiento deberá realizar un procedimiento nuevo tomando en consideración las observaciones de la DGCP, y de igual modo, que el Ayuntamiento debe asegurar que se otorgue el tiempo razonable para que los oferentes puedan preparar sus propuestas en el procedimiento de contratación que corresponda según los umbrales y considerando los plazos mínimos ordinarios.

Por último, se recomienda al Alcalde, a la Unidad de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, al CCC y al Consejo de Regidores, participar en talleres de capacitación sobre el SNCCP y el Portal Transaccional, así como en talleres sobre la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13.
Resolución RIC-36-2019 - pdf - 857 kb



Resolución Ref. RIC-36-2019, la cual establece: Se acogen en cuanto a la forma la solicitud de investigación, por haber sido incoadas conforme a la normativa, y a su vez, se acoge en cuanto al fondo las conclusiones, por las irregularidades referidas y, por ende, se anula la contratación directa realizada mediante el referido acuerdo de colaboración, por ser injustificada.

Por último, se recomienda a la Directora Ejecutiva del INTRANT que instruya a la Unidad de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, al CCC, participar en talleres de capacitación sobre el SNCCP, así como en talleres sobre la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13.
Resolucion RIC 05 2018 - pdf - 587 kb




Se acoge solicitud de investigación y se anula procedimiento de contratación directa en razón de ser improcedente la no utilización de un procedimiento de contratación previsto en la Ley No. 340-06. El Ayuntamiento Municipal de La Romana decidió no llevar procedimiento de contratación alguno en detrimento del espíritu mismo de la Ley No. 340-06, lo cual obliga al Órgano Rector a anular la contratación directa.
Resolución RIC-09-2018 - pdf - 827 kb




Resolución Ref. RIC-09-2018, la cual concluye lo siguiente; DECLARA que la cancelación del procedimiento por Comparación de Precios No. ASDE-CCC-CP-2017-007 para para “ejecutar veintisiete (27) obras en diferentes sectores del municipio ofertadas por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)”, fue realizada conforme al artículo 24 de la Ley No. 340-06 y su modificación. Igualmente, DECLARA sin objeto la investigación iniciada de oficio contra el citado procedimiento por Comparación de Precios No. ASDE-CCC-CP-2017-007 conforme lo dispone a las disposiciones del párrafo I del artículo 72 de la Ley No. 340-06 y su modificación y artículo 28 de la Ley No. 107-13.
Resolución RIC-13-2018 - pdf - 1.4 mb



En cuanto a la forma, se acogen las acciones interpuestas.

En cuanto al fondo, se rechaza la investigación respecto al pliego, por comprobarse que el período de vigencia de la contratación, no contraviene las disposiciones de la Ley Núm. 176-07. Asimismo, se acoge parcialmente el recurso y, en consecuencia, se anula la licitación, por comprobarse que la institución no cumplió con el debido proceso administrativo y, principalmente, porque las irregularidades vician de nulidad absoluta el pliego, lo que invalida todas las actuaciones posteriores. Las irregularidades identificadas fueron: 1) Omisión de establecimiento de criterios de evaluación claros y objetivos; 2) evaluación con criterios distintos a lo previsto; 3) inobservancia del plazo mínimo de anticipación entre la convocatoria y la apertura y la publicación; 4) inobservancia al aceptar una garantía de fiel cumplimiento que no cumplía con la Ley; 5) omisión de notificación de enmienda; 6) omisión de la certificación de existencia de fondos y; 7) establecimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva como responsable de la contratación.

Se indica al Ayuntamiento que al celebrar un nuevo procedimiento incorpore las observaciones y recomendaciones sobre el diseño y ejecución.

Se recomienda al Alcalde, investigar a los funcionarios responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, y ordenar a la Unidad de Compras y Contrataciones y al Comité, participar en talleres de capacitación sobre el SNCCP, la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13.
Resolucion RIC-14-2018 - pdf - 462 kb




Se rechaza la solicitud de medida cautelar, toda vez que para verificar si hay apariencia de buen derecho, se requiere de un examen de fondo de la solicitud de investigación que no puede realizarse preliminarmente en atención a que existen dos procedimientos con el mismo objeto, así como tampoco fue probado el peligro en la demora y el daño que ocasionaría al interés general de no suspenderse el procedimiento de urgencia denunciado o que éste sería garantizado de así hacerlo.
Resolución RIC-25-2018 - pdf - 709 kb




Resolución RIC-25-2018, la cual establece: El SNS no remitió el expediente administrativo pese a que la Dirección General de Contrataciones Públicas lo solicitó en tres ocasiones , por tal motivo se recomiendan sanciones para los responsables de ejecutar el procedimiento que aún se encuentren formando parte de la Administración Pública.
Resolución RIC-56-2018- Policía Nacional - IO - pdf - 474 kb



Se declaró sin objeto la investigación de oficio y por vía de consecuencia fue archivada, en atención a que el procedimiento fue cancelado mediante Resolución No. 001/2017 emitida por el CCC en fecha 10 de marzo de 2017. Asimismo, fueron realizadas recomendaciones en cuanto a las disposiciones de la normativa aplicable, y se recomendó al Director General ordenar a las máximas autoridades, la Unidad de Compras y Contrataciones, al CCC y a los peritos a que participen en talleres de capacitación sobre el SNCCP impartidos por la DGCP, y sobre las Leyes Nos. 247-12 y 107-13; y a su vez, notificar a la DGCP una vez se realicen para fines de documentar el expediente administrativo
Resolución RIC-57-2018 Prosoli vs. DGCP - Inv - pdf - 2 mb




Resolución Ref. RIC-57-2018 mediante la cual, la DGCP: Declara que el Programa Progresando con Solidaridad, en el procedimiento Comparación de Precios No. PROSOLI-CP-42-2014 “readecuación y mantenimiento de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y Centros de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad (CCPPS) a nivel nacional” no cumplió con la normativa en los aspectos descritos en la resolución y recomienda a la Directora del PROSOLI que ordene a la Unidad de Compras y Contrataciones, peritos y miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la institución a que participen en talleres de capacitación sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana, impartidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en especial un taller sobre elaboración de pliegos de condiciones específicas y criterios de evaluación, en atención a las atribuciones otorgadas por el numeral 7) del artículo 36 de la Ley No. 340-06 y su modificación, relativo a la función del Órgano Rector, de capacitar a las unidades operativas de las instituciones sujetas a la misma en materia de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y capacitaciones sobre la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la Ley No. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Resolución No. 31-2017 - pdf - 2.6 mb




Resolución No. 31/2017, que: PRIMERO: RECOMIENDA a la máxima autoridad ejecutiva de la Lotería Nacional, que la Unidad de Compras y Contrataciones, el Comité de Compras y Contrataciones y peritos evaluadores a que participen en talleres de capacitación sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana impartidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en especial un taller sobre los pliegos de condiciones específicas y criterios de evaluación, así como también en talleres sobre la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la Ley No. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Resolución No. 03-2017 - pdf - 799 kb




Resolución No. 03-2017 que DECLARAR que la cancelación del procedimiento de Excepción por Proveedor Único No. OISOE-EXPU-002-2016, para la “adquisición de equipos de laboratorios para los 50 centros diagnostico en distintas zonas del país”, estuvo conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 15 y 24 de la Ley No. 340-06 y su modificación.
Resolucion No. 20.2017 - pdf - 948 kb




Resolución No. 20/2017, que: PRIMERO: DECLARA, que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) al cancelar la Licitación Pública Nacional No.LPN-001-2015 convocada para la contratación del “Diseño, Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Materno Infantil del Nordeste, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte”, actuó conforme a las recomendaciones efectuadas por este Órgano Rector, quien constató que el pliego de condiciones específicas de la licitación era violatorio de la Ley No. 340-06, su modificación, y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.
Resolución No. 29-2017 - pdf - 2.04 mb




Resolución No. 29/2017, que: PRIMERO: SUSPENDE de oficio el Procedimiento de Comparación de Precios No. ASDE-CCC-CP-2017-0007, llevada a cabo para ”ejecutar veintisiete (27) obras en diferentes sectores del municipio ofertadas por el Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), así como cualquier actuación vinculada a dicho procedimiento de selección, hasta que este Órgano Rector decida sobre la legalidad o no del mismo mediante resolución motivada por haber encontrado evidencias de manera preliminar, que refieren a irregularidades de los principios rectores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), tales como transparencia, participación, igualdad y libre competencia, pudiendo poner en peligro el debido proceso administrativo y la legalidad que deben de regir las compras públicas.
Resolución No. 37-2017 - pdf - 2.9 mb




Resolución No. 37/2017, que declara irregularidades en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-001-2016 y en consecuencia ANULA dicha licitación debiendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizar una nueva convocatoria cumpliendo las formalidades relativas a la publicación, 1) luego de obtener una certificación de existencia de fondos que establezca el monto presupuestado para el total de la obra y la forma en que será desembolsado si supera el presupuesto de un año; 2) incluir en el pliego de condiciones todos los criterios, sub-criterios, parámetros o valoraciones que permitan establecer de manera objetiva su evaluación y calificación de los aspectos evaluados por puntajes y su justificación y; 3) excluir la realización de estudios a los oferentes, por constituir una carga excesiva y excluyente.
Resolucion No. 49-2017 - pdf - 3.8 mb




Resolución No. 49/2017, que: Primero: Este Órgano Rector COMPROBÓ que: i) La Orden de Compra fue emitida por un monto de un millón ciento siete mil cuatrocientos treinta pesos dominicanos (RD $1,107,430.00), y está dentro del umbral de la Comparación de Precios, por lo que debió ser un proceso competitivo y sujeto a la Ley No. 340-06 y su modificación, su Reglamento de Aplicación y manuales; ii) no hubo publicación de la convocatoria y; iii) que en el hipotético caso de que hubiese sido un proceso de excepción por proveedor único debió tener un informe pericial que justifique la adquisición y una resolución de recomendación emitida por la máxima autoridad que declare el procedimiento de exclusividad cuestión que no fue sustentada al momento de emitir la citada Orden de Compra No. OR-2016-264.
Resolucion No. 59-2017 - pdf - 737 kb




Resolución No. 59/2017, la cual establece: ACOGER el desistimiento de la denuncia presentado por la razón social Diversos Comercios & Actualidades, S.R.L. (DIVERCOMSA) contra órdenes de compra emitidas en los años 2014 y 2015 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), y ORDENAR el archivo definitivo del expediente iniciado a tales fines, primero por éstos haber desistido de su acción, y segundo por la imposibilidad material de este Órgano Rector verificar la juridicidad de las actuaciones de las anteriores autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) ante la no presentación de los expedientes administrativos solicitados.

SEGUNDO: DECLARAR, que para las órdenes de compra sobre las que versa la denuncia, las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional no cumplieron con el artículo 3 numeral 3 sobre “Principio de transparencia y publicidad”, así como tampoco con el artículo 13 de la Ley No. 340-06 y su modificación, y con el párrafo del artículo 134 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, sobre su obligación de poner a disposición del interesado y del Órgano Rector la copia fiel del expediente para el conocimiento de la denuncia presentada, lo que constituye una obstrucción de la investigación.
Resolución No. 25-2016 - pdf - 619 kb




Resolución No. 25-2016 RECHAZA, en cuanto al fondo, las conclusiones presentadas por la solicitante, licenciado Alejandro Alberto Paulino Vallejo, por haber comprobado este Órgano Rector, que el hecho de que la persona física del ingeniero Luis Emilio Almánzar Vidal haya resultado beneficiado del contrato No. 1634 en el marco del procedimiento de sorteo de obras referencia ME-PU-01-2012-GD, no impide que la persona jurídica de la razón social Ingetectura, S.R.L., resulte adjudicataria del presente Sorteo de Obras No. ME-CCC-SO-2014-01-GD, toda vez que se está ante dos personas distintas, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución.
Resolución No. 53.2016 - pdf - 6.3 mb




Resolución No. 53-2016 que ANULA parcialmente del Acta de Adjudicación No. 29-2015 de fecha 5 de noviembre de 2015, en lo que respecta a las adjudicaciones realizadas a Grupo Pérez Soluciones Sanitarias Ambiental, S.R.L., lote XII Y LII.
Anexo de la resolución 53-2016 - pdf - 3.2 mb




Resolución No. 53-2016 que ANULA parcialmente del Acta de Adjudicación No. 29-2015 de fecha 5 de noviembre de 2015, en lo que respecta a las adjudicaciones realizadas a Grupo Pérez Soluciones Sanitarias Ambiental, S.R.L., lote XII Y LII.
Resolución No. 78-2016 - pdf - 2.01 mb




Resolución No. 78-2016 que recomienda a la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, aplicar las disposiciones legales contenidas en el artículo 65 de la Ley No. 340-06 y su modificación, así como también las disposiciones de la Resolución No. 6/2009 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y en consecuencia proceda a investigar y sancionar a los funcionarios responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MISPAS-CCC-LPN-2014-05 llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) para “Adquisición de leche y proteína en polvo para suplir las necesidades del programa de alimentación complementaria de la Dirección General de Asistencia Social” En ese sentido, deberá informar a esta Dirección General de Contrataciones Públicas sobre las sanciones que se apliquen.
Resolución No. 82-2016 - pdf - 1.5 mb




Resolución No. 82-2016 que RECHAZAR las declaraciones y denuncias presentadas por la razón social Premium & Co. S.R.L., referentes a: 1) Que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) publicó la invitación del proceso No. OMSA-CP-40-2014 después de adjudicar; 2) que las empresas que aparecen como oferentes dentro del proceso no participaron, entendiendo esto como una causa ilícita; y 3) que la participación de la razón social Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A., en dos procesos de compras en entidades diferentes (OMSA e INDRHI) el mismo día y con el mismo objeto, en donde la razón social Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A., presentó un sobreprecio en el proceso No. INDRHI-CMC-37/2014, toda vez que esta Dirección General pudo comprobar que la OMSA cumplió con la convocatoria y publicación del procedimiento por Comparación de Precios; que los oferentes que aparecen inscritos, y no fueron beneficiadas, sí participaron y presentaron ofertas económicas, pero no fueron adjudicatarios por no tener el menor precio. Y con relación a la participación de la razón social Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A., en el INDRHI y en la OMSA, con montos diferentes, este Órgano Rector es de opinión que los oferentes pueden participar en ambos procesos al mismo tiempo, presentar ofertas diferentes, toda vez que conforme al criterio de descentralización cada institución tiene independencia, es responsable y dueño de sus procesos aunque tengan el mismo objeto a contratar
Resolución No. 06-2016 - pdf - 3.8 mb




Resolución No. 06/2016 que ANULAR la adjudicación de lote 5 a Óptica Conde Visión, S.R.L. y lotes, 8 y 9 a FAGP Comercial, S.R.L. por haber sido adjudicados aplicando criterios diferentes a los establecidos en el numeral 4.1 del pliego de condiciones lo que es contrario al párrafo III del artículo 8 y artículo 20 de la Ley No. 340-06 y su modificación, y los artículos 88 y 98 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, por tanto ORDENAR que el MINERD re-evalué y reconsidere la adjudicación de las ofertas económicas habilitadas para los lotes 5, 8 y 9 conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones específicas, la normativa que rige el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, tomando en consideración las observaciones y hallazgos descritos en el cuerpo de la presente resolución. 1. En cuanto a denominada “declaratoria de desierto” de los lotes 6, 7, 10 y 11, no fueron observadas las disposiciones siguientes: i. Párrafo II del artículo 9 de la Ley No. 107-13; numeral 2 del artículo 6 y numeral 2 del artículo 4 ambos de la Ley No. 107-13; y el artículo 24 de la Ley No. 340-06 y su modificación, por haber procedido a cancelar los lotes 6, 7 , 10 y 11, sin la argumentación exigida por ley. Párrafo II: En consecuencia procede a ANULAR la “declaratoria de desierto” de los lotes 6, 7, 10 y 11 por no estar debidamente motivada y tampoco haber presentado, en el marco de esta investigación, evidencia que justifique la cancelación de los mismos por supuesta sobreevaluación de las ofertas, siendo esta actuación contrario al párrafo II del artículo 9 de la Ley No. 107-13; numeral 2 del artículo 6, numeral 2 del artículo 4 ambos de la Ley No. 107-13; y el artículo 24 de la Ley No. 340-06 y su modificación, por tanto ORDENAR a que el MINERD reconsidere, si procede, adjudicar las ofertas económicas habilitadas para los lotes 6, 7, 10 y 11 conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones específicas, la normativa que rige el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, tomando en consideración las observaciones y hallazgos descritos en el cuerpo de la presente resolución o por el contrario, si procede la cancelación de éstos, en cuyo caso deberá estar debidamente motivada como exigen la Ley No. 107-13 en su párrafo II del artículo 9, numeral 2 del artículo 6 y numeral 2 del artículo 4, y el artículo 24 de la Ley No. 340-06 y su modificación.

Resolución 3/2015 que conoce el procedimiento de investigación iniciado de oficio por este Órgano Rector, relativo al procedimiento de Urgencia No. CONANI URGENCIA-UC-001-2014, llevado a cabo por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) para la 'Adquisición de alimentos para los centros de atención a la primera infancia (CIANI)'.

Resolución 6/2015, que conoce procedimiento de invetigación iniciado por la denuncia del Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo, con relación al procedimiento de Liciitación Pública Nacional No. EDEESTE-LPN-005-2013, realizado por la Empresa Distribuidora de Energía del Este S.A., para la 'Contratación de los Servicios de Rotulación de Equipos de la Red de Distribución y Levantamiento Cartográfico de Postes de Uso Compartido'.

Procedimiento de Investigación. a solicitud del Ing. Alfredo Aybar Mora Contra el Ministerio de Educación. PRIMERO: Declara Inadmisible la solicitud de investigación por el Ingeniero Alfredo Aybar Mora contra el Lote 2 de la provincia de Elias Piña sobre el cuarto (4to) Sorteo de Obra referencia No. ME-CCC-SO-2014-01-GD, ya que el procedimiento correspondiente para hacer valer sus reclamaciones es el establecido en el artículo 67 de la Ley No. 340-06 y no el procedimiento de investigación el cual está reservado para aquellos que no han presentado oferta en la contratación.

Resolucion No. 15/2015 de fecha 18.02.2015. PRIMERO: DECLARAR, como al efecto DECLARA, Inadmisible la solicitud de investigación interpuesto en fecha quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), por el Ingeniero Alfredo Aybar Mora contra el Lote 2 de la provincia de Elias Piña sobre el cuarto (4to) Sorteo de Obra referencia No. ME-CCC-SO-2014-01-GD llevado a cabo por el Ministerio de Educación para la “Construcción de 312 Centros Educativos y 150 Estancias Infantiles”, ya que el procedimiento correspondiente para hacer valer sus reclamaciones es el establecido en el artículo 67 de la Ley No. 340-06 y no el procedimiento de investigación el cual está reservado para aquellos que no han presentado oferta en la contratación.

Que conoce el procedimiento de investigación llevado a cabo en ocasión de la denuncia presentada por el Administrador del Hipódromo del V Centenario (HVC) , referente al procedimiento seguido Comisión Hípica Nacional (CHN) para la compra de un (01) motor y un (01) tractor, para el mantenimiento y seguridad del Hipódromo V Centenario .

Resolución No. 23/2015 d/f 10.03.2015 que SUSPENDE el proceso de urgencia No. CEE-PU-001-2015, llevado a cabo por Comedores Económicos del Estado, para la adquisición de “Artículos de Limpieza”.

Resolución No. 25/2015 d/f 11.03.2015 que decide sobre la solicitud de investigación presentada por Premium & Co. S.R.L. contra el procedimiento por comparación de precios No. LN-CP-0034-2014 sobre “Componentes de vehículos para ser utilizados en esta institución”, y declara el incumplimiento del órgano contratante al debido proceso administrativo.

Procedimiento de Investigacion a solicitud de la razón social New Print Solutions, SRL. contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. TERCERO: En cuanto al procedimiento DECLARAR, como al efecto DECLARA, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), en relación al proceso de Licitación Pública Nacional No. MARENA-CCC-LPN-2014-06, llevado a cabo por dicha entidad para la “Cintillos para las diferentes áreas protegidas de este Ministerio de Medio Ambiente”, párrafo I artículo 20 sobre notificación de circular de preguntas y respuestas de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), y sus modificaciones, artículo 83, párrafo II relativo presentación, evaluación de propuestas y adjudicación; 

CUARTO: DECLARAR como al efecto DECLARA, que no obstante las inobservancias en cuanto al Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MARENA-CCC-LPN-2014-06, éstas no constituyen elementos sustanciales que afecten el resultado de la adjudicación, ni los objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección efectiva del interés y del orden público que persigue el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

Por medio del presente tengo a bien solicitar que sea cargada la resolución No. 51/2015 de fecha 15.06.2015 que da respuesta a la solicitud de investigación presentada por el señor Anderson Peña contra “contrato civil de bienes particulares” suscrito entre el Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico de Verón-Punta Cana y la razón social REISA, S.R.L. en fecha 8 de julio de 2011 Hernández 

Resolución No. 63/2015 de fecha 29.06.2015 que da respuesta a la solicitud investigación interpuesta por la razón social Ingeniería Asociadas SRL. (INGASA), contra el procedimiento de Licitación Publica Nacional No. LPN-002-2013, realizado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para la “construcción de la carretera Gregorio Luperón, Costa Norte, Provincia Puerto Plata 

Resolución No. 68/2015, que declara la incompetencia de esta Dirección General de Contrataciones Públicas para conocer de las controversias relacionadas a la compra de bienes inmuebles por parte del Estado Dominicano, cuando se realizan a través del procedimiento de expropiación, ya que estas adquisiciones están reguladas por una Ley especial, la Ley No. 344 de fecha veintinueve (29) de julio del mil novecientos cuarenta y tres (1943) 

Resolución 69/2015, que declara inadmisible por falta de objeto la solicitud de investigación presentada por el señor Alejandro Paulino Vallejo en contra del pliego de condiciones especificas de la Licitación Pública Nacional No. LPN-ASDN-01-2014 convocada en fecha 9 de diciembre de 2014 por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para la 'construcción de los servicios de recolección de los residuos sólidos en el Municipio de Santo Domingo Norte ', toda vez que al haber sido cancelada la Licitación Pública Nacional No. LPN-ASDN-01-2014 el citado Pliego de Condiciones Especificas ha dejado de existir. 

Resolución No. 70/2015, que DECLARA, que los Comedores Económicos del Estado, en el procedimiento de Urgencia No. CEE-PU-001-2014 llevado a cabo para la “adquisición de combos de artículos comestibles para las madres”, no cumplió con las siguientes disposiciones: 

a. De la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones, y sus modificaciones: 

1. Artículo 3 sobre los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre competencia, racionalidad, eficiencia; 
2. Artículo 6 párrafo único sobre las condiciones para la realización de un procedimiento de excepción; 
3. Artículo 8 párrafo II en cuanto a no establecer criterios de evaluación objetivos en el pliego de condiciones; 
4. Artículo 18 párrafo IV respecto a la publicación de la convocatoria conjuntamente con el pliego de condiciones; 
5. Artículo 23 respecto a hacer público las garantías y precios de ofertas; 
6. Artículo 25 sobre dejar constancia en informes de los justificativos de su actuación; 

b. Del Reglamento de aplicación, aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha 06 de septiembre de 2012: 

7. Artículo 4 sobre el informe pericial que justifique la urgencia; 
8. Artículo 102 en cuanto a especificar los criterios de evaluación en el acta de adjudicación; 

c. Del Manual de Procedimientos de Urgencia: 

9. Numeral 2.1 del sobre el requerimiento de solicitud de compra por el departamento correspondiente; 
10. Numeral 03.01 relativas las invitaciones debidamente recibidas por los oferentes; 
11. Numeral 5.01 sobre la notificación de la adjudicación. 

DECLARA que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en el marco de las actuaciones realizadas para la “remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo” comprobando que dicha institución:

a) En el marco del Procedimiento de Urgencia No. OISOE-008-2013:

ii. Convocó un procedimiento bajo la modalidad de “llave en mano” que no se encuentra previsto en la normativa que rige el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que no estaba habilitado para realizarlo;

iii. Otorgó un plazo de apenas 14 días hábiles, para que los interesados prepararan sus propuestas, limitando por consiguiente la participación y concurrencia, contrario a lo que busca promover los principios de Participación y de Razonabilidad establecidos en los numerales 8 y 9, respectivamente, del artículo 3 de la Ley 340-06 y sus modificaciones.

iv. El informe pericial que debe justificar la urgencia, no cumplió con las condiciones que deben contener este tipo de actos conforme a lo que establece la Resolución No. 21/2010 aprobada por esa Dirección General en fecha 22 de noviembre de 2010;

v. No cumplió con lo que establece el artículo 8 párrafo II de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones en lo relativo a establecer criterios de evaluación claros y objetivos para la puntuación de los renglones “Metodología y Plan de Trabajo” y “Propuesta de Equipamiento” del pliego de condiciones específicas y por consiguiente tampoco ofreció toda la información necesaria a los oferentes, como establece el artículo 20 de la misma ley y;

vi. Que en la evaluación del Ingeniero Residente, los peritos no dejaron en sus informes la distribución detallada de los puntajes asignados, contrario al artículo 25 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 90 del Reglamento No. 543-12 que exige que los funcionarios dejen constancia en sus informes de todo lo justificativo a su actuación.

b) En cuanto a la enmienda realizada al contrato:

i. No cumplió con las disposiciones establecidas en artículo 31 de la Ley No. 340-06, sus modificaciones, y tampoco con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento No. 543-12, en lo relativo a no aumentar el monto del contrato de obra en más de un 25% respecto al contrato original y el requisito de la concurrencia de circunstancias imprevisibles al momento de iniciar el proceso de contratación, siendo éstos límites y condiciones para que proceda jurídicamente la modificación de un contrato.
ACOGE, en cuanto a la forma, la solicitud de procedimiento de investigación realizada por la razón social Inversiones Hizamar, S.R.L., referente al Procedimiento de Urgencia No. DGII-CCC-PDU-2014-001, llevado a cabo por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la “Adquisición de Handhelds, impresoras y aplicación accesorias, como parte del proceso de registro de propiedad y renovación de placas de motocicletas dentro del plan integral de seguridad ciudadana”, por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones de los artículos 71 y 72 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones.

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER, como al efecto ACOGE, las conclusiones presentadas por la razón social Inversiones Hizamar, S.R.L., en su solicitud de investigación, en lo relativo a que no fueron evaluados los bienes ofertados conforme a las especificaciones técnicas dispuestas en el pliego de condiciones específicas y sobre que fue negada su participación al establecerse que el requerimiento del componente RFID fuese ad don con protección IP65, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente Resolución.

TERCERO: DECLARAR, como al efecto DECLARA que en el Procedimiento de Urgencia No. DGII-CCC-PDU-2014-001, llevado a cabo por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) para la “Adquisición de Handhelds, impresoras y aplicación accesorias, como parte del proceso de registro de propiedad y renovación de placas de motocicletas dentro del plan integral de seguridad ciudadana”, dicha entidad inobservó las siguientes disposiciones:

i)El artículo 6 párrafo único de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y artículo 4 del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12, por no justificar válidamente el uso de un procedimiento de urgencia;

ii)El numeral 4 del artículo 3 sobre los principios de economía y flexibilidad y el artículo 20 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, sobre la obligación de que el pliego de condiciones específicas establezca toda la información del procedimiento, incluyendo criterios de evaluación claros y objetivos;

iii)El numeral 8 del artículo 3 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, sobre el principio de participación, al haberse exigido unas especificaciones técnicas en el pliego de condiciones específicas sobre los bienes y servicios requeridos y posteriormente aceptar y adjudicar una propuesta con especificaciones distintas;

iv)El artículo 84 del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12, por haber abierto la ofertas económica sin haber evaluado previamente la oferta técnica;

v)El artículo 88 del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12, por evaluar diferente a lo establecido en las especificaciones técnicas y en los criterios de evaluación descritos en el pliego de condiciones específicas; y

vi)El párrafo I del artículo 88 del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 por haber asignado puntuación a la experiencia de la empresa, cuando esto solo puede ser objeto de habilitación.
Resolución No. 92/2014 mediante la cual se dio a conocer los resultados del procedimiento de investigación de oficio iniciado por esta Dirección General de Contrataciones Públicas en el marco de la Licitación Pública Nacional referencia LPN-DGP-CCC-003-2014 llevado a cabo por la Dirección General de Pasaportes para el “suministro e instalación de un sistema integral de personalización y emisión de pasaportes a los ciudadanos dominicanos residentes en la República Dominicana y en el exterior – Fase 1- Pasaportes de Lectura Mecánica”.

Procedimiento de investigación, en el que se acogen los alegatos presentados por la razón social Ingenieros Constructores y Asociados, S.A. (ICAS), en su solicitud de investigación de fecha trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), en cuanto a comprobar las violaciones a la Ley No. 340-06, con sus modificaciones y Reglamento de aplicación en el proceso para la  “contratación de una empresa de Diseño y Construcción Arquitectónica y/o Arquitecto (a)  para elaboración del Proyecto de Diseño y Adecuación de la planta física del edificio en el que se alojaran las oficinas del Ministerio de Administración Pública”, llevado a cabo por el Ministerio de Administración Pública (MAP), respecto del Procedimiento por Comparación de Precios No. 001-CP-MAP-2014.

Resolución No. 46/2014 d/f 09.07.2014 que respuesta a la solicitud de investigación de HIDROMED, S.R.L. sobre el Procedimiento de Urgencia No. SEMMA-PU-001-14 para la 'adecuación, habilitación física de la unidad de diálisis; contratación a modo de comodato de máquinas para hemodiálisis del Hospital Docente SEMMA de Santo Domingo' 

Resolución No. 46/2014 d/f 09.07.2014 que respuesta a la solicitud de investigación de HIDROMED, S.R.L. sobre el Procedimiento de Urgencia No. SEMMA-PU-001-14 para la 'adecuación, habilitación física de la unidad de diálisis; contratación a modo de comodato de máquinas para hemodiálisis del Hospital Docente SEMMA de Santo Domingo' 

PRIMERO: RECHAZAR, como al efecto RECHAZA la excepción de incompetencia planteada por la razón social Lajun Corporation SRL, toda vez que la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del sistema nacional de compras y contrataciones públicas es competente para conocer de las denuncias realizadas contra los procedimientos de compras y contrataciones llevados a cabo por los Ayuntamientos del Distrito Nacional y los Municipios, conforme a las disposiciones del numeral 4 del artículo 2, numeral 1 del artículo 35 y numeral 6 del artículo 36, todos de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. 

SEGUNDO: ACOGER, como al efecto ACOGE, en cuanto a la forma, las denuncias realizadas por la Fundación Justicia y Transparencia y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) con relación al contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la razón social Lajun Corporation para la administración del Vertedero de Duquesa, por haber sido interpuestas de conformidad con las disposiciones de los artículos Nos. 71 y 72 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. 

TERCERO: En cuanto al fondo, ACOGER parcialmente las conclusiones presentadas en las denuncias de la Fundación Justicia y Transparencia y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) en cuanto a comprobar las violaciones a la Ley No. 340-06 y sus modificaciones por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, y en consecuencia, DECLARAR como al efecto DECLARA que este Órgano Rector no ha podido evidenciar la realización de un procedimiento de Licitación Pública Nacional que vincule el contrato suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Norte y la razón social Lajum Corporation S.R.L., para la administración y operación del Vertedero de Duquesa, suscrito en fecha primero (1ero.) de marzo de dos siete (2007) y sus posteriores adendas de fechas de fechas veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009), seis (6) de junio de dos mil once (2011) y diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014). 


CUARTO: DECLARAR, como al efecto DECLARA que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte no cumplió con el numeral 3) del artículo 3 sobre Principio de Transparencia y Publicidad, 13 referente a llevar un expediente administrativo para la contratación; ni con el artículo 50 sobre el perfeccionamiento del contrato; ni con el párrafo II del artículo 57 sobre las garantías, todos de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. 

QUINTO: RECHAZAR como al efecto RECHAZA las conclusiones presentadas por la Fundación Justicia y Transparencia en lo referente a declarar nulos los contratos y sus renovaciones suscritos entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la razón social de Lajun Corporation para la administración del Vertedero de Duquesa, toda vez que no existe una norma que lo habilite para tal actuación. 

Resolución No. 53/2014 que da respuesta a la solicitud de investigación interpuesta la fundación democracia y desarrollo y la alianza dominicana contra la corrupción

Deja sin efecto el procedimiento de investigación iniciado de oficio por este Órgano Rector mediante comunicación No. DGCP44-2014-002527, en contra del Procedimiento de Urgencia No. OPRET-LPN-PU-003-2014, llevado a cabo por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) para la Restructuración de Infraestructura de Data Center, Sistema de Backup, Seguridad de la Data, Visualización y Redundancia Servidores y Correos Corporativos, de la Oficinas Administrativas y el Edificio de Operaciones de Metro (PCC) de Santo Domingo, por carecer de objeto, al haber cancelado la OPRET dicho proceso.

Resolución No. 74/2014 de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual este Órgano Rector da a conocer los resultados del procedimiento de Investigación de oficio, en virtud de las denuncias públicas realizadas en diferentes medios de comunicación relativa al procedimiento de Licitación Pública Nacional referencia CD-CCC-LPN-01-2014 llevado a cabo por la Cámara de Diputados de la República Dominicana para la “adquisición de electrodomésticos y enseres del hogar para ser distribuidos con motivo de las madres”.

La Resolución No. 82/2014 d/f 24.10.2014 que indica los resultados del procedimiento de investigación de oficio contra la Licitación Pública Internacional No. INDRHI-LPI-001-2014, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para la contratación de “Servicios de Consultoría para los trabajos de Supervisión de la fase III del Proyecto Múltiple Montegrande”.

Investigación en lo que respecta a la contratación de los servicios profesionales del Lic. Edward Veras Vargas y las violaciones denunciadas mediante este escrito.

Resolución No. 08 d/f 04-03-2013 Que anula el proceso de Licitación Restringida No. ETFD-LR-001-12 para contratar los servicios de “suministro e instalación del sistema SCADA/EMS”

Procedimiento de Investigación de la Licitación Pública Nacional “para la adquisición de servicios integrales de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes renales crónicos de República Dominicana (MSP-CL-LPN-2011-09)”.

Se Designa a la Licda. Nalda Lizardo como presidenta del Comité de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, en representación de la Dra. Yokasta Guzman S.

Declara que en el Procedimiento por Comparación de Precios No. MISPAS-CP-97-2013, no se cumplió con las disposiciones legales de la Ley No. 340-06, con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06 en su artículo No. 3, 26, 30 y delos artículos Nos. 36,48,65,69,112Y 114 Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Declara que en el Procedimiento de Urgencia para la “Reparación General de la Estructura Física del Hospital Dr. Francisco Gonzalvo, La Romana” no se cumplió con las disposiciones legales de la Ley No. 340-06, con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06 en su artículo No. 3, numerales 2, 3, 8  y del articulo No. 4, numeral 7, literales a), c), f), h) del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Anula el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MA-LPN-03-2013 realizado por el Ministerio de Agricultura por haberse comprobado violaciones a la Ley No. 340-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante el Decreto No. 543-12.

Anula el Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MJ-LPN-01-2013 para el “Montaje del Premio Nacional de la Juventud”  porque se incumplió con las disposiciones legales de la Ley No. 340-06, con sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06 en su artículo No. 18, numeral 2 del artículo No. 8 y el párrafo III del mismo artículo, articulo No. 26,  y  el articulo No. 61, párrafo II del artículo 91 del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Resolución-RIC-10-2012

En esta resolución se decide sobre la legalidad del proceso de “contratación de servicios para el remozamiento del parque municipal del Ayuntamiento de Bayaguana

Proceso de 'Licitación Pública Nacional No. LPN MIFFAA-01 10, llevada a cabo por el MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS (MIFFAA), pare la ejecución del proyecto de 'Modernización y equipamiento del Instituto  Cartográfico Militar (ICM).'

En este documento vemos el Procedimiento de Investigación APYMETEX vs MINERD.

Procedimiento de Investigación Andrés y Camila Materiales y Construcciones C. por A.

Investigación al contrato y sus ulteriores renovaciones suscrito entre AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE, y La Sociedad Comercial SERVICIOS DE RECOLECCIÓN PRO HIGIENE Y SALUD (SEHISA).

'Licitación Pública Nacional, referencia No. 4-2010 para la 'ejecución del proyecto de Construcción de Unidad Post-Grado Escuela odontológica'; y la Licitación Pública Nacional, referencia No. 5-2010, para la 'ejecución del proyecto de Acondicionamiento del Hospital Veterinario', arnbas llevadas a CAbO POT 1A UNIVEITSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DO1VIINGO (UASD).

En este documento vemos el detalle de la resolución 19/2010 MIFFAA vs Consorcio Nacional de Capital Privado.

Contrato de Iluminación Pública con Tecnología LED sustentado en la Licitación Pública de fecha 30 de noviembre del 2007, emitido por el Gobierno Municipal de San Pedro de Macorís, Gestión 2006-2010.

En este encontramos el detalle del proceso de Licitación Restringida realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

En este documento encontramos los detalles del proceso de Licitación Pública para la Cancha del Club Central por el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís.

Comunicación No, 01363 de fecha 29 de julio del 2009, remitiendo el expediente relativo a la Licitación Pública Nacional para la contratación de un Sistema Integral de Administración de la Inspección Técnica Vehicular (SEOPC-LR-03-2008-2009).

En este vemos el detalle del proceso de la resolución 21/2009 con la Comparación de Precios Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Documento con el detalle del proceso de Licitación Restringida por la Tesorería Nacional de la República.

Se declara la falta del MOPC de no emitir una respuesta en cuanto al recurso de impugnación presentado por la recurrente lo cual implica una transgresión a los preceptos constitucionales de buena administración, tutela judicial efectiva y debido proceso, asimismo violación a la ley que rige la materia y la ley 107-13.

En cuanto al fondo del recurso jerárquico, se rechaza debido a que no tiene razón el reclamo de la recurrente, sobre qué se vulneró el principio de igualdad porque el MOPC no solicitó subsanación de informaciones relativas a la oferta económica, ya que como bien se identificó en la resolución, el pliego de condiciones estableció claramente que los o eferente debían presentar un presupuesto en el formato digital establecido en las bases del procedimiento y que la recurrente no cumplió con dicho requisito al omitir presentar dicho presupuesto, por lo que en este caso tal omisión no es objeto de subsanación como entiende la recurrente, pues no se trata de aspectos inherentes preexistentes del oferente sino de aspectos relacionados a su oferta económica; además, se constató que la recurrente se encuentra reclamando aspectos que estuvieron contemplados en el pliego de condiciones, sin que se observa que la recurrente presentara alguna objeción sobre el particular, sino posterior a presentar ofertas, lo cual resulta extemporáneo.
Se DECLARA por extemporáneo el recuso jerárquico presentado por la razón social Macro Seguridad MASEG, S.R.L., por haber sido interpuesto fuera del plazo de los 10 días hábiles del artículo 67, numerales 1 y 8 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones
Se rechaza el recurso jerárquico presentado por la razón social La Antillana Comercial, S.A., pues la presunta improcedencia de requerir en el pliego de condiciones la certificación de emisión TIER 3 es un alegato extemporáneo y porque la adjudicación se efectúa en favor de aquel oferente que cumple con los términos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en ese sentido, no se contemplaron restricciones que limitaran el número de ítems a adjudicar por oferentes y por otro lado, se determinó que este Órgano Rector se encuentra en la imposibilidad de poder determinar la presunta falta de motivación pues ya que no fue suministrado el recurso de impugnación para realizar el debido análisis al comprarlo con la respuesta, además la recurrente tampoco ha expuesto los planteamientos en que el MOPC presuntamente no se pronunció.
Esta Dirección General, luego de analizar el recurso jerárquico de que se trata, concluye en primer lugar, que tiene mérito el alegato de la recurrente sobre la falta de motivación de la respuesta a su recurso de impugnación, debido a que se comprobó que el INAPA omitió dar respuesta a todos los planteamientos de la recurrente, en particular, los relacionados a la irrazonabilidad del plazo para recurrir su descalificación y a su solicitud de entrega de los documentos relativos a las ofertas de todos los oferentes habilitados, por lo que, en consecuencia ante la ausencia de pedimentos relacionados al referido alegato, procede anular de oficio la Resolución Núm. 131/2022 emitida en fecha 9 de diciembre de 2022, por el Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13.

Por otro lado, rechaza el pedimento de que en virtud de Ley Núm. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública, le sean proporcionadas las ofertas técnicas y económicas de cada oferente habilitado, toda vez que la documentación solicitada se encuentra cargada en el Portal Transaccional. De igual manera rechazar el pedimento de que sea “designada una comisión especial de parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas para que pueda realizar investigación de este proceso, particularmente el hecho de que se encuentra totalmente sobrevaluado en su presupuesto y conforme nuestra propuesta anexa y la certificación de presupuesto por parte de la entidad contratante”; toda vez que para determinar el abultamiento del presupuesto o el sobrecosto asociado con la contratación en cuestión, es necesario hacer un análisis de mercado el cual implica un examen minucioso de las condiciones, tendencias y particularidades del mercado específico en el cual se lleva a cabo la contratación y el alcance de un recurso jerárquico se centra en revisar si se siguieron los procedimientos adecuados y si la decisión tomada se ajusta a las reglas y regulaciones establecidas, y no en iniciar investigaciones o análisis independientes.
Se rechazan los pedimentos de la recurrente en cuanto a que se revoque el acto de respuesta a su recurso de impugnación y el acto de adjudicación, debido a que en el conocimiento del presente recurso jerárquico no se presentaron elementos que ameriten la nulidad de los referidos actos y tampoco se han advertido de oficio. Ahora bien, se destaca que mediante la Resolución Ref. RIC-203-2023 de fecha 30 de diciembre de 2023, este Órgano Rector decidió la nulidad parcial del “Informe de evaluación de credenciales y ofertas técnicas”, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones de EDENORTE en fecha 21 de junio de 2022, en cuanto a los ítems de cables concéntricos, así como los derivados de este acto, como es el caso de la adjudicación. Además, se rechaza el pedimento de que se ordene a la institución contratante convocar un nuevo procedimiento de contratación para la adquisición de los materiales requeridos por EDENORTE en la Licitación Pública Nacional Núm. EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009, debido a que carecen de mérito los alegatos planteados y, en todo caso, la convocatoria de una nueva contratación corresponde a una discrecionalidad de la institución contratante, en atención a sus necesidades, competencia y disponibilidad presupuestaria.
Esta Dirección General, luego de analizar el recurso jerárquico de que se trata, concluye que no puede ser constatado lo alegado por la recurrente sobre que su oferta cumplía con todas las especificaciones técnicas y resultaba ser la más conveniente, debido a la falta de información e irregularidades evidenciadas en las especificaciones técnicas o fichas técnicas, ya que, el referido documento no indica cómo serían evaluadas y adjudicadas las ofertas, y que el acta de adjudicación carece de motivación al no especificar los criterios de evaluación que hayan permitido llegar a la conclusión de quién obtuvo la calificación de oferta más conveniente y al no contener motivos suficientes, claros y concretos que permitan a la parte descalificada o no adjudicada comprender plenamente las razones detrás de la decisión tomada por la institución contratante y en consecuencia dificulta su capacidad para impugnar la decisión de manera efectiva.

En razón de lo anterior, se rechaza el pedimento de la recurrente de que “se tome en cuenta sus observaciones y el proceso sea reevaluado”, ya que no existen criterios para evaluar y adjudicar las ofertas. En todo caso, esta Dirección General no puede realizar la evaluación de ofertas técnicas o económicas de los oferentes participantes en los procedimientos de contratación de las instituciones contratantes, en el entendido de que dicha actuación escapa de los límites de la competencia del Órgano Rector, en atención del criterio de descentralización de la gestión operativa.
Luego de analizar el fondo del presente caso, este Órgano Rector decide rechazar los alegatos y pedimentos de la recurrente, tras verificar que la cancelación del procedimiento contenida en el acta Núm. CAID-CCC-RE-2022-0010, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del CAID en fecha 14de octubre del 2022, sobrevenido la cancelación del procedimiento sobrevino tras validar la institución contratante que Cantox Investment, S.R.L, no tenía como responder a la adjudicación inmediata de los bienes que fueron requeridos, ya que el distribuir Omega Tech le indicó que, si bien la recurrente era su cliente, no mantenía ninguna alianza particular para el procedimiento, con lo cual no garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los bienes. De ahí que resulta oportuno citar que para este órgano rector, como bien lo ha señalado en otras decisiones, el valor de la debida diligencia radica en evitar que el Estado contrate la prestación de bienes y servicios bajo riesgos o indicios de incumplimientos, pues en ocasiones los proveedores que participan en los procedimientos se pueden ver tentados a mejorar su oferta al incluir promesas de entregas inmediatas que luego de la adjudicación y firma de contrato, no pueden cumplir, por lo que en todo caso, a las instituciones contratantes les asiste el deber no solo de ejecutar el procedimiento conforme al debido proceso, sino también de asegurar la inversión a realizar a través de mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo contratado, y así reducir y mitigar eventuales incumplimientos. No obstante, se aclara que la institución lo que debió fue declarar desierto el procedimiento si las ofertas no cumplían, y no proceder a cancelarlo, aun cuando ambos conceptos – desierto y cancelación – tengan como efecto terminar el procedimiento de contratación iniciado previa adjudicación. Igualmente, se verificó que la Resolución núm. CAID-CCC-RE-2022-0013, emitida en fecha 10 de noviembre por el CIAD, que responde al recurso de impugnación fue debidamente motivada, por lo que la alegada falta de motivación y ambigüedad no fue evidenciada.
RECHAZA en cuanto al fondo el recurso presentado tras verificarse que el alegato de que la institución contratante no suministró la información concerniente a las ofertas económicas, implica una violación al principio de inmutabilidad ya que no fue planteado en el recurso de impugnación que fue recibido por la institución, con lo cual ni siquiera la institución pudo referirse a este planteamiento, ya que el recurrente no incluyó en su impugnación dicho aspecto.

Igualmente se verificó que no tiene méritos los planteamientos referentes a que la adjudicataria del Lote II debía presentar el Formulario IR-2 de los 2 últimos años pues en el ejercicio del principio de razonabilidad, y determinar que dicha documentación fue requerida para constatar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor e identificar que la empresa se constituyó en el año 2021 no debía presentar el Formulario IR-2 correspondiente al año 2020 y tampoco posee merito la presunta subsanación irregular del error humano de la institución contratante, pues dicho error no podía ser aclarado en la etapa de “preguntas y respuestas”, sino conforme actuó la institución contratante se agotó el debido procedimiento conforme a lo establecido en la Resolución Núm. PNP-05-2020. Se rechaza los pedimentos del recurrente pues de la especie, este Órgano Rector se circunscribe a conocer los pedimentos de las partes y aquella documentación del expediente que concierne a los planteamientos expuestos por las partes y por otro lado, esta Dirección General no ostenta las atribuciones fiscales correspondiente a fines de pronunciarse en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la razón social Nar Diseño y Construcción, S.R.L.
DECLARAR que ESEESTE incurrió en silencio administrativo al no dar respuesta a la impugnación presentada por la recurrente, lo cual constituye una transgresión a preceptos constitucionales sobre la tutela judicial efectiva y el cumplimiento del debido proceso, así como una violación al artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y al artículo xxx de la Ley Núm. 107-13.

Por otro lado, DECLARA el recurso jerárquico inadmisible por falta de interés, en vista de que la recurrente en ningún momento indica ni comprueba de qué manera se vería afectada ante las supuestas irregularidades de los actos emitidos por la institución contratante no obstante no haber participado en el procedimiento de referencia. De ahí que, ante las irregularidades denunciadas por parte de la recurrente, este órgano rector reitera su criterio de que la acción que debía interponer una persona que ostente un interés simple es una solicitud de investigación acorde con los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y no un recurso jerárquico como el presentado por la recurrente quien no demostró tener un interés legítimo que tutelar.
Acoge el recurso en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, DECLARA que la Junta del Distrito Municipal de Santana-Nizao incurrió en silencio administrativo al no dar respuesta a la impugnación presentada por el el Ing. Santo Trinidad Álvarez Ysabel, en ocasión del recurso de impugnación presentado contra el acta de adjudicación, lo cual constituye una transgresión a preceptos constitucionales sobre la tutela judicial efectiva y el cumplimiento del debido proceso, así como una violación al artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 28 de la Ley Núm. 107-13. En cuanto al pedimento de impugnación del acta de adjudicación, se informa al recurrente que al haber presentado un recurso de impugnación primero ante la institución contratante y luego un recurso jerárquico ante el Órgano Rector, se evidencia que el recurrente agotó correctamente la vía recursiva que dispone el artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones. En cuanto al pedimento de impugnar la oferta de la adjudicataria en el marco del procedimiento de referencia, este Órgano Rector tiene a bien aclarar que resulta incorrecto dicho pedimento, ya que no es posible impugnar una oferta de un proveedor, ya que el oponente lo que tiene abierto es la vía para impugnar la decisión de la institución contratante, como lo ha hecho el recurrente, por lo que la solicitud de impugnar la oferta de la adjudicataria no surte ningún efecto material, sino que es a través del reclamo presentado contra la actuación de la administración es que este Órgano Rector puede valorar de manera objetiva el mérito o no de los reclamos presentados. En cuanto al pedimento de que “la entidad contratante favorezca la adjudicación al oferente SANTO TRINIDAD ÁLVAREZ YSABEL, RNC: 08200228234, porque CUMPLE con todos los criterios y cada una de las características del Pliego de Condiciones que rige el proceso,” esta Dirección General RECHAZA dicha pretensión, ya que el único órgano que puede decidir la adjudicación de un procedimiento es la institución contratante luego de agotar todas las etapas del procedimiento acorde con el debido proceso.
DECLARA de oficio la nulidad de pleno derecho del informe de evaluación económica y del acta de adjudicación en el marco del procedimiento por Comparación de Precios Núm. JDMSN-CCC-CP-2022-0001, llevado a cabo por la Junta del Distrito Municipal de Santana-Nizao, para la “Construcción de aceras y contenes en las calles: La Cana, Gallito, Las Flores (Felipe), Víctor Pérez, Martina Brioso-Cenacid, Rafael Cabrera, Wilfrín y Franklin, Eligio Guzmán, Pelun, Argentina Pérez, Abraham Rocha, Los Lara, Fony, De Ñio y Chulo, del Distrito Municipal de Santana-Nizao”, toda vez que la institución contratante adjudicó el objeto del procedimiento a la oferta de la adjudicataria, que no cumplía con el “tope mínimo del más o menos 5%” del presupuesto de la institución, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones sin solicitar a la adjudicataria la justificación del monto propuesto en su oferta económica, es decir en violación al debido proceso. PÁRRAFO: En consecuencia, de encontrarse en ejecución la obra objeto de dicho procedimiento a la fecha de notificación de la presente Resolución, no podría consentirse la continuación de la misma, por estar al margen de la citada norma y ser nula de pleno derecho de conformidad con el artículo 14 de la Ley Núm. 107-13 y los artículos 68 y 69 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12, como se expuso en el párrafo 71 del presente acto. Por consiguiente:

A) En caso de que subsista el objeto contractual, la institución contratante deberá REVALUAR la oferta económica del recurrente, y emitir los actos administrativos que correspondan, en el plazo no mayor a 30 días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución, debiendo la institución dejar evidencia documental a través de dichos actos administrativos que deben ser publicados en el portal transaccional. Una vez culminada la revaluación, si procediere, la institución deberá notificar a esta Dirección General un informe de su actuación en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
B) En caso de que, al momento de emisión de esta resolución, el contrato que hubiere resultado de este procedimiento se encuentre consumado o ejecutado, no procederá la revaluación de oferta, al ser de imposible cumplimiento retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas económicas, sin embargo, la institución deberá notificar a esta Dirección General en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles un informe explicando las razones que imposibilitan la revaluación de ofertas y el estado actual del contrato del procedimiento.
Luego de analizar los puntos de conflicto del recurso jerárquico de que se trata ha determinado que la razón social Bonanza Rent A Car, S.A.S., ha infringido los principios de inmutabilidad del proceso y preclusión al haber interpuesto un recurso jerárquico sustentado en motivaciones y pretensiones diferentes a las que se habían presentado en su recurso de impugnación original, lo cual implica que la institución contratante no tuvo la oportunidad de considerar tales motivaciones al evaluar el recurso de impugnación y tomar una decisión justa de la situación, y por tanto se rechaza el pedimento de la recurrente tendente a declarar las nulidades del pliego de condiciones, el acto de aprobación del pliego de condiciones emitido en fecha 3 de agosto del 2023 y la enmienda al pliego de condiciones emitida en fecha 26 de agosto del 2023 por el Comité de Compras y Contrataciones del INESPRE.
Se declara la falta del Ayuntamiento Municipal de Fantino de no emitir una respuesta en cuanto al recurso de impugnación presentado por la recurrente lo cual implica una transgresión a los preceptos constitucionales de buena administración, tutela judicial efectiva y debido proceso, asimismo violación a la ley que rige la materia y la ley 107-13.

Se rechaza, debido a que, el recurrente refiere que resultó adjudicada una empresa que omitió presentar documentos catalogados como no subsanables, sin embargo, al revisar el contenido de los informes elaborados por los peritos y aprobados por el CCC del Ayuntamiento, estos indican que los documentos sí fueron presentados y que cumple con todo lo requerido en la oferta técnica.
Se acoge el medio de inadmisión planteado por la adjudicataria razón social Delgado Martínez, Asesores y Consultores, S.A. (DELMAR), sustentado en la ausencia de los elementos mínimos requeridos conforme a la Ley 107-13 para recurrir de la comunicación s/n de fecha 2 de noviembre de 2022, emitida por el asesor legal de la gerencia general de EDEESTE, toda vez que dicho documento es un acto administrativo de trámite que no es pasible de ser recurrido; en consecuencia, de acuerdo a las disposiciones del artículo 44 de la Ley Núm. 834 de 1978, no procede ponderar las demás pretensiones incidentales y de fondo planteadas por las partes.
Se rechaza el pedimento de que se desestime la inhabilitación de su oferta debido a que no le solicitaron la subsanación del cronograma de ejecución de obra de su oferta, pues solo son subsanables aquellos documentos de tipo credenciales, que permiten al oferente demostrar sus cualidades, capacidad, idoneidad y aptitud para participar, pero no aquellos calificados de no subsanables o que formen parte de la oferta misma o que tiendan a mejorarla con relación a otros competidores. Por igual, se rechaza pedimento de que se le habilite al recurrente para la apertura del sobre B en base a que el “cronograma de obras suministrado en la oferta fue elaborado por personal y no por brigadas en sí”, pues para determinar el mérito de este alegato este Órgano Rector debería avocarse realizar tareas de evaluación del procedimiento que corresponden a la institución contratante en la persona de los peritos debidamente nombrados a los fines, de acuerdo al criterio de descentralización de la gestión operativa, dispuesto en el artículo 34 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
Se rechaza, debido a que, para poder reconocer lo alegado por la recurrente sobre las especificaciones técnicas de los equipos ofertados que sí cumplen, versus aquellos presentados por las adjudicatarias que presuntamente no cumplen, y que, además ostentan un precio más elevado que el fijado en el mercado, a esos fines, para poder constatar lo mencionado, es necesario un personal técnico que pueda identificar primero, las fichas técnicas de cada uno de los equipos ofertados y las funciones de éstos, a los fines de poder advertir que ciertamente se encuentran ceñidos a los requerimientos del pliego de condiciones, o si, por el contrario, éstos no cumplen, y segundo, es necesario que la Dirección General de Contrataciones Públicas cuente con un estudio de precios, que, en principio, debió ser realizado por la institución contratante, sin embargo, no es posible verificar la existencia del mismo dentro de los documentos que conforman el expediente administrativo publicados en el Portal Transaccional, por lo que, a la falta de éste, no puede el Órgano Rector hacer estimación alguna sobre si el precio ofertado por la adjudicataria se encuentra dentro del rango de los precios manejados en el mercado nacional.

Lo advertido son situaciones que escapan de la competencia de la DGCP, pues ésta, primordialmente, lo que hace es verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en las contrataciones públicas, así como de los principios rectores del SNCCP para constatar que han sido satisfechas o no las formalidades jurídicas, si existe o no motivación en los actos y actuaciones de la institución contratante, y si la misma resulta racional y razonable. Mencionado los principios, se debe referir que, si bien la recurrente alega una violación a las disposiciones constitucionales y legales sobre los principios de transparencia, legalidad, eficiencia y objetividad de las actuaciones administrativas, no fue posible para este OR confirmar dicho alegato en atención a lo referido.
Se acoge en cuanto a la forma y se rechazan en cuanto al fondo los pedimentos contentivos a solicitarle a la EDESUR la remisión del expediente administrativo pues se analizó los documentos del expediente administrativo que constan publicados y/o hayan sido generados en dicho portal y el pedimento de modificar el acta de adjudicación y ordenar adjudicar el procedimiento a favor de la recurrente pues dicha acción escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector pues corresponde únicamente a las instituciones contratante adjudicar a los oferentes, sin embargo se acoge el pedimento de sea anulada la Resolución Núm. 340-2022 contentiva al acta de adjudicación, y, en consecuencia, ordenar a EDESUR revaluar las ofertas presentadas, y posteriormente, emitir los actos administrativos subsiguientes que correspondan pues se verificó que conforme a lo constatado en cuanto al error aritmético que adolece la oferta económica, de que no influyó sustancialmente el valor total ofertado por la recurrente, la garantía de la seriedad de la oferta presentada resulta suficiente en cuanto al monto, pues el valor de la póliza presentada fue por el valor de RD$1,440,000.00.
Resolucion-RIC-2-2023 - pdf - 515 kb
En lo demás, se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico, y sobre los alegatos, tienen mérito tanto el que refiere a que su oferta cumplió con todas las especificaciones técnicas, entre las que se encuentra la solvencia de la empresa para poder llevar a cabo el servicio, sin embargo, luego de que se conoce el monto de su oferta económica y su vocación de adjudicación, la institución alega que sus estados financieros no se ajustan a los requisitos de la contratación, toda vez que pudo constatarse que en el informe de peritos se determinó que la propuesta cumple con todas las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo el componente financiera, lo cual fue revisado y aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución.

También, tiene mérito lo alegado por la recurrente en cuanto a que su oferta fue calificada como temeraria sin que se haya definido un criterio y sin que se le haya dado la oportunidad de explicarlo, toda vez que se verificó que la recurrente satisfizo los requisitos de la parte técnica y ofertó el menor precio, pero el MIDEREC calificó a la propuesta que resultó adjudicataria basado en criterios no contenidos en el pliego de condiciones, no estableció un monto referencial e inobservó el carácter excepcional establecido en el artículo 10 de la Resolución PNP-06-2020 referente al uso del presupuesto base para descalificar ofertas económicas debajo del rango del diez por ciento (10%), pues no le dio la oportunidad de explicar o justificar las razones del precio ofertado.

Por tanto, respecto al pedimento de nulidad de la adjudicación del procedimiento, rechaza debido a que esta Dirección General pudo verificar que el objeto ha sido ejecutado en su totalidad. En ese sentido, se declaran las irregularidades en las que incurrió el MIDEREC en cuanto a la evaluación de las ofertas y se insta a que la recurrente acuda a la tutela resarcitoria para que le pueda ser reparado algún perjuicio.

El segundo pedimento respecto a que se ordene la adjudicación en favor de la recurrente, se rechaza toda vez que dicha atribución escapa de los límites y competencias que legalmente tiene establecidas el Órgano Rector y se acoge el último pedimento referente que esta Dirección General lleve a cabo una investigación que esclarezca el derecho que le ha sido vulnerado, toda vez que con la presente decisión ha sido satisfecho este requerimiento.
Resolucion-RIC-3-2023 - pdf - 602 kb
Se acogió el pedimento en cuanto a que se ordene la reevaluación de las ofertas, dado que el alegato de que sus ofertas fueron descalificadas por no ser sustentables, cuando el Ayuntamiento no agotó el debido proceso establecido en la resolución PNP-06-2022, para determinar la sustentabilidad o no de las ofertas, aun cuando el Ayuntamiento publicó la certificación de existencia de fondos, que sirve como parámetro para el presupuesto de la obra,siempre y cuando la obra objeto de la contratacion no haya sido ejecutada en su totalidad
.
Se rechaza al pedimento de los recurrentes respecto a que se anule la resolución que da respuesta a la impugnación interpuesta y el procedimiento de que se trata, quedan rechazados toda vez que aun cuando uno de sus alegatos tiene mérito éste no evidencia que los referidos actos administrativos sean pasible de nulidad, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, a saber, en cuanto a que se haya incurrido en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, vulnerado las normas de procedimiento o que carezcan de motivación.

Se le ordena al Ayuntamiento Municipal de Esperanza publicar en su portal institucional toda la documentación referente al procedimiento de que se trata, en especial las ofertas técnicas y económicas, y publicar en el Portal Transaccional todos los procedimientos de contratación llevados a cabo previo a la implementación del uso de dicho portal.

Se recomienda a la ONE participar en formaciones y capacitaciones sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones y sobre el Portal Transaccional, con la finalidad de que fortalezcan y apliquen de forma correcta la normativa para publicar todas las etapas del procedimiento
Resolucion-RIC-4-2023 - pdf - 458 kb
La decisión rechaza el pedimento relativo a que esta Dirección General acepte u ordene a la Institución Contratante que reciba su oferta para el proceso de referencia, por la vía presencial (en papel o USB), toda vez que como le fue explicado la imposibilidad para manifestar interés y consecuente presentación de virtual de ofertas en el procedimiento de que se trata fue porque no se encuentra certificada con Mipyme, ni realizó de manera oportuna los trámites dispuestos en el pliego de condiciones para poder participar, como lo era el tener vinculado la certificación Mipyme al Registro de Proveedor del Estado.

Se destaca que la razón social S 23 Gourmet, S.R.L., incluso a la fecha de la presente decisión no consta que haya procurado cumplir con la situación de interés, lo cual sería una gestión aconsejable para poder participar en futuros procedimientos dirigidos de manera exclusiva a Mipymes con presentación de ofertas virtuales.
Resolucion-RIC-3-2023 - pdf - 446 kb
La decisión rechaza el pedimento relativo a que esta Dirección General acepte u ordene a la Institución Contratante que reciba su oferta para el proceso de referencia, por la vía presencial (en papel o USB), toda vez que como le fue explicado la imposibilidad para manifestar interés y consecuente presentación de virtual de ofertas en el procedimiento de que se trata fue porque no se encuentra certificada con Mipyme, ni realizó de manera oportuna los trámites dispuestos en el pliego de condiciones para poder participar, como lo era el tener vinculado la certificación Mipyme al Registro de Proveedor del Estado.

Se destaca que la razón social S 23 Gourmet, S.R.L., incluso a la fecha de la presente decisión no consta que haya procurado cumplir con la situación de interés, lo cual sería una gestión aconsejable para poder participar en futuros procedimientos dirigidos de manera exclusiva a Mipymes con presenta
"En cuando a la forma, se acoge la acción presentada por la Ing. Mariel Acevedo, y sobre sus alegatos, se determinó lo siguiente:

i. No tiene mérito lo relacionado al uso de subcriterios distintos a los establecidos, toda vez que, se comprobó de los términos de referencia y de la Enmienda Núm. 2, que lo requerido con relación a la documentación financiera no sufrió cambio alguno, y de los informes de evaluación de las ofertas emitidos por la comisión evaluadora, estos ajustaron su actuación tomando en consideración los parámetros fijados en los términos de referencia; Además, con relación a que los estados financieros y los IR-1 fueron presentados y las discrepancias se deben a la utilización de “normativas” a los fines de que esta Dirección General pueda verificar dicha situación, la misma recae sobre la competencia de aspectos técnicos, que escapan del ámbito de esta Dirección General para responder y;
ii. No tiene mérito lo relacionado a que fue la única mujer MIPYMES que participó en el procedimiento y dio cumplimiento con cada uno de los requerimientos exigidos, pues, en primer orden, el hecho de ostentar la clasificación de MIPYMES no otorga ventaja o privilegio alguno sobre los demás oferentes, ya que es necesario cumplir con cada uno de los requerimientos exigidos, y como se constató en el informe de evaluación de ofertas técnica la misma fue calificada como NO CUMPLE y como resultado, fue deshabilitada.

Con relación a los pedimentos, se rechazan, considerando toda vez que, del análisis de los alegatos referidos por la Ing. Mariel Acevedo, no se constata mérito alguno que sustente la nulidad de alguno de los documentos mencionados en sus pretensiones y en consecuencia, no procede ordenar una reevaluación de las ofertas a fines de determinar si técnicamente la oferta de la recurrente cumplía, y habilitar la evaluación de su oferta económica."
"En cuando a la forma, se acoge la acción presentada por la recurrente y sobre sus alegatos, se determinó lo siguiente:

i. No tiene mérito lo relacionado al formulario de entrega y que la adjudicación se hizo contrario a lo establecido en el pliego, considerando que las muestras se encontraban fijadas en el pliego como un aspecto de carácter “no subsanable” por lo que, no era necesario requerir su subsanación. En ese sentido, al no presentar lo requerido, no era posible para la institución valorar y considerar su propuesta para el ITEM 4 y;
ii. No tiene mérito lo relacionado a que quedó habilitada para la apertura de la oferta económica, siendo su oferta la de menor precio y por ende la que debió resultar adjudicada del procedimiento completo, ya que se comprobó que esta no cumplió en cada uno de los ITEM requeridos por la institución para así obtener como resultado la adjudicación completa del procedimiento.

Con relación a los pedimentos, se rechazan, considerando toda vez que, del análisis de los alegatos referidos no se constata mérito alguno que sustente la revocación de la mencionada resolución y, con relación a la adjudicación del procedimiento, se hace mención a que dicha actuación queda fuera del ámbito de competencia del Órgano Rector."
"Se acoge en cuanto a la forma.

Se RECHAZA la solicitud de ordenar corregir la alegada alteración en la evaluación de la oferta económica y de que se ordene que se le adjudique, debido a que ciertamente presentó una garantía de seriedad de la oferta insuficiente, como resultado de que calculó el precio unitario, Itbis, y precio unitario final por ítems y luego por lote, duplicando el cálculo del Itbis lo que provocó la diferencia equivalente a treinta y tres pesos dominicanos con 00/100 (RD$33.00), que al calcular el uno por ciento (1%) correspondiente a la cobertura de la póliza de Garantía de la Seriedad de la Oferta – conforme al literal a) del artículo 112 del Reglamento Núm. 543-12 – , resultó en una diferencia de cero puntos treinta y tres (0.33) centavos de pesos menos, con relación al monto total de la presentada por lo que la garantía resultó insuficiente y esto último es una cuestión reglada y que ocasiona la desestimación de la oferta.

Se ORDENA publicar, los informes de evaluación ofertas técnicas y económicas, del Procedimiento de que se trata en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la decisión y comunicarlo a la DGCP en el plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de publicación."
La decisión rechaza el pedimento relativo a que esta Dirección General acepte u ordene a la Institución Contratante que reciba su oferta para el proceso de referencia, por la vía presencial (en papel o USB), toda vez que, si bien es cierto la recurrente cumplía con las condiciones de entrada para “manifestar interés” y participar a través de Portal Transaccional en fecha previa a la fecha límite para la presentación de ofertas; no menos es cierto que debido a la incidencia que presentó su usuario, el hecho de no hacerse de la certificación de falla y no haber acudido dentro del plazo de la presentación de ofertas – conforme el literal a del artículo 26 de la Resolución PNP-03-2020 - su oferta en físico no fue admitida por la institución contratante, en desmerito de sus pretensiones.
"La decisión rechaza el pedimento relativo a que esta Dirección General acepte u ordene a la Institución Contratante que reciba su oferta para el proceso de referencia, por la vía presencial (en papel o USB), toda vez que como le fue explicado la imposibilidad para manifestar interés y consecuente presentación de virtual de ofertas en el procedimiento de que se trata fue porque a la fecha límite de presentación de ofertas la razón social Caminox Industries, S.R.L., no contaba con la certificación Mipyme vinculada al Portal transaccional que conforme lo dispuesto en el pliego de condiciones era una condición de entrada para participar en el procedimiento de que se trata.

Asimismo, que el alegado inconveniente en presentar ofertas no fue causado por alguna falla en el Portal Transaccional, y como tal no aplicaba el literal d del artículo 26 de la Resolución PNP-03-2020, sino que se debió a que el procedimiento configurado para la ejecución exclusiva a través del portal, lo cual se justifica en la intención estatal de fomentar y/o crear un espacio de crecimiento reservado a este tipo de empresas y para lo cual se asiste de los medios tecnológicos concebidos para esos fines, como el portal.

Finalmente se sugiere al recurrente procurar participar en talleres de capacitación dirigidos a proveedores y Mipymes impartidos por el Órgano Rector."
"En cuando a la forma, se acoge la acción presentada por la recurrente y sobre sus alegatos, se determinó que no tiene mérito lo relacionado a la alegada violación del pliego de condiciones, ya que de lo revisado y analizado no se comprueba que exista violación alguna a los principios y normativa, considerando que lo estipulado en el pliego de condiciones en lugar de limitar la participación lo que procura es ampliarla y ofrecer una mayor oportunidad a posibles nuevos oferentes.

Con relación a los pedimentos, se rechazan, considerando toda vez que, del análisis de los alegatos referidos no se constata mérito alguno que sustente ordenar a la institución modificar el contenido del pliego de condiciones, específicamente, el párrafo V del numeral 1.17, además, de que, verificada dicha acción, la misma escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector, considerando lo establecido sobre la descentralización de la gestión operativa"
Se rechaza debido a que son aspectos que no pueden ser revisados durante el conocimiento de la acción presentada, pues corresponde a que este órgano rector haga referencia del mismo durante el conocimiento de un procedimiento sancionar, en este caso, una solicitud de inhabilitación.
Se rechaza debido a que son aspectos que no pueden ser revisados durante el conocimiento de la acción presentada, pues corresponde a que este órgano rector haga referencia del mismo durante el conocimiento de un procedimiento sancionar, en este caso, una solicitud de inhabilitación.
"En cuanto a los argumentos de la recurrente se estableció el mérito sobre su alegato correspondiente a la improcedencia de la cancelación del procedimiento, toda vez que aun cuando la Resolución Núm. 191-2022 no se ajusta al procedimiento previsto, ya que no cumplió esta fue emitida después de dictar el acta de adjudicación, sin un informe de carácter técnico legal que lo justifique, y sin encontrarse debidamente motivado al no hacer referencia a los elementos que permiten a las instituciones contratantes cancelar un procedimiento en su totalidad. Asimismo, tiene mérito parcial el alegato de la recurrente sobre los peritos evaluadores se extralimitaron de al modificar la oferta económica de la razón social Innovix, S.R.L., toda vez que el pliego de condiciones consideraba que la inclusión de una tasa impositiva distinta a la establecida en la normativa tributaria constituye un error aritmético de tipo subsanable, al permitir corregir los porcentajes aplicados por el oferente cuando estos no estén de acuerdo con los vigentes a la fecha de cierre de la Licitación o no estén calculados sobre la base establecida para ello, sin embargo EDESUR no cumplió con el debido proceso establecido para ello en el mismo pliego de condiciones, al no comunicarle a tal oferente sobre dicha situación y no darle la oportunidad de que otorgara aquiescencia del ajuste de la tasa correspondiente y la variación del precio final como resultado de la suma del precio unitario ofertado y de la corrección de la tasa impositiva.

En ese sentido, se anuló la Resolución Núm. 191-2022 en cuanto respecta a la cancelación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. EDESUR-CCC-LPN-2021-0015, así como el informe de evaluación del informe pericial de evaluación de las ofertas económica, Sobre B, emitido por el equipo de peritos de EDESUR, en fecha mayo de 2022.

En cuanto al pedimento de la recurrente:

I. Quedó satisfecho el pedimento de la recurrente relativo a la reactivación de la licitación EDESUR-CCC-LPN-2021-0015, en atención a los motivos expuestos en el cuerpo de la presente Resolución y por la decisión tomada.

II. Se rechazó el pedimento de que se le adjudique, debido a que para ello se debe hacer una labor técnica y de ponderación de aspectos que escapan del ámbito de competencia de este Órgano Rector.

III. Se rechazó el pedimento de que se le otorgue una prórroga o permiso para depositar la documentación solicitada a EDESUR a través de la oficia de acceso a la información pública, debido a que vez agotada la fase de instrucción del expediente, conforme al debido proceso administrativo, no es posible depositar ningún documento posteriormente, en virtud del principio de inmutabilidad del proceso y la garantía del derecho de defensa de las partes."
"Se rechaza el medio de inadmisión por falta de objeto planteado por la adjudicataria razón social Grupo Ostrumek, S.R.L., toda vez que aun los bienes se hayan entregado y el contrato se haya consumado, con la interposición el recurso jerárquico esta Dirección General cuenta con la facultad de revisar el procedimiento conforme a lo alegado por la recurrente. En cuanto al pedimento de la recurrente de anular la Resolución Núm. 01-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la Dirección General del Plan Social de las Fuerzas Armadas, que responde la impugnación, queda rechazado, todo vez que el recurrente no ha evidenciado como fueron violentados los principios de eficacia, igualdad y libre competencia, transparencia y publicidad y además el acto de respuesta fue eficaz debido a que fue notificada a la recurrente y en ella se estableció las vías y plazos para recurrirla.
Asimismo, en cuando a los pedimentos de la recurrente de anular el acto s/n de fecha 3 de febrero de 2022 contentivo del informe de evaluación técnica del procedimiento de que se trata, se acoge toda vez que tiene mérito lo alegado con respecto a que la oferta del adjudicatario contenía vicios importantes que no le permitían ser habilitada para la apertura de la oferta económica. Sin embargo, en vista de que es evidente que el contrato suscrito fue ejecutado en su totalidad, dicha nulidad no surtiría efectos materiales.
Con relación al pedimento de anular el acta Núm. 06-2022 de adjudicación, se acoge, toda vez que se verificó que el referido acto carece de motivación, lo cual lo hace pasible de nulidad. Sin embargo, atendiendo a la fecha de suscripción del contrato, su vigencia y al objeto del procedimiento de que se trata –entrega de bienes-, resulta evidente que el mismos ha sido ejecutado en su totalidad, por lo que la nulidad no surtiría efectos materiales.
Con relación al pedimento de la recurrente, de ordenar a la Dirección General del Plan Social de las FFAA que realice un nuevo procedimiento por comparación de precios, respetando las normas y principios que rigen el sistema de compras, de manera especial, la igualdad de oportunidades de los oferentes, se rechaza, debido a que lo solicitado escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Asimismo, quedan rechazados sin hacerse constatar en el dispositivo de la resolución los pedimentos tendentes a anular el contrato administrativo suscrito entre la Dirección General del Plan Social de las Fuerzas Armadas y la razón social Grupo Ostrumek, S.R.L., y ordenar al adjudicatario Grupo Ostrumek la restitución de los valores recibidos por concepto del contrato administrativo suscrito, toda vez que aun cuando algunos de los alegatos de la recurrente tienen mérito, dichas solicitudes son competencia de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, específicamente del Tribunal Superior Administrativo, de conformidad con las disposiciones del artículo 1 de la Ley Núm. 1494, por lo que sería esa instancia la indicada para atender el requerimiento de la recurrente.
Queda rechazada sin hacerse constar en el dispositivo de la resolución, el pedimento relativo a que la Dirección General de Contrataciones Públicas debe iniciar una investigación de oficio toda vez que esta acción no puede ser solicitada por la recurrente, atendiendo que las actuaciones de oficio son “calificación que se da a las diligencias que los jueces o tribunales efectúan por decisión propia, sin previo requerimiento de parte o sin necesidad de petición de ésta”.
Se le recomienda a la Dirección General del Plan Social de las FFAA promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos y a la unidad de compra, participar en formaciones y actualizaciones sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para su correcta aplicación, así como promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, la Ley Núm. 107-13, y una vez transcurridos los 6 meses de la notificación de la resolución deberán notificar al Órgano Rector los servidores y funcionarios que recibieron las formaciones."
Se rechaza debido a que son aspectos que no pueden ser revisados durante el conocimiento de la acción presentada, pues corresponde a que este órgano rector haga referencia del mismo durante el conocimiento de un procedimiento sancionar, en este caso, una solicitud de inhabilitación
No pudo ser determinado el mérito de lo alegado por la recurrente con relación a que las características de los bienes requeridos contenidas en las especificaciones técnicas y el pliego de condiciones poseen fallos de cálculos que hacen el proyecto inviable, ya que, a fines de poder determinar la veracidad de sus argumentos, es necesario realizar una ponderación técnica de los bienes requeridos por la institución contratante, y las características específicas de los mismos contenidos en las especificaciones técnicas, aspectos que de por si no pueden ser verificados con argumentos jurídicos, más bien, deben ser contestados con valoraciones técnicas.
Se acoge el medio de inadmisión planteado por la EGEHID, y en consecuencia se declara inadmisible sin examen al fondo el recurso jerárquico presentado por la razón social Integral Ingeniería de Supervisión, S.A.S., contra la Comunicación “S/N” d/f 6.4.2022, por falta de objeto, al ser constatado que la recurrente interpuso de manera simultánea dos acciones recursivas con la misma causa y objeto (reevaluación de su oferta técnica), por un lado un recurso jerárquico ante este Órgano Rector e/f 8.4.2022, el cual fue rectificado por la recurrente a requerimiento de esta Dirección General e/f 22.4.2022, y por otro lado un recurso de reconsideración ante la institución contratante e/f 7.4.2022, el cual recibió respuesta por parte de la EGEHID mediante la Comunicación “S/N” d/f 10.5.2022, a través de la cual la Sub Comisión Evaluadora, procede a revisar la oferta técnica de la recurrente, y determina que solo procede incrementar un (1) punto en la calificación obtenida en el Plan de Trabajo, para una puntuación total de ochenta y tres puntos veinticinco (83.25), lo cual hace que la acción recursiva incoada ante este Órgano Rector carezca de objeto.

Finalmente se advierte que no procede ponderar los demás incidentes y medios de inadmisión planteados por Consorcio Hanson Rodríguez-SEDIC, ni el resto de los alegatos, conclusiones incidentales y principales planteadas por las partes y los oferentes, como consecuencia de la decisión adoptada por este Órgano Rector.
En vista de que tienen mérito los alegatos referentes a que la oferta de la recurrente se evaluó con base a criterios no establecidos en el pliego de condiciones, a que se evaluó en los análisis de costos unitarios la instalación de equipos cuando esto no fue requerido y que no es cierto que el ITBIS no fue transparentado en los análisis de costos, toda vez que el análisis de costos unitarios se evaluó considerando la instalación de equipos cuando esto no fue requerido en el pliego de condiciones; que aun cuando no transparentó el ITBIS en el formulario de presentación de oferta económica, en el mismo se encontraba como anexo el documento “listado de materiales y equipos” en la cual consta transparentado el ITBIS de las partidas requeridas por el MOPC y que se verificó que la oferta de la recurrente fue evaluada con base a criterios que no fueron establecidos en el pliego.
Por tanto, se acoge el pedimento de la recurrente de que se ordene la reevaluación de su oferta económica, toda vez que los alegatos tienen mérito y procede la nulidad del informe de evaluación económica por el MOPC haber evaluado la oferta económica de la recurrente con base a criterios no establecidos en el pliego de condiciones, y por ende también se acoge el pedimento de anular el acta de adjudicación, por haber sido emitida con base a un informe de evaluación de ofertas económicas pasible de nulidad, por lo que, el MOPC deberá reevaluar las ofertas económicas y emitir los actos subsiguientes que correspondan.

Se rechazan sin hacer constar en el dispositivo de la resolución los pedimentos relativos a la nulidad de cualquier acto administrativo derivado de la adjudicación, toda vez que el acto que se deriva de la adjudicación es el contrato, y aun cuando los alegatos de la recurrente tienen mérito, dicha solicitud es competencia de la jurisdicción contenciosa- administrativa.

Asimismo, se rechaza sin hacerlo constar en el dispositivo de la resolución, el pedimento de que se le reserve el derecho para depositar posteriormente en caso de ser necesario cualquier documento en apoyo del recurso jerárquico, en vista de que una vez agotada la fase de instrucción, y el expediente quedar en estado de fallo, conforme al debido proceso administrativo, no es posible depositar ningún documento posterior, en virtud del principio de inmutabilidad del proceso y la garantía del derecho de defensa de las partes.

En cuanto al pedimento de que se le haga entrega sin dilación alguna de las evaluaciones realizadas en proceso de evaluación de las ofertas económicas, esta Dirección General como ha advertido que el informe de evaluación de ofertas económicas no se encuentra publicado en el Portal Transaccional, y en esas atenciones, ordena al MOPC a publicar en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, la gestión completa del procedimiento, y en particular el informe de evaluación de ofertas económicas, por lo que una vez publicados los documentos, deberá notificar tanto a esta Dirección General como a la recurrente, la razón social Angarita Investment, S.R.L., en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fecha de publicación, que ya se encuentran cargados, con lo cual queda satisfecho el pedimento de la recurrente en ese sentido.
Se acoge, debido al mérito del alegato en cuanto a que la oferta del adjudicatario contenía discrepancias que no eran susceptible de aclaración o subsanación
Se rechaza, debido a que aun teniendo merito uno de sus alegatos para realizar la reevaluación y posterior adjudicación este Órgano Rector tendría que realizar una labor técnica y de ponderación de aspectos que escapan el ámbito de su competencia
Se rechaza sin hacer constar en el dispositivo de la resolución el pedimento relativo a que esta Dirección General debe establecer una investigación, toda vez que las actuaciones de oficio se efectúan por decisión propia sin previo requerimiento de parte interesada.
Visto lo anterior, si bien la recurrente presentó en su oferta estos documentos para cumplir con el requisito de programa de control de plagas, es menester aclarar que no lleva razón la recurrente en ese sentido, ya que tal como lo evaluó el INABIE, son documentos de registros de fumigaciones efectuadas en las instalaciones de la recurrente, pero que acorde con lo requerido en el pliego de condiciones, que es que “El almacén debe tener un programa de control de plagas que indique: tipo de plaga a controlar, método de control, productos químicos, lugar, frecuencia, se deben llevar registros de las actividades del control de plagas. Los productos químicos deben ser autorizados para ser utilizados en la industria de alimentos”, no se aprecia que los documentos aportados se ajusten a lo requerido por el INABIE, tal como fue verificado por dicha institución en los documentos de su oferta y en la posterior visita técnica. por tanto, se RECHAZA en cuanto al fondo el recurso presentado.

No obstante la falta de mérito del recurso, de acuerdo con el mandato del artículo 36 numeral 6 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, este Órgano Rector ha constatado que en el marco de las revisiones realizadas para responder los alegatos y pedimentos de las partes, que en el procedimiento por Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2022-0055, el INABIE incumplió el artículo 6 del Decreto Núm. 350-17 que establece el uso obligatorio del Portal Transaccional, de fecha 14 de septiembre del 2017, dado que no se encuentran publicados las ofertas, informe de evaluación técnica, y económica, informe de subsanación, acta de adjudicación, formulario de visitas técnicas. Por lo que se ordena a IANBIE publicar la gestión completa de la licitación referida en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, y una vez publicado dicho documento, notificar a esta Dirección General, en un plazo no mayor d
La solicitud quedo satisfecha al esta Dirección General anular de oficio el Acta Núm. CCC-29-2022/CC-TSS-2022-2607 que resuelve el recurso de impugnación en contra del Acta Núm. CCC-11-2022 y a avocarse a conocer el fondo de su recurso de impugnación.
Se acogen los pedimentos ya que el acta de declaratoria de desierto no cumple con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley Núm. 350-06 y sus modificaciones, más aún cuando se verifica que no existe constancia de la existencia del informe preliminar justificativo donde se sustenten los motivos que conllevan a que el CCC declare el procedimiento desierto, lo anterior sin perjuicio de que del análisis del caso, se verifica que lo que procedía era cancelar el procedimiento. En ese sentido, se ordena al IAD a emitir los actos que correspondan y rectificar aquellos que procedan.
Tras revisar los plazos y la instancia contentiva de la impugnación contra el pliego de condiciones, fue constatado que la inadmisión de dicho recurso fue debidamente declara por parte del INAPA, ya que, fue verificado por este Órgano Rector, que la recurrente se encontraba fuera del plazo para impugnar el referido documento conforme al numeral 1 del artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, puesto que, interpuso su acción recursiva luego de haber transcurrido setenta y dos (72) días hábiles de la publicación del pliego de condiciones y por tanto, procede la inadmisión de su impugnación por extemporánea sin examen al fondo.
En ese sentido, la inadmisión declarada por INAPA, provoca la caducidad y la prescripción de accionar ante este Órgano Rector con el recurso jerárquico de que se trata, y por consiguiente es inadmisible el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente. Por tanto, no procede conocer el fondo de los reclamos presentados en el marco del recurso jerárquico interpuesto.
Se rechaza debido a que el Órgano Rector ha sido apoderado de un Recurso Jerárquico, y en tal sentido, es competente para revisar el expediente administrativo publicado en el PT por la institución contratante, así como los documentos aportados por las partes involucradas en la acción recursiva.
Se rechaza ya que a pesar de tener mérito sus alegatos, dicha actuación escapa los límites de la competencia de esta Dirección General, en atención del criterio de descentralización de la gestión operativa.
Se rechazan dichos pedimentos, toda vez que, no tienen mérito sus alegatos la: i) irrazonabilidad de la primera y segunda enmienda; ii) improcedencia de la descalificación de la recurrente, y iii) adjudicación irregular por no haberse suspendido el procedimiento, los cuales fueron desarrollados en los apartados B.1, B.3 y B.4 de la presente Resolución.
Se rechaza en cuanto al fondo el recurso, debido a que  la recurrente no lleva razón en cuanto era innecesario solicitarle los estados financieros y declaración jurada correspondiente al año 2021 toda vez que al momento de la subsanación, la recurrente debió haber presentado la declaración jurada del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2021, acorde con el artículo 300 del código tributario y 111 del Reglamento de Aplicación Núm. 139-98 de dicho impuesto, considerando que los contribuyentes personas jurídicas disponen de 120 días calendarios, luego de la fecha de cierre, para presentar y pagar dicho impuesto, siendo que en la especie, si bien al momento de presentar la oferta no se había vencido el plazo para tal cumplimiento, se constató que la fecha en que fue solicitada la subsanación de la declaración jurada de ISR de 2021, dicho documento debió haber sido presentado ante la DGII. En cuanto a la “carta compromiso” , se verificó que el recurrente omitió la presentación de la misma, cuando esto forma parte de la oferta técnica y no puede ser subsanable. De ahí que, frente a la omisión de documentos que no fueron subsanados y de la falta de cumplimiento de requisitos técnicos, se imponía la descalificación en derecho de la oferta de la recurrente.
En cuanto al fondo el recurso jerárquico, se rechaza toda vez que, si bien recae un mérito parcial sobre la falta de notificación de ciertos documentos emitidos en el marco del procedimiento, no menos cierto es que al verificar el contenido del informe preliminar de evaluación de ofertas técnicas emitido por los peritos en fecha 25 de abril de 2022, se identificaros requisitos que la recurrente podía subsanar, sin embargo, conforme al mismo informe, la oferta de la recurrente careció de requerimientos catalogados como “no subsanables”, como es el plan de trabajo, el plan de soporte operativo, mantenimiento, administración y acompañamiento, al igual que la planeación de capacidad tecnológica, situación que fue reiterada en el Acta Núm. AMSC-05-2022, contentiva de la aprobación del informe preliminar de ofertas técnicas, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones en fecha 25 de abril de 2022.  De ahí que, no procede revocar la Resolución Núm. 01-2022 que da respuesta al recurso de impugnación, así como tampoco declarar la nulidad del acta de adjudicación.
Se rechaza el recurso jerárquico presentado por la recurrente debido a la falta de mérito de sus alegatos presentados en cuanto a adjudicación ilegítima de la razón social Suplidora Rosalian, S.R.L., porque supuestamente no tenía registrado en su RPE el rubro correspondiente a los ítems adjudicados. En ese orden, se reitera el precedente de que el RPE no habilita a los proveedores para ser adjudicados en un determinado procedimiento de contratación pública, sino que corresponde a la institución contratante evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas por cada uno de los oferentes, a los fines de ser adjudicado la mejor oferta que represente los intereses de la institución y sus necesidades a contratar. Asimismo, se reitera que cualquier proveedor puede solicitar la incorporación de nuevas actividades comerciales en su constancia de RPE ya en la etapa de subsanación, siempre que de su registro mercantil se pueda fundamentar y evidenciar la incorporación de los rubros y actividades. (Resolución Núm. RIC-237-2020).
Se rechaza el fondo del recurso jerárquico toda vez que se comprobó que la recurrente subsanó la documentación requerida fuera del plazo previsto para estos fines en el cronograma de actividades contenido en el pliego de condiciones del procedimiento, subsanado la documentación el día previsto para la ponderación y evaluación de los documentos requeridos a subsanar. 
Se rechaza el fondo del recurso en atención a que  los alegatos del recurrente no tienen mérito, pues se verificó que el Consejo Nacional de Cambio Climático respondió la impugnación interpuesta dentro del plazo establecido en el artículo 67 de la Ley Núm. 340-06   y se aclara que la compra por debajo del umbral no son procedimientos competitivos, por lo que solo basta una cotización para adjudicar, son compras directas que pueden llevar a cabo las instituciones contratantes cuando el monto es inferior al umbral mínimo establecido para las compras menores, en  esas atenciones las compras por debajo del umbral no conlleva establecer criterios de evaluación de la oferta económica y/o criterios de adjudicación basados en el menor precio por lo que no era requerido realizar una comparación de los mismos, además se verificó que la oferta fue externa, es decir presentada en físico por lo que la fecha que se indica es la relativa a cuando fue cargada por la institución en el Portal Transaccional, por lo que no se puede advertir que haya sido presentada fuera del plazo y en cuanto al cumplimento técnico determinar esto corresponde a los peritos de la institución contratante, que en el caso de la especie han determinado que la presentada por el recurrente no cumplía. En consecuencia, quedó satisfecho el pedimento de investigar sus reclamos y revisar el procedimiento y se rechaza el pedimento de corregir y adjudicar toda vez que lo solicitado escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector.
Que por el mérito de lo alegado procede la nulidad del informe de evaluación de ofertas económicas y por ende del acta de adjudicación, ya que la descalificación de la oferta económica de la recurrente sobrevino a causa de criterios subjetivos aplicados por los peritos, lo que constituye una violación al debido proceso. Y en consecuencia, procede ordenar la reevaluación de la oferta económica de la recurrente, para lo cual los peritos deberán ceñir su actuación a los criterios y metodología contenida en el pliego de condiciones del procedimiento Núm. CPADP-CCC-LPN-2021-0004, dejando constancia de su actuación en los informes que correspondan, a los fines de que posteriormente el comité de compras de la institución emita los actos administrativos que correspondan a raíz de la reevaluación señalada.
Se da mérito al alegato de la recurrente con relación a que el SENASA descalificó su oferta técnica Bajo criterios de evaluación que no fueron fijados para la etapa técnica, y que más bien, se encuentran estipulados para la evaluación de las ofertas económicas, y, además, cuando debía requerir la institución la subsanación y/o aclaración del plazo referido por la recurrente en el Formulario de presentación de oferta Núm. (SNCC.F.034), sin embargo, se debe observar que al momento de presentar el reclamo en fecha 4 de julio de 2022 ya los contratos estaban suscritos y en ejecución, y atendiendo al objeto contractual y la vigencia de los mismos, es evidente que a la fecha de emisión de la presente resolución ya ha transcurrido el tiempo de ejecución pairado en los contratos, lo que significa la posibilidad de que hayan sido ejecutados.
Aun cuando fue constatada la falta de fundamentación jurídica de la respuesta a la impugnación no se declaró la nulidad absoluta del acto administrativo debido a la relatividad de la falta, es decir, que no ha producido indefensión, en cuyo caso no corresponde anular el acto atacado. Además, la falta fue resuelta con el análisis realizado por el Órgano Rector al determinar que el Comité de Compras y Contrataciones de Edenorte ejecutó una corrección aritmética para el total de la oferta resultante de una suma, conforme el literal b) del artículo 92, del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12.
La Dirección General de Minería canceló el procedimiento de referencia debido a que el pliego de condiciones requería la presentación de una autorización de fabricante que a su entender solo la poseen los concesionarios de vehículos, y no es el caso de la única oferta presentada perteneciente a la razón social Esa Comercial, sin embargo, este Órgano Rector comprobó que el acto de cancelación no cumplió íntegramente con el debido proceso establecido en el artículo 24 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, toda vez que aun cuando se constató que dicha resolución fue emitida por el Comité de Compras y Contrataciones previo al acta de adjudicación, no  se ajustó al procedimiento previsto y no estuvo debidamente motivada, ya que, no se sustentó la cancelación del proceso en informes técnicos y legales debidamente justificados, y en adición, por no haberse sustentando una causal correspondiente para cancelar el procedimiento, sino más bien declararlo desierto ante el hipotético caso de que se determinara que la única oferta presentada no cumpliera con el pliego de condiciones en la etapa de evaluación técnica y/o económica.
Luego de examinar los puntos de conflicto esta Dirección General, a pesar de que la institución contratante estableció en las bases del procedimiento que las discrepancias entre la información registrada en el Formulario SNCC.F.0033 y la información ingresada en el Portal Transaccional darían lugar a la descalificación de las propuestas, de acuerdo a las disposiciones de Resolución Núm. PNP-03-2020 y. PNP-06-2020 y al  criterio de este Órgano Rector, lo que prevalece en esta situación es el contenido del Formulario SNCC.F.0033 contentivo de la oferta económica, pues en atención a los principios de razonabilidad e informalismo, cual la institución contratante debe considerar el contenido sustantivo del soporte en lugar de basarse únicamente en un error de digitación en el Portal Transaccional, solicitar aclaraciones y asegurarse de que las decisiones adoptadas sean proporcionales, justas y respeten los derechos de los proveedores, más aun cuando el principal objetivo de requerir un soporte o anexo como es el formulario de oferta económica SNCC.F.033 es respaldar y complementar la información proporcionada en el Portal Transaccional, a fines brindar mayor claridad, precisión y detalles sobre los aspectos específicos de la propuesta.. De ahí que se procediera a anular la Resolución Núm. INABIE-RI-CCC-2022-25, emitida en fecha 23 de agosto de 2022 en respuesta a su recurso de impugnación presentado y la Resolución Núm. INABIE-DCC-Núm.1-2022 emitida en fecha 28 de julio de 2022 mediante el cual el INABIE le descalificó del procedimiento en cuestión y ordenara la reevaluación de la oferta económica de la recurrente y la emisión de los actos administrativos subsiguientes que correspondan conforme al debido proceso.
A pesar de que los pedimentos de fondo del recurso jerárquico presentado por la recurrente fueron rechazados, en atención al mérito de su alegato respecto a la improcedencia de la descalificación de su propuesta económica por supuestamente no haber transparentado el ITBIS, este Órgano Rector ordenó al INABIE, revisar la decisión adoptada con relación a la oferta de la recurrente Panadería Respostería Mimasa, E.I.R.L., y emitir los actos administrativos necesarios subsiguientes según aplique, dado que, al tratarse de un procedimiento en el que la institución había fijado un precio único al que los oferentes debían adherirse, no habría competencia por precios, por lo que, el monto correspondiente al ITBIS era el mismo para todas las ofertas, en razón de qué el por ciento de este tributo se aplica sobre el precio del bien o servicio, que previamente fue fijado por INABIE.
Se acoge el fondo del recurso jerárquico toda vez que se constató que INABIE actuó contrario a la buena administración, al principio de razonabilidad y proporcionalidad al descalificar la oferta de la recurrente por no haberse realizado la visita técnica y comprobar el formulario de capacidad instalada, aun sabiendo los motivos que le impedían estar presente al momento de la visita,  así como no responderle la solicitud de reprogramación de forma motivada y oportuna dejándola es un estado de expectativa.  Por tanto, se anula el acta Núm. 190-2022 que aprueba el informe de evaluación técnica y de ordenar al Comité de Compras y Contrataciones del INABIE realizar la visita técnica a la cocina de la recurrente. El INABIE deberá realizar la visita técnica a la cocina de la recurrente y posteriormente emitir los actos administrativos que correspondan.
Se rechaza el fondo del recurso jerárquico toda vez que la resolución recurrida Resolución Ref. INABIE-CCC-RI-2022-292 de fecha 31 de agosto de 2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE esgrime de forma concreta la razón de la descalificación de la oferta del recurrente, por lo que no carece de motivación y de igual forma,  se comprobó que la recurrente subsanó la documentación requerida fuera del plazo otorgado para esos fines en la notificación de documentos a subsanar, subsanado en fecha 6 de agosto de 2022, cuanto el plazo otorgado era hasta el 4 de agosto de 2022.  Por tanto, de rechazan las pretensiones de la recurrente de que  sea acogida la impugnación interpuesta y se deje sin efecto la inhabilitación de la oferta técnica del recurrente  en razón de que la subsanación siempre debe obedecer a una condición preexistente del oferente, y en la especie de verifica que la recurrente no disponía de la certificación de referencia bancaria sino que más bien, a juzgar por los hechos, esperó la etapa de subsanación para solicitar a la entidad bancaria el documento, aun cuando dicha certificación era necesaria y se indicó como un requisito para que los oferentes la presentaran, y en este caso,  tal como indica la institución, los oferentes tuvieron conocimiento de este requisito 2 meses antes de la presentación de ofertas.
Se rechaza el fondo del recurso jerárquico toda vez que se comprobó que la recurrente subsanó la documentación requerida fuera del plazo previsto para estos fines y al no haber subsanado en tiempo no podría beneficiarse de la decisión del Comité de Compras y Contrataciones de INABIE de habilitar a aquellos oferentes que tuvieran algún aspecto a corregir a partir de la visita técnica a sus unidades productivas -cocina- , puesto que para eso la oferta debió cumplir con todas las documentaciones requeridas y en todo caso haber subsanado en el plazo establecido. Por tanto, al carecer de mérito sus alegatos se rechazan sus pedimentos relativos  a la revocación de la resolicion Num. INABIE-RI-CCC-2022-128, a que se le ordene al INABIE que habilite  la oferta de la recurrente y que el Órgano Rector  solicite al INABIE el expediente para estar mas edificado.
Se acoge el medio de medio de inadmisión por extemporáneo planteado por la Empresa de Distribución Eléctrica del Norte (EDENORTE), en cuanto a que el recurso jerárquico fue presentado fuera del plazo de los 10 días hábiles del artículo 67, numerales 1 y 8 de la Ley Núm. 30-06 y sus modificaciones, es decir, el recurso en cuestión fue interpuesto el 18 de julio del año 2022, un día hábil después del vencimiento del plazo para su presentación, ya que el acto recurrido fue notificado el día 1 de julio de 2022
Los argumentos de la recurrente se circunscribieron a la alegada falta de motivación del acto que da respuesta a su recurso de impugnación, y al alegado trato discriminatorio al no requerírsele aclaración durante la segunda evaluación de las ofertas, sin embargo, se determinó la falta de mérito de los mismos, debido a que, por una parte, en cuanto a la falta de motivación se comprobó que la institución contratante se refirió a los planteamientos esbozados por la recurrente en su recurso de impugnación y, no se pudo comprobar que la razón social BLS International Services Limited ciertamente presentara un escrito ampliatorio, y por otra parte, en cuanto al alegado trato discriminatorio, se constató que la solicitud de aclaración es una potestad que le asiste a los peritos evaluadores cuando le surjan dudas relativas a una oferta y que es ejercida según el caso y no así una imposición normativa que implique solicitarle aclaración a todos los oferentes, y que la aclaración otorgada por la adjudicataria no constituyó una modificación sustancial de la oferta presentada, ya que no se crearon condiciones adicionales más allá de las existentes al momento de la presentación de la misma. En ese sentido, y  tomando en consideración la falta de mérito de los alegatos de la recurrente y en atención a que otra parte de los alegatos presentados en el recurso jerárquico por BLS International Services Limited, LTD fueron respondidos mediante la Resolución RIC-143-2022, y se encuentra afectados por la autoridad de la cosa juzgada, esta Dirección General rechazó todos los pedimentos y/o conclusiones de la recurrente, tendentes a que se anule el Segundo Informe Pericial Final de Evaluación de Ofertas Económicas de fecha 21 de noviembre de 2022, el Acta de Adjudicación Núm. 113/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, la Resolución Núm. 003/2023 de fecha 9 de febrero de 2023, y el procedimiento de Excepción por Exclusividad Núm. MIREX-CCC-PEEX-2022-0001, llevado a cabo para la “Contratación de proveedor de servicio externo para la recepción y tramitación de servicios consulares en el extranjero”, y a que se ordene la emisión de un nuevo informe definitivo de evaluación de ofertas económicas.
Se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente, debido a la falta de mérito de sus alegatos respecto a la invalidez de los resultados de la evaluación de la capacidad instalada por falta de objetividad del perito que realizó la visita técnica a sus instalaciones. Al ser constatado que ciertamente la recurrente en su oferta presentada para los Lotes Núms. 1, 3, 5, 17, obtuvo menor puntuación que los oferentes que resultaron adjudicados tal como refirió INABIE en su defensa.
Aun cuando no se pudo constatar lo alegado por el recurrente,  se constató que la descalificación de su oferta técnica sobrevino a causa de la violación al principio de debido proceso, pues se advirtió discrepancia entre el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE mediante Acta Núm. 0209-2022 de fecha 8 de julio de 2022 que calificaba la oferta del recurrente para la apertura de la oferta económica “Sobre B”, y por otro lado la comunicación INABIE-DCC-Núm. 120-2022 del 8.7.2022 emitida por la encargada de compras y contrataciones, que notifica la descalificación de la oferta. Se anula la referida comunicación INABIE-DCC-Núm. 120-2022 del 8.7.2022, y en consecuencia, se ordena al INABIE revisar la oferta del recurrente y determinar mediante el procedimiento y los actos establecidos para esos fines en la normativa aplicable a la materia, la calificación o descalificación de la oferta del señor Diógenes Pérez.  
Aun cuando no se pudo constatar lo alegado por el recurrente,  se constató que la descalificación de su oferta técnica sobrevino a causa de la violación al principio de debido proceso, pues se advirtió discrepancia entre el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE mediante Acta Núm. 0209-2022 de fecha 8 de julio de 2022 que calificaba la oferta del recurrente para la apertura de la oferta económica “Sobre B”, y por otro lado la comunicación INABIE-DCC-Núm. 122-2022 del 8.7.2022 emitida por la encargada de compras y contrataciones, que notifica la descalificación de la oferta. Se anula la referida comunicación INABIE-DCC-Núm. 122-2022 del 8.7.2022, y en consecuencia, se ordena al INABIE revisar la oferta del recurrente y determinar mediante el procedimiento y los actos establecidos para esos fines en la normativa aplicable a la materia, la calificación o descalificación de la oferta del señor Ronny Daniel Carpio Santana.
Aun cuando no se pudo constatar lo alegado por la recurrente,  se constató que la descalificación de su oferta técnica sobrevino a causa de la violación al principio de debido proceso, pues se advirtió discrepancia entre el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE mediante Acta Núm. 0209-2022 de fecha 8 de julio de 2022 que calificaba la oferta del recurrente para la apertura de la oferta económica “Sobre B”, y por otro lado la comunicación INABIE-DCC-Núm. 118-2022 del 8.7.2022 emitida por la encargada de compras y contrataciones, que notifica la descalificación de la oferta. Se anula la referida comunicación INABIE-DCC-Núm. 118-2022 del 8.7.2022, y en consecuencia, se ordena al INABIE revisar la oferta de la recurrente y determinar mediante el procedimiento y los actos establecidos para esos fines en la normativa aplicable a la materia, la calificación o descalificación de la oferta de la señora Irene Astacio Santana de Marte.  
La razón social TUCOFA, S.R.L., argumenta que fue descalificada por haber presentado la garantía de seriedad de la oferta en el Sobre A en lugar de hacerlo en el Sobre B, como establece el pliego de condiciones, no obstante, señala que esto se debió a un fallo en el Portal Transaccional y que la subdivisión de la oferta en técnica y económica solo aplica cuando la presentación es en físico, sin embargo, previó durante el conocimiento del fondo del reclamo se determinó que esta infringió los principios de inmutabilidad del proceso y preclusión al haber interpuesto un recurso jerárquico sustentado en motivaciones y pretensiones diferentes a las que se habían presentado en su recurso de impugnación original, lo cual implicó que la institución contratante no tuviera  la oportunidad de considerar tales motivaciones al evaluar el recurso de impugnación y tomar una decisión justa de la situación, y en consecuencia se rechazó el mismo por violación a los principios de inmutabilidad y preclusión.
En cuanto al fondo el recurso jerárquico, se rechazan sus pedimentos primero con relación a la revocación de la no habilitación de su oferta técnica, ya que se comprueba que la recurrente sí fue evaluado en los aspectos técnicos y su descalificación tuvo lugar en la evaluación económica; segundo, sobre la habilitación de su oferta económica, ya que se verifica que ciertamente el monto presentado en la póliza resultaba ser insuficiente en comparación con el monto de su oferta, tercero, se declara inadmisible su pedimento sobre la afectación al acta de adjudicación, pues no se comprobó el interés y calidad de esta para recurrir dicho acto y por último, se rechaza la nulidad de la Resolución Núm. INABIE-RI-CCC-2022-240 que da respuesta a su recurso de impugnación, pues se constata que  el INABIE si dio respuesta a los planteamientos realizados en su recurso de impugnación. 
Se anula el Acta Núm. 0367-2022 de fecha 14 de septiembre de 2022 en cuanto a los lotes 6, 27, 29, 33 y 34, debido a que la misma revoca parcialmente la adjudicación de la recurrente sin que se haya agotado el debido proceso dispuesto en la norma para la revocación de actos administrativos favorables o se haya tomado la decisión en el conocimiento de un recurso de impugnación.
Luego de examinar los puntos de conflicto esta Dirección General, a pesar de que la institución contratante estableció en las bases del procedimiento que las discrepancias entre la información registrada en el Formulario SNCC.F.0033 y la información ingresada en el Portal Transaccional darían lugar a la descalificación de las propuestas, de acuerdo a las disposiciones de Resolución Núm. PNP-03-2020 y. PNP-06-2020 y al criterio de este Órgano Rector, lo que prevalece en esta situación es el contenido del Formulario SNCC.F.0033 contentivo de la oferta económica, pues en atención a los principios de razonabilidad e informalismo, cual la institución contratante debe considerar el contenido sustantivo del soporte en lugar de basarse únicamente en un error de digitación en el Portal Transaccional, solicitar aclaraciones y asegurarse de que las decisiones adoptadas sean proporcionales, justas y respeten los derechos de los proveedores, más aún cuando el principal objetivo de requerir un soporte o anexo como es el formulario de oferta económica SNCC.F.033 es respaldar y complementar la información proporcionada en el Portal Transaccional, a fines brindar mayor claridad, precisión y detalles sobre los aspectos específicos de la propuesta. Por tanto, se anula la Comunicación INABIE-DCC-Núm. 10-2022 contentiva de la notificación de descalificación de la oferta económica, y como consecuencia, se ordena al INABIE a revisar la decisión adoptada sobre la descalificación automática de la oferta de la recurrente y que proceda a emitir los actos administrativos necesarios subsiguientes según aplique.
En cuanto al fondo del recurso jerárquico, se rechazan sus pedimentos tomando en consideración que la descalificación de su oferta económica tuvo lugar debido a que el monto de la póliza aseguradora resultaba ser insuficiente, situación que se encuentra prevista en el pliego de condiciones como uno de los motivos para la descalificación automática de la oferta económica y clasificado como no subsanable.
: el Órgano Rector evidenció, que la institución contratante inobservó el principio de competencia consagrado en el artículo 21 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, así como el principio de participación establecido en el numeral 8 del artículo 3 de la referida Ley, que procura entre otras cosas la evaluación sin recaudos excesivos y que la institución tenga el mayor número posible de ofertas, al descalificar la oferta técnica presentada por la recurrente por presunta falta de información. Ya que, en el caso de la especie, aun cuando el recurrente no completó el formulario, sino que en su oferta remitió a la declaración jurada para el coordinador y supervisor y esta estar completada en cero o guiones sin acompañar de currículo ni certificaciones, no debía ser causal de rechazo de la oferta, pues esto ya había se había flexibilizado con la enmienda.
Por tanto, la recurrente con firmar la declaración jurada de personal de que se trataba se comprometía a contratar la totalidad “mínima” con las características inequívocamente establecidas en el numeral 2.14.4 del pliego de condiciones.
Se reconoce que en la contratación de servicios de este tipo de procedimientos está permitida la participación o presentación y oferta de nómina o personal a través de declaraciones juradas, de ahí que, en la mencionada enmienda, se dispuso que no disponían de la totalidad del personal podían presentarla mediante la declaración jurada la cantidad de personal a contratar que fuera necesaria para completar dicho requerimiento, lo que después en ocasión de la evaluación pericial fue desconocido.
La empresa Conztance´s Bakery & Catering, S.R.L., presentó un recurso jerárquico por silencio administrativo la recurrente alegando que el acto de notificación de descalificación de su oferta carece de motivación y no explica de manera clara el fundamento de dicha descalificación. Además, señala que desconoce el significado de "hallazgo en la debida diligencia", lo que genera confusión respecto a las razones específicas de su descalificación. La Dirección General determinó que tanto la notificación como el informe de evaluación se limitaron a mencionar genéricamente "hallazgos en la debida diligencia" como motivo de descalificación, sin proporcionar detalles ni establecer una vinculación con las causales establecidas en el pliego de condiciones. Esta falta de especificidad viola los principios de transparencia y objetividad, obstaculiza el derecho a la defensa de la recurrente y deja espacio para interpretaciones arbitrarias.
Al considerar la improcedencia de la descalificación de su propuesta económica por incongruencias en la colocación del valor total de la oferta, mientras que, en la oferta presentada en el Formulario Núm. SNCC.F.033 muestra el precio unitario total, se mantiene el criterio de este Órgano Rector que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el proveedor que conste cargado en dicha plataforma, y en efecto, se ordena al INABIE, revisar la decisión adoptada con relación a la oferta de la recurrente, y en efecto, se anula la Comunicación INABIE-DCC- Núm. 65-2022.contentiva de la notificación de descalificación de la oferta económica, y como consecuencia, al INABIE que proceda a emitir los actos administrativos necesarios subsiguientes según aplique.
Luego de examinar los puntos de conflicto esta Dirección General, a pesar de que la institución contratante estableció en las bases del procedimiento que las discrepancias entre la información registrada en el Formulario SNCC.F.0033 y la información ingresada en el Portal Transaccional darían lugar a la descalificación de las propuestas, de acuerdo a las disposiciones de Resolución Núm. PNP-03-2020 y. PNP-06-2020 y al criterio de este Órgano Rector, lo que prevalece en esta situación es el contenido del Formulario SNCC.F.0033 contentivo de la oferta económica, pues en atención a los principios de razonabilidad e informalismo, cual la institución contratante debe considerar el contenido sustantivo del soporte en lugar de basarse únicamente en un error de digitación en el Portal Transaccional, solicitar aclaraciones y asegurarse de que las decisiones adoptadas sean proporcionales, justas y respeten los derechos de los proveedores, más aún cuando el principal objetivo de requerir un soporte o anexo como es el formulario de oferta económica SNCC.F.033 es respaldar y complementar la información proporcionada en el Portal Transaccional, a fines brindar mayor claridad, precisión y detalles sobre los aspectos específicos de la propuesta.
Se rechaza el recurso jerárquico debido a que no se verificó mérito en los alegatos de presunta ventaja a un posible oferente en particular, ni de alegadas irregularidades en la emisión del pliego de condiciones, así como tampoco se constató que la recurrente llevara la razón en sus alegatos de emisión no conforme con la norma de circulares y enmiendas, pero se esclareció la naturaleza de las circulares y su distinción respecto a las enmiendas/adendas al pliego de condiciones, en el entendido de que las primeras deben ser utilizadas para aclarar posibles dudas de los interesados en el procedimiento, mientras que las segundas corresponden cuando se modifican o agregan cuestiones en las bases de la contratación. Tampoco se determinó mérito en cuanto a la alegada falta de motivación de la respuesta al recurso de impugnación.
En cuanto a los pedimentos de la recurrente con relación a que se revoque la resolución que da respuesta a su recurso de impugnación, el mismo se rechaza, al considerar que no existen motivos que conlleven la afectación del referido acto administrativo. Al igual, se rechaza el pedimento de aperturar y habilitar su oferta económica, pues es una actuación que escapa del ámbito de aplicación del Órgano Rector, y sobre el pedimento de anular el procedimiento de manera parcial, el mismo es rechazado, al considerar el alcance de la acción presentada y que los efectos surgidos producto de la decisión del OR solo versan sobre los lotes donde participó la recurrente.
Ahora bien, al comprobarse que el pliego de condiciones no establece de manera clara cuáles eran los parámetros que debían ser utilizados para la evaluación de la visita técnica a las instalaciones, las decisiones rendidas por los peritos quedan en un margen de subjetividad, pues no existe medio alguno donde se pueda comprobar o verificar la veracidad de los datos que reposan en los formularios de visita técnica, en consecuencia, se acoge el pedimento de revocación de la decisión del CCC del INABIE de descalificar la oferta de la recurrente, y se ordena al INABIE a que emita los actos subsiguientes que resulten necesarios.
Esta Dirección General, luego de analizar los puntos en conflicto del recurso jerárquico de que se trata, concluye sobre los pedimentos de la recurrente lo siguiente: a) rechazar la solicitud de que sea revocada la resolución Núm. 08-2022, que da respuesta al recurso de impugnación, tras determinarse que carece de mérito la alegada falta de motivación del acto planteada por la recurrente; b) anular el Acta de Reunión del Comité de Compras y Contrataciones Públicas del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Núm. 5-2022 de fecha 3 de octubre de 2022, por comprobarse el mérito de lo alegado por la recurrente, de que su oferta fue descalificada por la aplicación de criterios subjetivos no informados en el pliego de condiciones; c) rechazar el pedimento de nulidad del acta de adjudicación del procedimiento, en razón de que la recurrente fue descalificada en la etapa de oferta técnica, no evidenciándose aspectos que afecten el acta de adjudicación en dicha etapa; d) rechazar el pedimento de nulidad del procedimiento ASDE-CCC-LPN-2022-0004, en razón de que no se verifican aspectos que conlleven la nulidad de pleno derecho del procedimiento, aun cuando tiene mérito lo alegado por la recurrente, en cuanto a que su descalificación en la etapa técnica obedeció a criterios no incluidos en el pliego de condiciones; e) rechazar la solicitud de la recurrente de que se ordene la celebración de un nuevo procedimiento de licitación pública, por cuanto primero la licitación pública referida no está siendo anulada por este órgano rector, y segundo, porque la decisión de iniciar o no un nuevo procedimiento de contratación proviene de manera exclusiva de la institución contratante acorde con el criterio de la descentralización de la gestión operativa contenido en el artículo 34 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, según el cual son las instituciones que determinan las necesidades a ser cubiertas mediante procedimientos de selección contenidos en la ley que rige la materia, siendo su obligación ceñir su actuación en el ordenamiento jurídico.
El recurso jerárquico se rechaza, toda vez que su alegato carece de mérito puesto que el INABIE revocó la adjudicación de la recurrente en ocasión del conocimiento de un recurso de impugnación, al haberse percatado de que la misma fue producto de un error en el cálculo del puntaje obtenido en la evaluación de su oferta técnica, y que su escrito de defensa respecto al recurso de impugnación, no fue tomado en cuenta para decidir la impugnación, debido a que fue presentado fuera del plazo.
Este Órgano Rector al considerar que el pliego de condiciones tiene precariedades con relación a los métodos a implementar a los fines de realizar la evaluación de las visitas técnicas, anula la notificación de descalificación respecto a la oferta de la recurrente, pues no hay forma de evidenciar cómo el perito llegó a una determinada conclusión. Por igual, contrario a lo que alega el INABIE, tanto en la respuesta a la impugnación como en el escrito de defensa presentado, se destaca el hecho de que no es cierto que los peritos actuantes en el marco de un procedimiento de contratación tengan “fe pública”, pues no existe normativa que así lo exprese.
Este Órgano Rector, al considerar que el pliego de condiciones tiene precariedades con relación a los métodos a implementar para realizar la evaluación de las visitas técnicas a las instalaciones de los proveedores, anula de manera parcial el Acta Núm. 0218-2022 contentiva de la aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnica, únicamente en lo concerniente a la evaluación de la oferta del recurrente, al igual que la comunicación mediante la cual se le notificó su descalificación, pues no hay forma de evidenciar cómo el perito llegó a una determinada conclusión
El señor Ángel Tobías Vásquez German presentó un recurso jerárquico alegando que no se le adjudicó debido a una presunta vinculación bancaria con Maca Grill Restaurante, S.R.L., pero niega ser titular de dicha cuenta. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil argumenta que la debida diligencia realizada por compras pública reveló una relación de cuenta bancaria en común entre el recurrente y la mencionada empresa, lo cual justificó su descalificación del proceso. Al respecto, se ha comprobado que la vinculación identificada se basó en una información incompleta. Se identificaron los primeros 10 dígitos de los números de cuenta de ambas empresas, omitiendo los 5 dígitos finales que diferenciaban la titularidad de cada cuenta.
En consecuencia, y tomando en consideración que la recurrente no tiene pedimentos concretos, se ANULA de oficio la Resolución Núm. INABIE-RI-CCC-2022-411 por haberse comprobado que no existía una vinculación bancaria entre los oferentes Ángel Tobías Vásquez German, y Maca Grill Restaurante, S.R.L., al momento de estas presentar oferta en el procedimiento en cuestión, se ANULA de oficio el Acta Núm. INABIE-DCC-Núm.2-2022 de fecha 28 de julio de 2022, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, por falta de motivación al no haberse dado a conocer al señor Ángel Tobías Vásquez German indicación de cuál fue el hallazgo de la debida diligencia que condujo a su descalificación, y se ordena al INABIE la reevaluación de la oferta del señor Ángel Tobías Vásquez German y posteriormente, a emitir los actos administrativos subsiguientes que correspondan conforme al debido proceso,. En conclusión, se da por satisfecha la solicitud hecha por la recurrente en su recurso jerárquico de que se aclare su situación y se le habilite nuevamente en el proceso para tener la posibilidad de resultar adjudicado.
Se acoge el fondo del recurso jerárquico toda vez que se constató que el INABIE actuó contrario a la buena administración, al principio de razonabilidad y proporcionalidad al descalificar la oferta de la recurrente por no haberse encontrado la dirección que le fue suministrada y aun habiéndose comunicado con la recurrente y esta explicarle que no estaría disponible en sus instalaciones por encontrarse interna en un clínica por su estado de embarazo, para que el perito realizara la visita técnica y comprobara el formulario de capacidad instalada, aun sabiendo los motivos que le impedían estar presente al momento de la visita, así como no responderle la solicitud de reprogramación de forma motivada y oportuna dejándola es un estado de expectativa. Por el mérito del alegato, este Órgano Rector acoge el fondo del recurso, anula el Acta Núm. 190-2022 que aprueba el informe de evaluación técnica y ordena al INABIE realizar la visita técnica a la cocina de la recurrente y posteriormente emitir los actos administrativos que correspondan.
Este OR al considerar que el pliego de condiciones tiene precariedades con relación a los métodos a implementar a los fines de realizar la evaluación de las visitas técnicas a las instalaciones de los proveedores, anula de manera parcial el Acta Núm. 0203-2022 contentiva de la aprobación del informe de evaluación de ofertas técnicas, de fecha 6 de julio de 2022, únicamente en lo concerniente a la evaluación de la oferta de la recurrente, pues no hay forma de evidenciar cómo el perito llegó a una determinada conclusión.
Se rechaza el fondo del recurso jerárquico toda vez que se comprobó que la visita técnica a la cocina de la recurrente no se llevó a cabo no porque el perito designado no se presentó, sino porque al momento de éste acudir a la cocina, la misma se encontraba cerrada, resultando descalificada su oferta. Asimismo, la recurrente no acreditó prueba que contrarreste lo demostrado por el INABIE respecto a que la cocina se encontraba cerrada al momento de que el perito se disponía a realizar la inspección. Por tanto, se rechaza el fondo del recurso jerárquico.
El recurso jerárquico se acoge, toda vez que pudo verificarse que el acta de adjudicación y el acta de rectificación de la adjudicación indican de forma infundada el puntaje total obtenido por los participantes, en base al cual se decidió la adjudicación, motivo por el que se anulan estos actos en cuanto al lote recurrido y la respuesta al recurso de impugnación por falta de motivación, así como también, se ordena a la institución contratante reevaluar las ofertas del lote anulado, emitir los actos correspondientes y publicar todo el procedimiento en el Portal Transaccional.
Este OR al considerar que el pliego de condiciones tiene precariedades con relación a los métodos a implementar a los fines de realizar la evaluación de las visitas técnicas a las instalaciones de los proveedores, anula de manera parcial el Acta Núm. 0203-2022 de fecha 6 de julio de 2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, contentiva de la aprobación del informe de evaluación de ofertas técnicas, únicamente lo concerniente a la evaluación de la oferta de la recurrente, pues no hay forma de evidenciar cómo el perito llegó a una determinada conclusión.
La razón social Kourtney Gourmet, S.R.L., fue descalificada del proceso de licitación por no transparentar el ITBIS y cometer un error en el monto unitario registrado en el Portal Transaccional, lo cual generó una discrepancia entre el monto de la oferta establecido en el formulario SNCC.F.033 y el establecido en el Portal Transaccional. Al respecto, esta Dirección General constató, por un lado, que ciertamente, la recurrente digitó incorrectamente el precio unitario y omitió digitar en la plantilla el porcentaje del ITBIS en el Portal Transaccional, y por otro lado, que la oferta presentada en el Formulario Núm. SNCC.F.033 sí contenía el dígito de la oferta económica correctamente y tiene agregado el ITBIS. En ese sentido, se reiteró el criterio de este Órgano Rector, de que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el proveedor que conste cargado en dicha plataforma, debe prevalecer la información contenida en el formulario firmado y sellado. En consecuencia, se anula el acto Núm. INABIE-DCC-Núm.11-2022, de fecha 2 de agosto de 2022, mediante el cual el INABIE le notificó la descalificación de su oferta económica en el procedimiento de contratación en cuestión y se ordena la reevaluación de la oferta económica de la recurrente, así como la emisión de los actos administrativos subsiguientes que correspondan conforme al debido proceso.
La razón social Nocay Food Incorporated, S.R.L., fue descalificada del proceso de licitación por no transparentar correctamente el ITBIS, lo cual generó una discrepancia entre el monto de la oferta establecido en el formulario SNCC.F.033 y el digitado en el Portal Transaccional. Al respecto, esta Dirección General constató, por un lado, que ciertamente, la recurrente digitó incorrectamente el ITBIS en el Portal Transaccional, y por otro lado, que la oferta presentada en el Formulario Núm. SNCC.F.033 sí lo contenía correctamente. De manera particular, se advirtió que el error se originó debido a que la recurrente intentó transcribir exactamente la información del formulario en el Portal Transaccional, sin embargo, esto no fue posible, ya que, el formato elegido en el formulario SNCC.F.033 para transparentar el ITBIS era el valor absoluto del mismo, mientras que el formato predeterminado del Portal Transaccional requería ingresar la tasa correspondiente al ITBIS, por lo que, el hecho de que el error se haya producido exclusivamente en el Portal Transaccional y no en el formulario de oferta económica SNCC.F.033, sugiere que la recurrente tenía la intención de ofrecer su oferta de acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, respetando el precio referencial y el porcentaje del ITBIS. En ese sentido, se reiteró el criterio de este Órgano Rector de que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el oferente que conste cargado en dicha plataforma, debe prevalecer la información contenida en el formulario firmado y sellado. En consecuencia, se ANULA de oficio la comunicación INABIE-DCC-Núm.08-2022 de fecha 28 de julio de 2022, contentiva de la notificación de descalificación de la oferta económica de la recurrente, y se ORDENA al INABIE que, en atención al mérito del alegato de la recurrente, reevalúe la oferta económica de la razón social Nocay Food Incorporated, S.R.L., tomando en consideración las motivaciones expuestas en la presente resolución; y posteriormente, según corresponda, deberá emitir los actos administrativos subsiguientes conforme al debido proceso.
Este Órgano Rector, al considerar que existe constancia de que el proveedor dio seguimiento a las visitas que debían realizar los peritos vía misiva recibida por el INABIE en fecha 31 de mayo de 2022 y no recibió respuesta de la institución, y por el contrario, el INABIE se limita a indicar que se intentó contactar en dos ocasiones con la recurrente y no se pudo llevar a cabo la visita y por eso la descalificación, pero no aporta ningún medio de prueba donde se confirme que ciertamente se agotó un proceso a los fines de poder dar con el paradero de las instalaciones, se acoge la acción presentada por la razón social Artiskfood, S.R.L., y se ordena al INABIE a realizar la visita y en efecto, se anula de manera parcial el Acta Núm. 0190-2022 de fecha 4 de julio de 2022, únicamente con relación a lo establecido sobre la oferta de la recurrente.
Este Órgano Rector, al considerar que existe constancia de que el proveedor dio seguimiento a las visitas que debían realizar los peritos vía correo electrónico y no recibió respuesta del INABIE, y por el contrario, el INABIE se limita a indicar que las instalaciones no fueron localizables y por eso la descalificación, pero no aporta ningún medio de prueba donde se confirme que ciertamente se agotó un proceso a los fines de poder dar con el paradero de las instalaciones, se acoge la acción presentada por la razón social Comedor el Buen Sabor de Juanga, S.R.L., y se ordena al INABIE a realizar la visita y en efecto, se anula la notificación de descalificación contenida en la Comunicación Núm. INABIE-DCC-Núm. 16-2022 de fecha 4 de julio de 2022.
Al considerar la improcedencia de la descalificación de su propuesta económica por omitir colocar el porcentaje del ITBIS en el PT, mientras que, en la oferta económica presentada en el Formulario Núm. SNCC.F.033 se muestra el precio de la oferta y el ITBIS desglosado, por lo que, este Órgano Rector reitera y mantiene el criterio de que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el proveedor que conste cargado en dicha plataforma, y en efecto, se anula la Comunicación Núm. INABIE-DCC-Núm. 18-2022 contentiva de la notificación de descalificación de la oferta económica de la recurrente, y como consecuencia, se ordena al INABIE a que proceda a emitir los actos administrativos subsiguientes que apliquen.
Se rechaza el fondo del recurso jerárquico ante la falta de pruebas sobre lo alegado por la recurrente que permitan: i) evidenciar los alegatos respecto a que la cocina de la recurrente estuviera abierta en horario regular, o en caso de que estuviese cerrada, el motivo particular que impidió realizar la inspección en la fecha prevista por el perito, o; ii) valorar que la recurrente haya agotado los medios necesarios para comunicarse con el perito y solicitar un seguimiento de la visita. Lo anterior, a los fines de ponderar conforme criterio de esta Dirección General en otros casos con situación similar, si la decisión de su descalificación ha sido realizada atendiendo los principios de razonabilidad, debido proceso y proporcionalidad, previstos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y la Ley Núm. 107-13.
El recurso jerárquico se rechaza, toda vez que se verifica que la duda generada entre la calificación o descalificación de la oferta técnica del recurrente se trató de un error corregido por la institución contratante con la emisión del Acta Núm. 0287-2022 de fecha 4 de agosto de 2022, la cual confirma el contenido de la notificación de descalificación, así como también, se verificó que conforme estableció la perito designada, la cocina no cumplió con algunos aspectos del formulario de visita técnica, lo que no exime al recurrente por el hecho de que la empresa sea nueva y no se encuentre en funcionamiento.
El recurso jerárquico se rechaza, toda vez que se ha determinado que la recurrente infringió los principios de inmutabilidad del proceso y preclusión, al haber interpuesto un recurso jerárquico sustentado en motivaciones y pretensiones diferentes a las que se habían presentado en su recurso de impugnación original, lo cual implica que la institución contratante no tuvo la oportunidad de considerar tales motivaciones al evaluar el recurso de impugnación y tomar una decisión justa de la situación, además, no se verifica la alegada falta de motivación de la respuesta al recurso de impugnación puesto que en el acto administrativo de respuesta, es apreciable que la institución contratante desarrolló una contestación al único alegato de la reclamación.
Este Órgano Rector, al considerar que existe constancia de que el proveedor dio seguimiento a las visitas que debían realizar los peritos y suministró la dirección del local, y el INABIE, en efecto, se limitó a indicar no se pudo llevar a cabo la visita y por eso la descalificación, pero no aporta ningún medio de prueba donde se confirme que ciertamente se agotó un proceso a los fines de poder dar con el paradero de las instalaciones, se acoge la acción presentada por la razón social PJT Gourmet, S.R.L., y se ordena al INABIE a realizar la visita y en efecto, se anula de manera parcial el Acta Núm. 0192-2022 de fecha 4 de julio de 2022 únicamente con relación a lo establecido sobre la oferta de la recurrente y, al igual la notificación de inhabilitación contenida en la Comunicación Núm. INABIE-DCC-Núm. 19-2022.
Por igual, no fue posible debido a la falta de prueba, que este OR pueda afirmar que existe un entrado societario entre la recurrente y otra de los proveedores, ya que se verifica que el domicilio de la recurrente y otro de los oferentes del procedimiento, se encontraban en locales distintos, por lo que de manera aislada esto no puede constituir un motivo automático de descalificación.
Se rechazan los pedimentos del recurso jerárquico en cuanto a anular el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y el acta de adjudicación, debido a que no se verificó mérito en los alegatos del recurrente, respecto a la evaluación incorrecta de su oferta técnica y, en atención a los principios de inmutabilidad y preclusión, no procede conocer el alegato de que la institución hizo excepciones discrecionales en la evaluación de las ofertas en procedimientos de contratación correspondientes a otras provincias, asimismo, se rechaza la solicitud de nulidad por falta de motivación de la Resolución Ref. INABIE-RI-CCC-2022-213 de fecha 10 de agosto de 2022, correspondiente a la respuesta al recurso de impugnación del recurrente, pues se aprecia que la institución contratante respondió a lo alegado en la reclamación.
El recurso jerárquico tiene mérito en cuanto a que no se identifican los criterios utilizados para evaluar la oferta de la recurrente y carece de motivación la respuesta al recurso de impugnación, motivo por el cual, se anula dicho acto administrativo y, al decidir los pedimentos de la acción de primer grado, se acogen parcialmente y en consecuencia se anula respecto a la recurrente el acta aprobación de los informes preliminares y se ordena a la institución contratante que emita los actos necesarios para explicar los resultados en la evaluación de la oferta técnica de la recurrente o reevalúe la oferta de la recurrente según el criterio de adjudicación establecido en el pliego de condicioness y publicar todo el expediente administrativo del procedimiento en el Portal Transaccional.
La razón social Hornilla Hot, S.R.L., argumenta que su descalificación se debe a problemas tecnológicos en el Portal Transaccional, ya que la cantidad de raciones en su oferta es inferior debido a que los lotes están calculados para un solo año escolar. También alega que la respuesta al recurso de impugnación carece de motivación y no se aplicaron adecuadamente las correcciones aritméticas. Además, señala que el INABIE ha infringido el principio de igualdad al dar respuestas favorables a otros proveedores en situaciones similares y no aplicar ciertos beneficios en su caso. Al respecto, esta Dirección General comprobó que en la respuesta a la impugnación el INABIE omitió referirse a la aplicabilidad el literal c del numeral 1.21 del pliego de condiciones relativo a las correcciones aritméticas, lo cual de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13.

Asimismo, si bien queda constatado que ciertamente, tal como refiere INABIE, la recurrente ingresó en el Portal Transaccional una oferta económica por debajo de la cantidad de raciones estipulada en el pliego de condiciones, conforme a lo señalado por el INABIE, no menos es cierto es que este Órgano Rector en decisiones anteriores ha referido que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el proveedor que conste cargado en dicha plataforma, debe prevalecer la información contenida en el formulario firmado y sellado. En cuanto las correcciones aritméticas, se determinó que casuista no se encuadra en los presupuestos fácticos que dispone la normativa o el pliego de condiciones para proceder con una corrección aritmética, sino que, en este caso, se configura una discordancia entre dos medios de información (formulario digital y formulario físico de oferta económica). Por último, no se advirtió ninguna violación al principio de igualdad, toda vez que los casos de comparación eran distintos o posteriores a la respuesta del recurso de impugnación de la recurrente.
La señora Luz Mercedes Galván Galván argumenta que su descalificación se debió a un error en la presentación del ITBIS en el Portal Transaccional, a pesar de que estaba correcto en el formulario de presentación oferta económica. Además, la recurrente señala que su descalificación por cuestiones formales en el Portal es injustificada, ya que los errores en dicha plataforma deberían ser irrelevantes si se presenta el formulario de oferta económica. Al respecto, luego de examinar los puntos de conflicto esta Dirección General comprobó que a pesar de que la institución contratante estableció en las bases del procedimiento que las discrepancias entre la información registrada en el Formulario SNCC.F.033 y la información ingresada en el Portal Transaccional darían lugar a la descalificación de las propuestas, de acuerdo a las disposiciones de Resolución Núm. PNP-03-2020 y PNP-06-2020 y al criterio de este Órgano Rector, lo que prevalece en esta situación es el contenido del Formulario SNCC.F.033 contentivo de la oferta económica, pues en atención a los principios de razonabilidad e informalismo, la institución contratante debe considerar el contenido sustantivo del soporte, en lugar de basarse únicamente en un error de digitación en el Portal Transaccional, solicitar aclaraciones y asegurarse de que las decisiones adoptadas sean proporcionales, justas y respeten los derechos de los proveedores, más aun cuando el principal objetivo de requerir un soporte o anexo como es el formulario de oferta económica SNCC.F.033 es respaldar y complementar la información proporcionada en el Portal Transaccional, a fines brindar mayor claridad, precisión y detalles sobre los aspectos específicos de la propuesta. De ahí que se procediera a anular de oficio la comunicación INABIE-DCC-Núm.16-2022 emitida en fecha 28 de julio de 2022 mediante la cual el INABIE le descalificó del procedimiento en cuestión y ordenara la reevaluación de la oferta económica de la recurrente y la emisión de los actos administrativos subsiguientes que correspondan, conforme al debido proceso.
El recurso jerárquico presentado por la señora Denef Ysabel Duarte Frías, tiene mérito en cuanto a que no se identifican los criterios utilizados para evaluar la oferta de la recurrente, motivo por el cual, se decide la nulidad del acta de adjudicación y del acta de rectificación de adjudicación, en cuanto los lotes 11 y 14, lo que amerita que el INABIE lleve a cabo una reevaluación de las ofertas con apego a lo definido en el pliego de condiciones y emita los actos administrativos subsiguientes que correspondan, de acuerdo con el debido proceso administrativo. Por otro lado, en cuanto al pedimento de la recurrente, de ordenar al INABIE conocer las propuestas técnicas y económicas de la recurrente y los demás participantes habilitados para dictar una adjudicación con base a los criterios del pliego de condiciones, y que se considere la oferta técnica presentada por la señora Denef Ysabel Duarte Frías con la calificación más alta dentro del municipio participante; lo anterior, en cuanto a ordenar a la institución contratante reevaluar las ofertas recibidas en los lotes 11 y 14 conforme a los parámetros definidos en el pliego de condiciones, pero en cuanto a que se ordene al INABIE considerar la oferta técnica de la recurrente como la de la calificación más alta, este Órgano Rector RECHAZA dicho pedimento, por resultar incompatible con las funciones y competencias del Órgano Rector, pues le compete a la institución contratante evaluar las ofertas presentadas en estricto apego y sujeción al pliego de condiciones, debiendo el órgano responsable del procedimiento dejar constancia escrita de su actuación, mediante documentos debidamente motivados y fundamentados, de modo que facilite el entendimiento de la decisión.

En otro orden, se rechaza el pedimento de que se solicite al INABIE elaborar un informe motivado de recomendación y calificación con los formularios de capacidad instalada, presentación de ofertas, información del oferente, oferta económica y las pólizas de garantía, toda vez que no se evidencian en los alegatos presentados, aspectos que conlleven a acoger este pedimento; y se reitera al INABIE la recomendación de continuar las capacitaciones de su equipo vinculado a los procedimientos de contratación pública.
Este Órgano Rector ha evidenciado luego de verificar los alegatos de las partes verificó lo siguiente, a saber:

Respecto de la falta de motivación de la resolución impugnada en cuanto a la garantía que dio lugar a la descalificación, que el mismo resulta extemporáneo toda vez que los aspectos reclamados son alegatos respecto al documento base de la contratación que si la recurrente entendía que el contenido del pliego de condiciones no era entendible, ésta debió presentar su consulta en el “periodo para realizar consultas por parte de los adquirientes”.

En cuanto a la omisión de estatuir respecto de la solicitud extensión del plazo de la garantía ya que la misma recurrente en su instancia de impugnación ha manifestado que el 7 de junio de 2022, mediante comunicación GG-168-2022, la empresa Edenorte Dominicana, S.A., le informó no resultó adjudicataria por motivo de que su garantía no cumplía.

Finalmente, sobre la alegada violación al debido proceso al no permitírsele presentar medios formales de prueba antes de la adjudicación, puesto que la normativa no contempla el inicio de una comunicación previa o el deber de guardar el principio de contradicción cuando se trata de la ejecución de un procedimiento de compra, mucho menos la presentación de medios de defensa a favor de una oferta que eventualmente ha de ser descartada, para ello están los recursos, posterior a la notificación

En consecuencia rechazó su pedimento de fondo de que se anulara la resolución recurrida y ordene a la institución contratante a reevaluar las ofertas económicas.
El recurso jerárquico tiene mérito en cuanto a que no se identifican los criterios utilizados para evaluar la oferta de la recurrente y fue interpuesto un recurso de impugnación previo, del que no se evidencia que la institución contratante haya emitido respuesta, sin embargo, el pedimento del recurso es que se ordene la nulidad de la adjudicación de los lotes recurridos, de lo cual no fueron planteados alegatos que permitieran acoger esta solicitud. Ahora bien, atendiendo al mérito del alegato sobre irregularidades en la evaluación técnica, se anula parcialmente de oficio el Acta Núm. 165-2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE en fecha 10 de junio de 2022, de aprobación del informe preliminar de evaluación técnica, en cuanto a los lotes 30, 31, 32, 33 y 34 y se ordena a la institución contratante que emita los actos necesarios para explicar los resultados de la recurrente o que reevalúe su oferta según el criterio de adjudicación establecido en el pliego de condicioness y publicar todo el expediente administrativo del procedimiento en el Portal Transaccional.
Se constató que si bien se encuentran completados cada una de las casillas requeridas tanto en la oferta presentada a través del Portal Transaccional, como aquella que consta en el Formulario SNCC.F.033, situación que concuerdan tanto la recurrente como el INABIE, no fue posible constatar el mérito de lo advertido por la recurrente, pues indica que su descalificación ocurrió por aplicación de criterios subjetivos, cuando realmente la misma se debe a que el cálculo realizado para obtener el monto correspondiente al ITBIS no fue el correcto, situación que se replica tanto en la oferta económica cargada como aquella digitada por el proveedor en el Portal Transaccional.
La señora Josephine Feliz García argumenta que su descalificación por no transparentar el ITBIS en la oferta digitada en el Portal Transaccional se debió a una presunta falta de conocimiento en la materia de los peritos actuantes y a errores de aspectos tecnológicos en la “parte de artículos y preguntas. También alega que la respuesta al recurso de impugnación carece de motivación y no se aplicaron adecuadamente las correcciones aritméticas. Además, señala que el INABIE ha infringido el principio de igualdad al dar respuestas favorables a otros proveedores en situaciones similares y no aplicar ciertos beneficios en su caso que si le fueron aplicados a otros procesos y oferentes. Al respecto, esta Dirección General comprobó que en la respuesta a la impugnación el INABIE omitió referirse a la aplicabilidad el literal c del numeral 1.21 del pliego de condiciones relativo a las correcciones aritméticas, lo cual de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13.

Asimismo, si bien quedo constatado que ciertamente, tal como refiere INABIE, la recurrente no transparentó el ITBIS en su oferta digitada en el Portal Transaccional, no menos es cierto es que este Órgano Rector en decisiones anteriores ha referido que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el proveedor que conste cargado en dicha plataforma, debe prevalecer la información contenida en el formulario firmado y sellado. En cuanto las correcciones aritméticas, se determinó que casuista no se encuadra en los presupuestos fácticos que dispone la normativa o el pliego de condiciones para proceder con una corrección aritmética, sino que, en este caso, se configura una discordancia entre dos medios de información (formulario digital y formulario físico de oferta económica). Por último, no se advirtió ninguna violación al principio de igualdad, toda vez que los proceso de comparación presentaban situaciones distintas a la de la recurrente y se le aplicó el protocolo de solicitud de certificación de error humano establecido por el INABIE.
Al considerar que el monto presentado en la fianza por la recurrente no abarca el 1% de la oferta económica, el INABIE descalificó su oferta, por encontrarse lo mismo establecido en el pliego de condiciones como una causal de descalificación el hecho de presentar la garantía por un monto o tiempo de vigencia insuficiente. Actuación que esta Dirección General la encuentra como valida.
Al considerar que ciertamente la póliza presentada por la recurrente en su oferta económica solo estaba vigente por un tiempo de tres meses, cuando lo requerido por el INABIE era de mínimo 6 meses, y, aun cuando la recurrente depositó una póliza con un tiempo de vigencia correcto en el recurso de impugnación, no es posible admitir la misma, pues se trata de un documento no subsanable, lo que en efecto conllevó la descalificación de su oferta y que este OR proceda a rechazar sus pedimentos, pues no se advierte mérito alguna que tenga como consecuencia aceptar sus requerimientos.
Se acoge el pedimento de anular el acta de declaratoria de desierto del procedimiento, toda vez que pudo verificarse que en la evaluación de la oferta económica de la propuesta de la recurrente, se recomienda su descalificación luego de considerar aspectos técnicos no contemplados en las bases de la contratación, mismo motivo por el que se anula de oficio el informe pericial de evaluación económica y se ordena a la institución contratante emitir los actos administrativos correspondientes según aplique. Asimismo, se rechaza el pedimento de la recurrente en cuanto a que se le declare adjudicataria del procedimiento, puesto que, a pesar de que los peritos determinaron que su oferta técnica cumplió y el monto ofertado fue el menor -siendo el criterio de adjudicación el precio más bajo-, este pedimento escapa de la competencia del Órgano Rector.
Se rechaza el recurso jerárquico debido a que no se verificó mérito en los alegatos de la recurrente, sobre la presunta falta de motivación de la respuesta al recurso de impugnación, así como tampoco en su alegato de que la institución desestimó su oferta por aspectos técnicos subsanables sin darle la oportunidad de corregirlos, pues se verifica que la recurrente fue descalificada por no cumplir con dos (2) aspectos vinculados a su experiencia como contratista y la del personal propuesto como jefe de oficina técnica y no por omisión de algún documento subsanable.
Se declara inadmisible el pedimento de nulidad del acta de adjudicación planteado por el recurrente en atención a que, tal y como lo expone la institución contratante, el mismo no formó parte de las conclusiones ni los alegatos del recurso de impugnación, al tiempo que se rechaza el pedimento de revocación del oficio de notificación de descalificación al recurrente, debido a que no se verificó mérito en los alegatos respecto a la evaluación incorrecta de su oferta técnica y, en atención a los principios de inmutabilidad y preclusión, no procede conocer el alegato de que la institución hizo excepciones discrecionales en la evaluación de las ofertas en procedimientos de contratación correspondientes a otras provincias, asimismo, se rechaza la solicitud de nulidad por falta de motivación de la Resolución Ref. INABIE-RI-CCC-2022-165 de fecha 9 de agosto de 2022, correspondiente a la respuesta al recurso de impugnación del recurrente, pues se aprecia que la institución contratante respondió a lo alegado en la reclamación.
El señor Wilson Hidalgo Martinez argumenta que su descalificación se debe a problemas tecnológicos en el Portal Transaccional, ya que la cantidad de raciones en su oferta es inferior debido a que los lotes están calculados para un solo año escolar. También alega que la respuesta al recurso de impugnación carece de motivación y no se aplicaron adecuadamente las correcciones aritméticas. Además, señala que el INABIE ha infringido el principio de igualdad al dar respuestas favorables a otros proveedores en situaciones similares y no aplicar ciertos beneficios en su caso. Al respecto, esta Dirección General comprobó que en la respuesta a la impugnación el INABIE no omitió referirse a la aplicabilidad el literal c del numeral 1.21 del pliego de condiciones relativo a las correcciones aritméticas.

En cuanto las correcciones aritméticas, se determinó que casuista no se encuadra en los presupuestos fácticos que dispone la normativa o el pliego de condiciones para proceder con una corrección aritmética, sino que, en este caso, se configura una discordancia entre dos medios de información (formulario digital y formulario físico de oferta económica). Por último, si bien queda constatado que ciertamente, tal como refiere INABIE, la recurrente ingresó en el Portal Transaccional una oferta económica por debajo de la cantidad de raciones estipulada en el pliego de condiciones, conforme a lo señalado por el INABIE, no menos es cierto es que este Órgano Rector en decisiones anteriores ha referido que cuando existan discrepancias entre la oferta digitada en el Portal Transaccional y el “Formulario SNCC.F.033” de presentación de oferta económica firmado y sellado por el proveedor que conste cargado en dicha plataforma, debe prevalecer la información contenida en el formulario firmado y sellado.
Se rechaza el recurso jerárquico presentado por la recurrente debido a la falta de mérito de sus alegatos presentados en cuanto a la nulidad del acta de adjudicación del procedimiento de que se trata, ya que aun cuando el acta de adjudicación se limitó a señalar los adjudicatarios del procedimiento, también se observa dicha decisión está vinculada al contenido del informe pericial de fecha 23 de mayo de 2023. De ahí que, este Órgano Rector concluye, que carece de mérito el alegato vertido por la recurrente respecto a la falta de motivación del acta de adjudicación del procedimiento de que se trata, toda vez que, fue constatado que el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Agricultura subsumió la motivación del “Acta Número 66-2022, contentiva del Acto Administrativo de Adjudicación del Proceso de Compras Núm. AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0001, para la Construcción del Centro de Biotecnología y Reproducción Animal (CEBIORA)”, en el “Informe Pericial del Proceso de LicitaciónCCC-LPN-2022-0001” de fecha 23 de mayo de 2022, el cual explica de manera detallada el proceso de la evaluación de las ofertas económicas de los oferentes habilitados, los criterios de evaluación utilizados, y las razones que llevaron a los peritos actuantes a recomendar la adjudicación de los lotes Núm. 1, 2 y 3, las razones sociales indicadas en el párrafo anterior. Además de que la recurrente planteó supuestas violaciones en que incurrió el comité de compras y contrataciones, las cuales se circunscriben en reclamos contra el pliego de condiciones, en concreto sobre la metodología de evaluación de ofertas, que son aspectos que debieron ser impugnados en los plazos y formas.
Se rechaza el recurso jerárquico presentado por la recurrente debido a la falta de mérito de sus alegatos presentados en cuanto a la nulidad del acta de adjudicación del procedimiento de que se trata, ya que aun cuando el acta de adjudicación se limitó a señalar los adjudicatarios del procedimiento, también se observa dicha decisión está vinculada al contenido del informe pericial de fecha 23 de mayo de 2023. De ahí que, este Órgano Rector concluye, que carece de mérito el alegato vertido por la recurrente respecto a la falta de motivación del acta de adjudicación del procedimiento de que se trata, toda vez que, fue constatado que el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Agricultura subsumió la motivación del “Acta Número 66-2022, contentiva del Acto Administrativo de Adjudicación del Proceso de Compras Núm. AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0001, para la Construcción del Centro de Biotecnología y Reproducción Animal (CEBIORA)”, en el “Informe Pericial del Proceso de LicitaciónCCC-LPN-2022-0001” de fecha 23 de mayo de 2022, el cual explica de manera detallada el proceso de la evaluación de las ofertas económicas de los oferentes habilitados, los criterios de evaluación utilizados, y las razones que llevaron a los peritos actuantes a recomendar la adjudicación de los lotes Núm. 1, 2 y 3, las razones sociales indicadas en el párrafo anterior. Además de que la recurrente planteó supuestas violaciones en que incurrió el comité de compras y contrataciones, las cuales se circunscriben en reclamos contra el pliego de condiciones, en concreto sobre la metodología de evaluación de ofertas, que son aspectos que debieron ser impugnados en los plazos y formas.
Al considerar las discrepancias advertidas en la oferta presentada mediante el formulario SNCC-F-033 donde el monto total de la oferta y lo sumado por cada lote no corresponde, y, cuando se verifica que por igual lo que se encuentra digitado en el PT no concuerda, se concluye que carece de mérito los alegatos de la recurrente, pues ciertamente al tomar en cuenta el monto total de su oferta según lo que consta digitado en el PT, el monto de la fianza resulta ser insuficiente, lo que conlleva la descalificación automática de su propuesta. sin perjuicio de que el monto que colocó la recurrente en el Formulario SNCC.F.033 es incorrecto, pues no es el monto total de la sumatoria de cada uno de los lotes y como fue expuesto, se desconoce mediante qué operación matemática fue obtenido el mismo. Por vía de consecuencia, sus pedimentos de que sea revocado el acto que da respuesta a su recurso de impugnación y en efecto, se habilite su oferta por ser la mejor, quedan rechazados, pues no se advierte merito alguna que tenga como consecuencia aceptar sus requerimientos.
Se ACOGE en cuanto a la forma, el recurso jerárquico por haber sido interpuesto de acuerdo a las formalidades requeridas en la normativa; se DECLARA la inadmisión sobrevenida por falta de objeto del recurso jerárquico por silencio administrativo en contra del Acta Núm. 0246-2022 sobre corrección de los reportes de ofertas técnicas; el Acta de Adjudicación Núm. 0298-2022 que conoce y discute el informe pericial de evaluación de las ofertas económicas; y la Notificación de descalificación INABIE-DCC-Núm. 16-2022, al haberse evidenciado que el INABIE dio respuesta al recurso de impugnación de la razón social D´ Francisca Frías Catering International, S.R.L., lo que hace que el recurso de apelación sustentado en el silencio de dicha institución carezca de objeto; COMPROBAR Y DECLARAR que aun cuando el INABIE indicó a la recurrente en la Resolución Ref. INABIE-RI-CCC-2022-424, que contaba con un plazo de diez (10) días para apelar ante el Órgano Rector dicho acto, no se evidencia que la recurrente haya ejercido dicho derecho, por cuanto, a la fecha de emisión de la presente decisión, no se verifican registros de un recurso jerárquico que haya sido presentado por la recurrente en contra del acto emitido por el INABIE.
A pesar de que la recurrente tiene mérito, pues la institución contratante descalificó la oferta del recurrente en base de criterios de evaluación que no fueron previamente establecidos en el pliego de condiciones, se rechaza los pedimentos de revocar la Resolución S/N de fecha 30.6.2022 emitida por el CPADB que da respuesta al recurso de impugnación presentado por la recurrente, ya que no se aprecian vicios contra dicho acto; en cuanto a anular el Acta de Adjudicación S/N de fecha 8.6.2022, si bien tiene mérito su reclamo en cuanto al fondo y lo que corresponde es anular el acta de adjudicación, ya no es posible desplegar los efectos de la nulidad, porque el procedimiento de referencia ha desplegado sus efectos, haciendo que la eventual nulidad no puede retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación económica y adjudicación, ya que los efectos de la contratación fueron materializados incluso antes de presentarse el recurso jerárquico que nos ocupa. Finalmente, en cuanto al requerimiento de adjudicar a favor de la recurrente el procedimiento se advierte que corresponde únicamente a las instituciones contratante adjudicar a los oferentes que corresponda, según los resultados obtenidos de los informes de evaluación de ofertas, por lo que no se pueden efectuar por este Órgano Rector lo solicitado por el recurrente.
Rechazado en cuanto al fondo. A pesar de que la recurrente no tenga merito sobre la alegada obstrucción a la información del procedimiento, la incongruencia en la oferta de la adjudicataria en cuanto al alquiler de maquinaria, la omisión del análisis del costo unitario y la adjudicación a una oferta que no cumple con el criterio de sustentabilidad, se da merito en cuanto a los vicios en los actos notariales de apertura de ofertas y en cuanto a la omisión de presentar la adjudicataria en su oferta el plan de trabajo, el cronograma de entrega y las certificaciones de experiencia. sin embargo, se debe observar que sus pretensiones de que se inhabilite - entendiéndose en este caso como sinónimo de descalificar – y que se le adjudique, son facultades de la institución contratante acorde con la normativa que rige la materia, ya que este Órgano Rector no se encuentra habilitado legalmente para descalificar o declarar adjudicatario a un oferente en un procedimiento de contratación, sino más bien para verificar, en sede administrativa, el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y ordenar a los entes u órganos que realizaron la evaluación, adjudicación o contratación a corregir la actuación antijurídica comprobada para ajustarla al ordenamiento jurídico.
En este caso, el Órgano Rector ha determinado que la UASD incumplió las disposiciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, relativos a los principios de eficacia y de economía y flexibilidad, así como el artículo 20 de la referida Ley, debido a la del documento base o ficha técnica del procedimiento, debido a la falta de información de los criterios de evaluación y adjudicación, lo cual no permitía que la UASD seleccionara objetivamente la oferta más conveniente. Por tanto, correspondía anular la adjudicación, no obstante no procedió tal decisión en atención a que a la fecha de presentación de su recurso jerárquico los trabajos de la contratación se encontraban en ejecución por lo que se admite que el mismo ha culminado.

Asimismo, se recomienda a la máxima autoridad de la UASD, que ordene a sus unidades de compras y a los posibles peritos, de dicha institución, que participen en formaciones de sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, y de ética varias.
En este caso, el Órgano Rector ha determinado que la UASD incumplió las disposiciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, relativos a los principios de eficacia y de economía y flexibilidad, así como el artículo 20 de la referida Ley, debido a la del documento base o ficha técnica del procedimiento, debido a la falta de información de los criterios de evaluación y adjudicación, lo cual no permitía que la UASD seleccionara objetivamente la oferta más conveniente. Por tanto, correspondía anular las especificaciones técnicas, no obstante, no procedió tal decisión en atención a que a la fecha de presentación de su recurso jerárquico los trabajos de la contratación se encontraban en ejecución por lo que se admite que el mismo ha culminado.

Finalmente para evitar que hechos similares se repitan, recomendó a la máxima autoridad de la UASD, que ordene a sus unidades de compras y a los posibles peritos, de dicha institución, que participen en formaciones de sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, y de ética varias.
La recurrente afirma que intentó presentar su oferta a través del Portal Transaccional, pero hubo problemas técnicos que impidieron su participación. Estos problemas incluyeron discrepancias en la lotificación de los ítems desplegados en el Portal Transaccional y un error que le impedía completar un ítem necesario para presentar la oferta. La recurrente documentó estos problemas adjuntando pruebas de los errores y los intentos fallidos de cargar la oferta. Además, sostiene que el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE infringió el principio de igualdad al no permitir su participación debido a las fallas técnicas y al rechazar su impugnación sin considerar las pruebas presentadas que demostraban las violaciones al principio de igualdad. Al respecto, se confirmó que la empresa Distribuidora Pharma-OL, S.R.L. enfrentó problemas técnicos y operativos que impidieron su participación en el proceso de contratación pública a través del Portal Transaccional. Estos desafíos incluyeron dificultades para encontrar el proceso y una avería técnica que impidió la carga de su oferta en línea, sin embargo es importante dejar constancia que el proveedor recibió de forma evidente asistencia técnica continúa en la que se ofrecieron diversas alternativas para lograr que el proveedor pudiera presentar la oferta.
Se declara que en el procedimiento de Compra Menor Núm. DNPesca-DAF-CM-2022-0005, la institución contratante, incumplió las disposiciones establecidas en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, contentivo del principio de economía y flexibilidad, así como el artículo 20 de la referida Ley, debido a la falta claridad de información del documento base o ficha técnica del procedimiento, debido a la carencia de criterios de evaluación y adjudicación debidamente descritos, lo cual no permitía que la institución contratante seleccionara objetivamente cuál era la oferta más conveniente y por lo tanto el adjudicatario más idóneo. De igual modo, se constató que la institución contratante no publicó el informe de evaluación de ofertas técnicas y económicas.
Mediante dicha resolución, y conforme se describe en la misma, la Dirección General identificó irregularidades graves que se traducen en violación al debido proceso, así como de los principios de igualdad y competencia, participación, racionalidad, proporcionalidad, debido proceso, por lo que, como consecuencia jurídica de las inobservancias y violaciones evidenciadas, se declaró la nulidad de pleno derecho del pliego de condiciones, y por vía de consecuencia, del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, y al ser identificadas las irregularidades en el pliego de condiciones, el cual constituye el núcleo de la licitación, este Órgano Rector enfatiza que los actos afectados de nulidad de pleno derecho no pueden, por tanto, surtir efectos jurídicos, en atención a que el vicio que afecta al acto administrativo no puede ser convalidado o legitimado por actos y actuaciones posteriores ejecutadas por los responsables del procedimiento. Por consiguiente, ningún acto administrativo o actuación desprendida del pliego de condiciones de esta licitación puede surtir efectos jurídicos, por fundamentarse en un acto afectado de nulidad, por lo que se reitera que el INTRANT deberá tomar las acciones que correspondan con relación al contrato suscrito, ya que se evidenció que se sustenta en actos y actuaciones que transgreden la normativa.

De igual manera, al constatarse las violaciones al debido proceso ya indicadas, se reitera que procede que, a los servidores y funcionarios que hayan participado en el procedimiento investigado, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, se les apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, agotando el debido proceso disciplinario
Se rechaza en cuanto al fondo el recurso, tras comprobarse que aun cuando la institución contratante incurrió en una falta al no emitir una circular a través del portal transaccional que proporcionara respuestas claras a las preguntas planteadas por la razón social A Fuego Lento, S.R.L., siendo del interés de la recurrente. Sin embargo, es relevante mencionar que las respuestas a esas inquietudes ya estaban detallas en el pliego de condiciones y ficha técnica del proceso y por inobservancia o desconocimiento la recurrente procedió a aguardar que la DGM responderá a otro interesado sobre aspectos de su interés, pero que ya estaban contemplados en el pliego de condiciones y ficha técnica del procedimiento, evidentemente, sin antes haber consultado previamente dichos documentos, por lo que si bien la institución contratante no dio respuesta mediante una circular para o a través del portal transaccional, ello no impidió que la recurrente presentara su oferta, por cuanto toda la información, incluso aquella requerida en la pregunta, constaba en el pliego y en la ficha técnica.
La recurrente indica que el hecho de que la institución exija que los proveedores cuenten con la totalidad de la mercancía en sus almacenes violenta la participación y más tratándose de una MIPYMES, a lo que se aclaró que si bien para un MIPYME puede ser un requisito un tan fuerte, el procedimiento no se encuentra limitado únicamente a MIPYMES, y que, lo que persigue la institución con dicho requerimiento es que los proveedores puedan cumplir con la entrega, pues la misma debe ser efectuada de manera inmediata cuando se realice la adjudicación.
Aún cuando es pasible la nulidad del informe que sustenta la descalificación de la recurrente y la cancelación del procedimiento, por haberse constatado una irregularidad en cuanto a la descalificación de la recurrente y violaciones a principios de la ley núm.340-06, la eventual nulidad carecería de efectos posibles. Esto es debido al tiempo transcurrido y el hecho de que la cancelación es un estado definitivo que cierra el procedimiento de referencia. De igual modo se celebró otro procedimiento por parte de la institución contratante, bajo la nomenclatura ADMPE-CCC-CP-2022-0003 incluso antes de que la recurrente presentara su recurso jerárquico el cual concluiría el 09 septiembre del 2022 con la suscripción de los contratos. Sin embargo, esto no ha podido comprobarse porque la documentación correspondiente no se encuentra publicada en el Portal Transaccional.
Se rechazan los pedimentos de anular el acta donde se declara el procedimiento desierto y de ordenar una reevaluación de la oferta de la recurrente en cuanto a la prueba realizada por la institución contratante a las muestras presentadas, debido a que se verifica que la misma recurrente reconoce que su producto no cumplió con las dimensiones requeridas en las especificaciones técnicas y las pruebas que la institución indica que realizó a las muestras, no incidieron en la calificación o descalificación de las ofertas. Sin embargo, se acoge el pedimento de que se remita a la recurrente la evidencia de la prueba realizada a las muestras de su producto y, en consecuencia, se ordena a la institución contratante notificar a la recurrente la documentación requerida y la publicación del documento en el Portal Transaccional.
La problemática se origina por errores aritméticos en las ofertas económicas de dos empresas participantes en un procedimiento. a recurrente argumenta que, al reconocer y corregir sus errores, Ingeniería en Aluminio merecía la adjudicación por presentar el precio más bajo. Además, sostiene que la Superintendencia de Bancos violó la legalidad al declarar desierto el procedimiento en lugar de otorgarle la adjudicación después de anular el informe de evaluación de las ofertas. Por su parte, la Superintendencia alega que ambas empresas cometieron discrepancias aritméticas en sus ofertas y que, aunque inicialmente se favoreció a una empresa por tener el menor costo, la impugnación reveló errores en la aplicación de normativas en la corrección de ofertas. Tras anular el proceso y retrocederlo, declararon desierto el procedimiento al considerar que ninguna empresa cumplió con todos los requisitos normativos para la adjudicación.

Al respecto, se comprobó que la Superintendencia de Bancos permitió que uno de los oferentes eligiera una oferta de menor monto a la que realmente ofreció, y al no haber evaluado las ofertas económicas tomando en consideración la cantidades calculadas correctamente, se verifica que esta no llevo a cabo de manera adecuada el procedimiento de corrección aritmética y evaluación de las ofertas económicas, sin embargo con la anulación del el acta de adjudicación y el informe de evaluación mediante el Acto Administrativo Núm. CCC-122-2022, el procedimiento se retrotrajo a la etapa de evaluación de ofertas económicas, lo cual le permitía aplicar educadamente la etapa de corrección aritmética, evaluar si la garantía de seriedad de la oferta de los oferentes resultaba suficiente, y en caso afirmativo una nueva acta de adjudicación. Asimismo, se verificó que si hipotéticamente se hubiese aplicado correctamente la corrección aritmética, la garantía de seriedad de la oferta de la recurrente resultaba suficiente, por lo que en consecuencia aun existía al menos una oferta valida con la posibilidad de resultar adjudicada, y por tanto no procedía declarar desierto el procedimiento.

En consecuencia, esta Dirección General acogió parcialmente el pedido de nulidad del Acto Administrativo Núm. CCC-122-2022 emitido el 29 de septiembre de 2022 en cuanto a la declaratoria de desierto, ya que tiene mérito el argumento sobre la improcedencia de dicha declaración. No obstante, rechazó la otra parte del pedido, la cual buscaba 'ordenar a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana emitir un nuevo informe de evaluación económica ajustado a la normativa vigente y al pliego de condiciones'. Esto se debe a que, al evaluar los posibles efectos materiales derivados de la mencionada nulidad, se hace de manera meramente declarativa, dado que la convocatoria y posterior adjudicación de un nuevo procedimiento con un objeto contractual idéntico generan la desaparición de las razones de interés público que justificaban la continuidad del proceso actual, lo que imposibilita sus efectos prácticos
Se rechaza el recurso jerárquico en sus pedimentos de evaluación de la oferta de la recurrente y nulidad del procedimiento en razón de que carecen de mérito los alegatos expuestos sobre que la presentación de ofertas solo a través del Portal sea un requisito severo que vulnere los principios de competencia y razonabilidad, y no es posible evidenciar que errores de la plataforma le hayan impedido participar presuntamente por no contar con todas las actividades comerciales requeridas en el procedimiento.
Se rechaza el recurso jerárquico presentado por la razón social Construcciones Civiles y Marítimas (COCIMAR), S.R.L., pues, por un lado, a pesar de que hubo interrogantes en cuanto a la forma en que debía presentarse la garantía de la seriedad de la oferta, no menos cierto es que la institución contratante emitió la Circular Núm. 01 de fecha 19 de mayo de 2022 donde aclaraba dicho punto. También se constata que la descalificación de la recurrente se encuentra motivada y fundada en la insuficiencia de la póliza presentada, situación que se encuentra previamente prevista en el pliego como un motivo de descalificación, y además se verificó que a pesar de poseer una oferta económica de precio inferior a la que resultó adjudicataria, el hecho de no cumplir con lo contemplado en el pliego, la descalifica a fines de ser favorecida con una adjudicación en el marco del procedimiento de referencia
Se rechazan los incidentes planteados, por carecer de fundamentos; se acoge en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, se rechaza debido a la falta de mérito de lo alegato de la recurrente en cuanto a la falta de publicación del criterio de evaluación de ofertas económicas basado en el presupuesto base, toda vez que la institución contratante publicó las enmiendas al pliego de condiciones indicando que tomaría en cuenta el 10% del presupuesto base para verificar la sostenibilidad de las ofertas, y cuya difusión fue previo a la presentación de la oferta económica, en cumplimiento con el principio de transparencia y publicidad., además de que carece mérito el alegato de la recurrente en cuanto la adjudicación a la razón social Armagedon Group, S.R.L., por un monto por debajo del 10% del presupuesto base, en vista de que el monto ofertado se encontraba dentro del rango previsto, siendo que los peritos y el comité evaluaron y adjudicaron acorde a dichas disposiciones.
La recurrente sostiene que EDESUR incumplió con su deber de motivación al no proporcionar una explicación suficiente y justificada para descalificar a GEMSA en los informes técnicos, y en el acta de aprobación por no verificar la evaluación de los peritos y simplemente aprobar el informe técnico sin un análisis. De igual manera, alega que el Pliego de Condiciones permitía usar Declaraciones Juradas para suplir personal no contratado, presentando estas declaraciones en cada lote. Consideran injusta la descalificación total de su oferta y acusan a EDESUR de no considerar estas declaraciones. Por su parte, EDESUR argumenta que los oferentes debían presentar personal mínimo diferente para cada lote y acusa a la recurrente de incumplir al presentar los mismos recursos en varios lotes.

Al respecto, esta Dirección General concluyó que no tiene mérito el alegato toda vez que los referidos documentos indican la razón de su descalificación posibilitando que como parte afectada entendiera la misma y así ejerciera las vías recursivas de manera efectiva sus intereses de manera apropiada durante todo el proceso. De igual manera concluyó que tiene mérito parcial el alegato de la recurrente respecto a la improcedencia de su descalificación, toda vez que tiene mérito en cuanto a que es injusto inhabilitar toda su oferta por haber presentado los mismos recursos humanos y vehiculares en los formularios F-01 y F-03 para todos los lotes en los que participó en lugar de haber considerado su oferta para al menos un lote, pero no tiene mérito en cuanto a que EDESUR infringió el pliego de condiciones al no haber considerado las declaraciones juradas presentadas para suplir el personal necesario no contratado. En consecuencia acoge el pedimento de la recurrente de declarar la nulidad parcial del informe de evaluación de las ofertas técnica “Sobre a” y la Resolución núm. 320-2022 de aprobación de informes definitivo de evaluación técnica en cuanto a su descalificación de todos los lotes, debido al mérito parcial, sin embargo solo acoge la referida nulidad de forma declarativa atención a que es imposible retrotraer el procedimiento y ordenar la reevaluación de sus ofertas debido a que al haberse revelado y evaluado las ofertas económicas ello implica que este ya se encuentre parcializado y sesgado a seleccionar uno de los lotes en el cual precisamente posee el menor precio, y por tanto, representaría una ventaja injustificada para la recurrente con relación a los demás oferentes, y en consecuencia RECHAZA su pedimento relativo a ordenar a Edesur Dominicana, S.A evaluar nuevamente su oferta, por las razones antes mencionadas.
Inadmisible de oficio el recurso, debido a que, la recurrente inobservó el debido proceso y optó por presentar un recuro jerárquico por silencio administrativo, cuando no hay evidencia de que haya depositado cumplido con el debido proceso de presentar el recurso de impugnación ante el MOPC, con alegatos y pretensiones que pudieran generar una respuesta por parte de la institución contratante, y, por consiguiente, no se configuraría el silencio administrativo. Además, al no haber evidencias del recurso de impugnación, tampoco se pudo verificar que el principio de inmutabilidad del proceso permaneciera inalterable en el recurso jerárquico, en el entendido de que la razón social Arquiconstrusa, S.R.L., no agotó debidamente el procedimiento de impugnación dispuesto en el referido artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones
En cuanto al fondo, se rechaza el pedimento del recurrente de que se declare desierto el procedimiento de que se trata, debido a que, de conformidad al criterio de descentralización de la gestión operativa, la Dirección General no tiene competencias para declarar desierto un procedimiento, además, sólo procede dicha declaratoria cuando no se presenten interesados o ninguna oferta cumpla con lo solicitado.
De igual forma, se rechaza en cuanto al fondo el recurso jerárquico, pues si bien la institución contratante inobservó las disposiciones sobre el debido proceso administrativo, al no emitir un acto administrativo motivado y firmado por el órgano competente con la enmienda al pliego de condiciones, no menos cierto es que, el portal transaccional notifica a los oferentes interesados en el marco de un procedimiento los cambios que se realizan durante la gestión, además, el correo que notifica la circular de los documentos a subsanar, le indica al proveedor verificar el numeral 2.5 del pliego de condiciones sobre el cronograma, por lo que, el proveedor debía tener conocimiento de la modificación a éste al momento de presentar sus documentos subsanados.
Asimismo, tiene mérito parcial lo referente a la subsanación del RPE definitivo, pues los consorcios no están obligados a presentar el registro de proveedor del Estado definitivo si no han resultado adjudicados en el marco de un procedimiento, sin embargo, sí se requiere la presentación de un RPE provisional. Además, el motivo de la descalificación no se debió exclusivamente a la presentación de dicha documentación, sino que no se realizó la presentación de ésta junto con el RNC y los estados financieros actualizados del consorcio, como se hizo constar en el Informe Final de evaluación de ofertas técnicas, de los cuáles no se verifica constancia de que fueran aportados por la recurrente a la institución.
Recurso jerárquico interpuesto por la razón social Adde Capital, S.A, en contra la Resolución Núm. CEIZTUR-16-2022, de fecha 16 de septiembre de 2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del Comité Ejecutor de Infraestructuras Zonas Turísticas (CEIZTUR), que da respuesta al recurso de impugnación presentado en el marco del procedimiento por Comparación de Precios Núm. CEIZTUR-CCC-CP-2022-0014, llevado a cabo para la “Habilitación de Planta de Tratamiento Juan Dolio, San Pedro de Macorís, relanzamiento”.
Recurso jerárquico Green Cables And Systems, S.R.L. vs EDENORTE. Se acoge el pedimento de anular la respuesta al recurso de impugnación, toda vez en este acto pudo comprobarse falta de motivación en razón de que no se hace constar el método que utilizó la institución contratante para la validación de las certificaciones ISO, aspecto que permitió calificar o descalificar propuestas participantes en el procedimiento, mismo motivo por el que se anula el “Informe de evaluación de credenciales y ofertas técnicas” emitido por el Comité de Compras y Contrataciones de EDENORTE en fecha 21 de junio de 2022 y se ordena a la institución contratante emitir los actos administrativos correspondientes según aplique. Asimismo, se rechaza el pedimento de la recurrente en cuanto a que se le habilite para la apertura de su oferta económica, puesto que se escapa de la competencia del Órgano Rector.
Recurso jerárquico Green Cables And Systems, S.R.L. vs EDENORTE. Se acoge parcialmente el pedimento de anular el acto de adjudicación y ordenar que se acojan las ofertas de la recurrente, toda vez que dicha petición de nulidad queda subsumida respecto a los ítems recurridos debido a que en una decisión previa esta Dirección General anuló el informe en que se sustenta dicha adjudicación. Asimismo, pudo comprobarse falta de motivación del Acto Administrativo Núm. RESS-CC-077-2022 de fecha 10 de agosto de 2022, de respuesta al recurso de impugnación de la recurrente, en razón de que no se hace constar el método que utilizó la institución contratante para la validación de las certificaciones ISO, aspecto que permitió calificar o descalificar propuestas en el procedimiento de referencia. Como consecuencia de la referida nulidad, al avocarse a conocer los pedimentos del recurso de impugnación se decide acoger parcialmente la solicitud de que se anule la adjudicación de los ítems recurridos y se declare adjudicataria a la recurrente, en razón de que la nulidad solicitada queda subsumida como consecuencia de que fue anulado el informe de evaluación de ofertas y todos sus actos subsiguientes respecto a los ítems referidos, pero ordenar a la adjudicación a favor de la recurrente es una labor que escapa de la competencia de este Órgano Rector.

Además, se rechaza el pedimento de que se designen peritos independientes para conocer el mérito de los alegatos planteados, puesto que los peritos son designados por el Comité de Compras de la institución contratante al inicio del procedimiento de contratación, y para conocer los recursos jerárquicos esta Dirección General no aprecia motivos para solicitar apoyo de especialistas.
En cuanto a los medios presentados, se rechaza la solicitud de nulidad del escrito complementario pues alegada violación al principio de inmutabilidad, pues se comprueba que no es una nueva acción, se constata que la acción sí fue presentada dentro del plazo previsto y que, de todos modos, la respuesta a la impugnación no contiene las vías y plazos y por último, aun cuando fue suscrita el acta de adjudicación, esta Dirección General puede verificar la ejecución del procedimiento y en caso de que se constate alguna violación, puede resultar afectados actos que ya fueron emitidos, por lo que, la pretensión de la nulidad del acta de adjudicación no carece de objeto.

En cuanto al fondo se verificó que la oferta de la recurrente fue descalificada ya que en la póliza presentada se establece como beneficiario al Seguro Nacional de Salud, y en el mismo documento, por igual, hace referencia al Servicio Nacional de Salud, lo que, en efecto, no permite de manera independiente, poder identificar la claridad de la garantía, lo que hace que la misma no cumpla con lo requerido en el numeral 2.18 del pliego de condiciones, además de que, los peritos no requirieron solicitar aclaración, a la vez no estaban compelidos a solicitarlas.

Considerando lo anterior, se rechazan los pedimentos de la recurrente de disponer la nulidad de la adjudicación y ordenar a la institución a replantear los criterios de adjudicación. Con relación al pedimento de indemnizar, el mismo queda rechazado y se aclara al recurrente que no recae sobre las competencias del Órgano Rector la competencia de poder determinar a ciencia cierta a quien le corresponde una indemnización, o en su defecto, el monto correspondiente, ya que, dicha potestad es competencia única de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Resolución-RIC-02-2022 - Pdf- 557 kb



Se rechazan las pretensiones de la razón social Topicverse, S..RL. tendentes a “cancelar” el procedimiento de Compra Menor Núm. PASP-DAF-CM-2021-0001, llevado a cabo por el PASP, toda vez que los alegatos de la recurrente no tienen mérito en cuanto a que fue irregular la adjudicación, al resultar ganador un oferente por una cantidad inferior a la requerida en el pliego y por un precio unitario superior al estimado, toda vez que se observa en primer orden, que la razón social Plásticos del Caribe, S.A., fue la única que cumplió con la oferta técnica, y habilitada para la apertura económica, por lo que, no resultaba razonable ni eficiente para la Administración desestimar su oferta, cuando ésta se ajustaba a las necesidades de la institución en satisfacción del interés general. Ahora bien, lo acontecido evidencia que se realizó un incorrecto estudio de mercado, pues 3 de las 5 ofertas presentadas estuvieron por encima del presupuesto del PASP, por lo que se recomienda a éste, en futuros casos, agotar debidamente la etapa de planificación, en particular, en cuanto a la realización de los estudios de mercado.
No obstante, se destaca que la cancelación de los procedimientos es una competencia de las instituciones contratantes, por el criterio de la descentralización de la gestión operativa y además éste debe realizarse conforme a las formalidades dispuestas en la normativa, antes de su adjudicación, en los términos del artículo 24 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y en el caso analizado este procedimiento ya se encuentra adjudicado.
Resolución-RIC-06-2022 - Pdf- 571 kb



En la decisión constata, preliminarmente que ciertamente la institución contratante incurrió en silencio administrativo al no responder su recurso de impugnación contra el acta de adjudicación, presentado en fecha 5.1.2021. Por otro lado, la misma ACOGE en cuanto a la forma, el recurso de jerárquico motivado en el silencio administrativo de la Dirección General de Comunidad Digna, presentado por la ingeniera Ana Enma Aracena, contra el Procedimiento de Compra Menor Núm. DGCD-DAF-CM-2021-0027, por haber sido interpuesto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

En cuanto al fondo de los dos alegatos; de un lado, se constató el mérito de la parte del alegato principal en cuanto a que la institución contratante no ciñó su actuación a lo establecido en el párrafo II del artículo 8 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, debido a que valoró la presentación de un “informe” que no fue exigido para la evaluación de las ofertas en la “ficha técnica”, pero no tuvo mérito la parte del alegato de que la institución contratante adjudicó a una oferta que no cumplía con los requisitos establecidos, pues de acuerdo a la ficha de evaluación de las ofertas, la adjudicataria cumplió con todos los criterios ponderados, razón por la cual se determinó que el alegato tiene mérito parcial.

Por otro lado en cuanto a la alegada violación a lo dispuesto en la Resolución Núm. PNP-06-2020 y la Núm. 8/2010, se determinó que al no especificar cuáles son las disposiciones o irregularidades concretas conforme el numeral 3 del artículo 23 de la Ley Núm. 107-13 su alegato no puede ser verificado y también se advirtió que en todo caso el mismo resultaría extemporáneo pues las resoluciones invocadas versan sobre etapas vinculadas a la etapa de preparación del procedimiento y cualquier reclamo debe ser presentado dentro del plazo de los 10 días dispuesto por la normativa.

No obstante el mérito del alegato se RECHAZA el pedimento de fondo de que se anule la orden de servicio del procedimiento y se ordene la adjudicación a su favor, debido a que la eventual anulación de la referida orden de servicio y posterior ordenanza de que se adjudique sería de cumplimiento imposible y carecería de efectos jurídicos.
Resolución-RIC-09-2022 - Pdf- 1.2 mb



Se determinó que tiene mérito el alegato en cuanto a que los resultados de la evaluación de las ofertas técnicas fueron notificados fuera del plazo establecido en el cronograma de la licitación, toda vez que, se pudo constatar que el Banco Agrícola tenía hasta el 25 de junio de 2021 para notificar dichos resultados, y los mismos fueron notificados a la recurrente el 1ero. de julio de 2021.

Ahora bien, carece de mérito el alegato sobre la invalidez del motivo por el cual fue descalificada la oferta técnica de la recurrente, toda vez que este Órgano Rector verificó que la recurrente no presentó en su oferta técnica uno de los ítems requeridos, omisión que representaba un aspecto sustancial y no susceptible de ser corregido, por tanto, aunque el Banco Agrícola no le notificara en el plazo establecido los resultados de su evaluación, su descalificación fue conforme al pliego de condiciones. Así como tampoco, se pudo establecer conforme a la documentación verificada en el Portal Transaccional, que su oferta cumple con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego, y con el requisito de control de asistencia y visitantes, dado que los fabricantes de los productos que ésta oferta, no certifican dichas informaciones en sus comunicaciones, y no fue presentada documentación alguna que permitiera comprobar lo alegado.
En cuanto al pedimento de la recurrente:
i. Se rechaza el pedimento de que se ordene reevaluar las ofertas presentadas en la licitación, toda vez que, aun cuando el Banco Agrícola no le notificara a la recurrente los resultados de su evaluación en el plazo previsto en el cronograma, no pudo constatarse a partir de los alegatos de la recurrente la existencia de aspectos que conlleve ordenar reevaluar.
Resolución-RIC-12-2022 - Pdf- 1.2 mb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo, primero; tiene mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 521/2021 que decide su recurso de impugnación, infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13, por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por el señor Jancarlos Acero Medina, y; segundo, tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que la institución contratante incurrió en un error al evaluar la póliza presentada, toda vez que, se constata que el INABIE no tomó en consideración el “formulario de presentación de oferta” cargado por el señor Jancarlos Acero Medina, sino que tomó en cuenta el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones, doscientos veintitrés mil ochocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 37/100 (RD$ 449,223,898.37), para calcular el 1% que exige el art. 112 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12, monto que es el que figura en el Portal Transaccional en la oferta económica digitada por el señor Jancarlos Acero Medina.

Sin embargo, se ha constatado que el monto considerado por el INABIE para realizar el cálculo del 1% de la póliza presentada, no correspondía, pues de advirtió al examinar la oferta digitada por la recurrente, que la misma no realizó el cálculo de la suma de los ítems requeridos en cada uno de los lotes donde mostró interés, sino que, se limitó a transcribir la cantidad total de ítems requeridos y su precio fijado por el INABIE para cada zona geográfica en el Portal Transaccional, generando como resultado que se reflejara en dicho Portal, que la recurrente estaba ofertando la totalidad de cada uno los ítems, por un monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones, doscientos veintitrés mil ochocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 37/100 (RD$ 449,223,898.37), lo cual es el equivalente al monto total de la licitación, en lugar de que se digitara solamente la cantidad puntual que correspondía a los cuatro lotes por los que tenía interés, por lo que, en ese caso, la institución no debía tomar en consideración la oferta digitada en el Portal, sino más bien, referirse al “formulario de presentación de oferta” donde la recurrente manifestó cuales eran los lotos donde tenía interés en participar y así lograr advertir el valor real de la oferta que debía ser tomado en cuenta a los fines de validar la cobertura de la garantía de seriedad.

Lo anterior, se interpreta al momento de evidenciar una discrepancia entre la configuración realizada por el INABIE en el Portal Transaccional y lo que establecía el pliego de condiciones, pues este último exigía la indicación por lotes, mientras que en el Portal los oferentes debían digitar las cantidades de ítems de cada lote, junto con los montos, por lo que este Órgano Rector infiere que esa diferencia pudo inducir a que la recurrente, colocase los datos de manera errónea, sin previamente identificar y calcular la cantidad de ítems que ciertamente estaba ofertando para cada lote.

En ese orden, respecto a los pedimentos de la recurrente, al esta Dirección General no tener potestad para adjudicar en atención al criterio de descentralización operativa, tiene a bien ORDENAR al INABIE, realizar una reevaluación de la oferta económica de la recurrente tomando en consideración lo establecido en la presente resolución respecto del monto que debe considerarse para el cálculo de la garantía de seriedad de la oferta, lo que establece el pliego de condiciones y en consecuencia, a emitir los actos administrativos subsiguientes que correspondan.
Resolución-RIC-13-2022 - Pdf- 1.2 mb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo, primero; tiene mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 522/2021 que decide su recurso de impugnación, infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13, por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por la razón social Suplidora Institucional Isvania, S.R.L. y; segundo, tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que la institución contratante incurrió en un error al evaluar la póliza presentada, toda vez que, se constata que el INABIE no tomó en consideración el “formulario de presentación de oferta” cargado por la razón social Suplidora Institucional Isvania, S.R.L. sino que tomó en cuenta el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones, doscientos veintitrés mil ochocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 37/100 (RD$ 449,223,898.37), para calcular el 1% que exige el art. 112 del Reglamento de Aplicación, Decreto Núm. 543-12, monto que es el que figura en el Portal Transaccional en la oferta económica digitada por la razón social Suplidora Institucional Isvania, S.R.L.

Sin embargo, se ha constatado que el monto considerado por el INABIE para realizar el cálculo del 1% de la póliza presentada, no correspondía, pues de advirtió al examinar la oferta digitada por la recurrente, que la misma no realizó el cálculo de la suma de los ítems requeridos en cada uno de los lotes donde mostró interés, sino que, se limitó a transcribir la cantidad total de ítems requeridos y su precio fijado por el INABIE para cada zona geográfica en el Portal Transaccional, generando como resultado que se reflejara en dicho Portal, que la recurrente estaba ofertando la totalidad de cada uno los ítems, por un monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones, doscientos veintitrés mil ochocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 37/100 (RD$ 449,223,898.37), lo cual es el equivalente al monto total de la licitación, en lugar de que se digitara solamente la cantidad puntual que correspondía a los cuatro lotes por los que tenía interés, por lo que, en ese caso, la institución no debía tomar en consideración la oferta digitada en el Portal, sino más bien, referirse al “formulario de presentación de oferta” donde la recurrente manifestó cuales eran los lotos donde tenía interés en participar y así lograr advertir el valor real de la oferta que debía ser tomado en cuenta a los fines de validar la cobertura de la garantía de seriedad.

Lo anterior, se interpreta al momento de evidenciar una discrepancia entre la configuración realizada por el INABIE en el Portal Transaccional y lo que establecía el pliego de condiciones, pues este último exigía la indicación por lotes, mientras que en el Portal los oferentes debían digitar las cantidades de ítems de cada lote, junto con los montos, por lo que este Órgano Rector infiere que esa diferencia pudo inducir a que la recurrente, colocase los datos de manera errónea, sin previamente identificar y calcular la cantidad de ítems que ciertamente estaba ofertando para cada lote.

En ese orden, respecto a los pedimentos de la recurrente, al esta Dirección General no tener potestad para adjudicar en atención al criterio de descentralización operativa, tiene a bien ORDENAR al INABIE, realizar una reevaluación de la oferta económica de la recurrente tomando en consideración lo establecido en la presente resolución respecto del monto que debe considerarse para el cálculo de la garantía de seriedad de la oferta, lo que establece el pliego de condiciones y en consecuencia, a emitir los actos administrativos subsiguientes que correspondan.
Resolución-RIC-14-2022 - Pdf- 1 mb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo, primero; tiene mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No.520/2021 que decide su recurso de impugnación, infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13, por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por D Inversiones & Servicios Segura Filpo, S.R.L., y; segundo, tiene mérito el alegato en cuanto a que el INABIE incurrió en un error al evaluar la póliza presentada, toda vez que, se constata que el INABIE no tomó en consideración el “formulario de presentación de oferta”, donde ésta había identificado los lotes en los que estaba participando, sino que se limitó a comprobar los datos digitados en el Portal Transaccional, en lo cual existe un error de las cantidades, producto de la confusión que podía incurrir a los proveedores, la manera en cómo fue estructura la licitación en dicha plataforma.

Respecto a los pedimentos de la recurrente, esta Dirección General rechaza lo relativo a adjudicar a la recurrente los lotes R-03, R-04 y R-05, debido a que escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector, en atención al criterio de descentralización operativa.

Ahora bien, en atención al mérito de los alegatos: i) Se anula el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No.520/2021, que da respuesta a la impugnación de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, y; ii) se anula el acto de “notificación de descalificación de oferente en evaluación de ofertas económicas (sobre b)” de fecha 28.9.2021,y en consecuencia se ORDENA, al INABIE, realizar una reevaluación de la garantía de seriedad de la oferta de la recurrente, conforme a lo que establece el pliego de condiciones y lo constado en la resolución, y en consecuencia, a emitir los actos administrativos subsiguientes que correspondan.
Resolución-RIC-15-2022 - Pdf- 1.2 mb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo, primero; tiene mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No.519/2021 que decide su recurso de impugnación, infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13, por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por D Wilden Pujols Exquisites, S.R.L. y; segundo, tiene mérito el alegato en cuanto a que el INABIE incurrió en un error al evaluar la póliza presentada, toda vez que, se constata que el INABIE no tomó en consideración el “formulario de presentación de oferta”, donde ésta había identificado los lotes en los que estaba participando, sino que se limitó a comprobar los datos digitados en el Portal Transaccional, en lo cual existe un error de las cantidades, producto de la confusión que podía incurrir a los proveedores, la manera en cómo fue estructura la licitación en dicha plataforma.

Respecto a los pedimentos de la recurrente, esta Dirección General rechaza lo relativo a adjudicar a la recurrente los lotes R-01-, R-02, R-03 y R-04, debido a que escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector, en atención al criterio de descentralización operativa.

Ahora bien, en atención al mérito de los alegatos: i) Se anula el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No.519/2021, que da respuesta a la impugnación de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, y; ii) se anula el acto de “notificación de descalificación de oferente en evaluación de ofertas económicas (sobre b)” de fecha 28.9.2021,y en consecuencia se ORDENA, al INABIE, realizar una reevaluación de la garantía de seriedad de la oferta de la recurrente, conforme a lo que establece el pliego de condiciones y lo constado en la resolución, y en consecuencia, a emitir los actos administrativos subsiguientes que correspondan.
Resolución-RIC-16-2022 - Pdf- 503 kb



Se RECHAZA el medio de inadmisión presentado por el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, por alegada extemporaneidad o caducidad del recurso jerárquico, debido a que el acto recurrido no fue eficaz a la luz de los artículos 11 y 12 de la Ley Núm. 107-13, puesto que en la resolución recurrida no se indica vías y plazos para recurrir, por lo que el plazo no se considera iniciado.

Se ACOGE en cuanto a la forma, el recurso de jerárquico presentado por la ingeniera Ana Enma Aracena, contra el procedimiento de referencia, por haber sido interpuesta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y numeral 8 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Se RECHAZA El pedimento de que se corrija el error del Comité de Compras y Contrataciones del PASP y de que se le adjudique porque presentó la oferta más económica, por carecer de mérito debido a que el pliego de condiciones no estableció criterio de evaluación de las ofertas económicas, lo que imposibilitaba realizar una evaluación y posterior adjudicación de manera objetiva y conforme parámetros oportunamente informados.

Se DECLARA que en el marco del procedimiento de Comparación de Precios Núm. PASP-CCC-CP-2020-0027 la institución contratante incurrió en violaciones e irregularidades debido a que omitió establecer en el pliego de condiciones el criterio de evaluación de las ofertas económicas al no determinar cómo se determinaría la oferta más conveniente, y también porque estableció un criterio de adjudicación carente de claridad y de objetividad, en violación a los principios de eficiencia y de economía y flexibilidad establecidos en el artículo 3 de La Ley Núm. ·340-06 y sus modificaciones lo que llevó al Comité de Compras y Contrataciones a evaluar la oferta económica y decidir la adjudicación con base en criterios no informados, y lo que conllevaba a la nulidad del procedimiento, pero se constató que los bienes contratados han sido entregados y recibidos por el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, por lo que los efectos de la nulidad serían de contenido imposible, pues la contratación evidentemente ha desplegado todos sus efectos.
Se ORDENA al Pan Social de la Presidencia a publicar el informe de evaluación de las ofertas económicas en coherencia con que dispone el Principio de transparencia y publicidad; y artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la decisión y a comunicarlo a esta DGCP.
Resolución-RIC-18-2022 - Pdf- 693 kb



Se rechaza los pedimentos de que se anule el acto que la inhabilita para la apertura de la oferta económica “Sobre B”, y se celebre una apertura extraordinaria de su oferta económica, toda vez toda vez que no se pudo valorar los méritos de dos de sus alegatos, puesto que verificar el cumplimiento o no de sus estados financieros son aspectos técnicos del procedimiento que no pueden ser verificados mediante argumentos jurídicos, sino por un profesional de la contabilidad, quien es que cuenta con la capacidad técnica para esos fines, y esta esta Dirección General exime de su competencia responder alegaciones que plantean cuestiones meramente técnicas; y aun cuando uno de sus alegatos tiene mérito, éste no evidencia que el referido acto administrativo contenga irregularidades que lo haga pasible de nulidad, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, a saber en cuanto a que se haya incurrido en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, vulnerado las normas de procedimiento o que carezcan de motivación
Resolución-RIC-20-2022 - Pdf- 503 kb



La decisión RECHAZA los dos incidentes presentados por la institución contratante, primero, en cuanto a la alegada prescripción del plazo prefijado para presentar el recurso de impugnación, ya que no se constató que el INABIE haya realizado la notificación eficaz la descalificación del recurrente a fines de verificar el alegado vencimiento del plazo. Segundo, en cuanto a que no presentó la acción correspondiente, - de que el recurrente debió presentar una reconsideración en lugar de un recurso de impugnación -, ya que el procedimiento para impugnar, reclamar o apelar, se rige por el artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, conforme al cual debió partir la institución contratante al respecto de la acción recibida en primer grado. Por lo que se admite en cuanto a la forma el recurso presentado por Fausto Rafael Cabrera.
Resolución-RIC-21-2022 - Pdf- 837 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 547/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Macdad Gourmet, S.R.L., en fecha 22 de octubre de 2021, y; DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Macdad Gourmet, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.
Resolución-RIC-22-2022 - Pdf- 887 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 551/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Suplidora Institucional Isvania, S.R.L., en fecha 13 de octubre de 2021, y;

DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Suplidora Institucional Isvania, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-23-2022 - Pdf- 833 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 535/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Consorzio Empresarial Mónica, S.R.L., en fecha 15 de octubre de 2021, y;

DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Consorzio Empresarial Mónica, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-24-2022 - Pdf- 887 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 532/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Cocina Empresarial Angelito, E.I.R.L., en fecha 15 de octubre de 2021, y;

DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Cocina Empresarial Angelito, E.I.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-25-2022 - Pdf- 886 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 548/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la señora Renatty Mercedes De León Veloz, en fecha 13 de octubre de 2021, y;
DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones la señora Renatty Mercedes De León Veloz, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-26-2022 - Pdf- 888 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 537/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social D´ Wilden Pujols Exquisites, S.R.L., en fecha 13 de octubre de 2021, y;

DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón D´ Wilden Pujols Exquisites, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-27-2022 - Pdf- 887 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 512/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Comedor Caribe Sabor Ortiz Reynoso, S.R.L., en fecha 8 de diciembre de 2021, y;
DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Comedor Caribe Sabor Ortiz Reynoso, S.R.L, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-30-2022 - Pdf- 1.3 mb



La decisión RECHAZA los dos incidentes presentados por la institución contratante, primero, en cuanto a la alegada prescripción del plazo prefijado para presentar el recurso de impugnación, ya que no se constató que el INABIE haya realizado la notificación eficaz la descalificación de la recurrente a fines de verificar el alegado vencimiento del plazo. Segundo, en cuanto a que no presentó la acción correspondiente, - de que la recurrente debió presentar una reconsideración en lugar de un recurso de impugnación -, ya que el procedimiento para impugnar, reclamar o apelar, se rige por el artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, conforme al cual debió partir la institución contratante al respecto de la acción recibida en primer grado. Por lo que se admite en cuanto a la forma el recurso presentado por Elvira Veras Aybar.
En cuanto al fondo del recurso jerárquico, RECHAZA, el pedimento de que sea cancelado el procedimiento de que se trata, de un lado, porque si bien fue constatado que el INABIE cargó las circulares 1 y 2, y el listado de oferentes que debían subsanar luego del plazo establecido en el cronograma, se verificó que éstas sirvieron a aumentar la participación de oferentes, y no implicó un perjuicio para la recurrente, por tanto no inobserva los principios de eficiencia, de igualdad y libre competencia, de participación y de razonabilidad. De igual modo, respecto a los demás principios – de equidad, de responsabilidad, moralidad y buena fe, de reciprocidad -, no se observan actuaciones o alegatos vinculados a los mismos.
Finalmente, porque se constató que la recurrente si bien manifestó interés, a través del botón “Mostrar interés” no agotó los pasos necesarios para presentar su oferta, nunca fue confirmada y presentada, por lo que no completó el proceso de presentación de oferta, por tanto esta nunca estuvo disponible para ser evaluada por la institución contratante, razón por la cual no se encontró en el listado de oferentes.

Resolución-RIC-31-2022 - Pdf- 835 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 540/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Hecho en Casa E.I.R.L., en fecha 15 de octubre de 2021, y;
DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Hecho en Casa E.I.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-32-2022 - Pdf- 840 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 542/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Jarro Pichao, S.R.L., en fecha 15 de octubre de 2021, y; DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Jarro Pichao, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-33-2022 - Pdf- 850 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 543/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por el señor Juan Santiago Tejada, en fecha 15 de octubre de 2021, y;
DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones al señor Juan Santiago Tejada, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-34-2022 - Pdf- 852 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 514/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Yncar Delicatesse & Buffet, S.R.L., en fecha 20 de octubre de 2021, y;
DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Yncar Delicatesse & Buffet, S.R.L, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-35-2022 - Pdf- 836 kb



La decisión ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 531/2021, de conformidad con el párrafo I del artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, que da respuesta al recurso de impugnación interpuesto por el señor Carlos Ramón de la Cruz Pujols, en fecha 13 de octubre de 2021, y; DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para el recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones al señor Carlos Ramón de la Cruz Pujols, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-36-2022 - Pdf- 722 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Sobre los alegatos, no tiene mérito lo alegado por el recurrente sobre que el INABIE no ha publicado los documentos del expediente administrativo correspondientes a los resultados de evaluación de las ofertas y la adjudicación, ni ninguno otro emitido con posterioridad a la enmienda al pliego de condiciones de fecha 10.5.2021, y que para poder actuar, estos actos fueron solicitados vía su OAI y no ha recibido respuesta al respecto, toda vez que, en primer orden, se verificó que los documentos referidos reposan publicados en el portal institucional del INABIE, y no es posible inferir que se trata de que el INABIE violentó el plazo legal para dar respuesta a la solicitud de documentos, pues a partir de la documentación aportada no puede verificarse la fecha en que fue presentada la solicitud.

Del mismo modo, no es posible comprobar las irregularidades alegadas por el recurrente en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 570/2021, tiene consideraciones respecto a su recurso de impugnación que no se corresponden con la verdad, toda vez esta no depositó el recurso, el cual, resulta necesario para comprobar los argumentos vertidos ante la institución contratante y la respuesta recibida.

Por otro lado, se verifica mérito en el alegato de que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que el señor Oscar Marini Navarro Severino, no le fueran adjudicadas raciones, luego de que la institución había determinado que cumplía en los aspectos técnicos y económicos, toda vez que al revisar el contenido del Acto Núm. 0056/2021 -en el cual se ponderan las evaluaciones realizadas en el informe del Sobre B- y del acto de recomendación de adjudicaciones, se advirtió que en el primer documento, no se identificaron cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quiénes resultarían adjudicados y quiénes no, y el segundo no se encuentra publicado, por lo que no puede comprobarse si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

Respecto al pedimento del recurso, de que sea acogido en todas sus partes su recurso de impugnación, el recurrente no aportó la reclamación presentada ante el INABIE, por consiguiente, este Órgano Rector no se encuentra edificado sobre las conclusiones del recurso de impugnación, motivo por lo que se rechaza su solicitud.

No obstante lo anterior, en atención que tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que no le fueran adjudicadas raciones, esta Dirección General, se DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia se ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones al señor Oscar Marini Navarro Severino, o emitir los actos según aplique, para asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

En todo caso, el INABIE deberá publicar en el Portal Transaccional los actos administrativos que sean emitidos como consecuencia de lo anterior. Asimismo, proceder con la publicación del documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2.10.2021 indicado en el acta de adjudicación, y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”.
Resolución-RIC-37-2022 - Pdf- 852 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Sobre los alegatos, no es posible comprobar las irregularidades alegadas por la recurrente sobre falta de motivación del acto administrativo emitido por el INABIE en respuesta a su impugnación, toda vez este no fue depositado en el expediente administrativo del recurso jerárquico, lo que hizo imposible contrastar los argumentos vertidos ante la institución contratante y en la respuesta recibida.

Por otro lado, se verifica mérito en el alegato de que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que la razón social Cocina Eduardo Cabrera, S.R.L, fuera adjudicada con 0 raciones, luego de que la institución había determinado que cumplía en los aspectos técnicos y económicos, toda vez que al revisar el contenido del Acto Núm. 0056/2021 -en el cual se ponderan las evaluaciones realizadas en el informe del Sobre B- y del acto de recomendación de adjudicaciones, se advirtió que en el primer documento, no se identificaron cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quiénes resultarían adjudicados y quiénes no, y el segundo no se encuentra publicado, por lo que no puede comprobarse si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

Además, no se pudo constatar el alegato sobre la asignación de más de un centro educativo a un mismo proveedor en el municipio Villa Bisonó, toda vez que la DGCP no ha sido provista de algún documento oficial y fidedigno, en el que pueda verificarse quiénes son los proveedores adjudicados en esa demarcación y la cantidad de centros que le fueron asignados. En todo caso, se resalta que no se observa que esto represente una violación al pliego, pues de acuerdo a los términos establecidos, todos los oferentes calificados eran hábiles para ser adjudicados en la totalidad de centros, y no existía límite en la cantidad que pueden asignarse a un mismo proveedor.

Respecto a los pedimentos del recurso, primero: se rechaza su solicitud de que sea reconsiderada la respuesta emitida por el INABIE al recurso de impugnación, debido a que esta Dirección General no tuvo acceso al acto recurrido y por tanto no verificar que careciera de motivación o no. Segundo: se rechaza el pedimento relativo a dejar sin efecto la adjudicación del procedimiento en el Municipio Villa Bisonó para proceder a una reasignación total o parcial, toda vez que, en atención al criterio de descentralización operativo, dichas atribuciones escapan de los límites y competencias que legalmente tiene conferidas el Órgano Rector.

No obstante lo anterior, en atención que tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que no le fueran adjudicadas raciones, esta Dirección General, se DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia se ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Cocina Eduardo Cabrera, S.R.L., o emitir los actos según aplique, para asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

En todo caso, el INABIE deberá publicar en el Portal Transaccional los actos administrativos que sean emitidos como consecuencia de lo anterior. Asimismo, proceder con la publicación del documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2.10.2021 indicado en el acta de adjudicación, y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”.
Resolución-RIC-38-2022 - Pdf- 874 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo, primero; tiene mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No.528/2021 que decide su impugnación, infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13, por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por la recurrente, por lo que se orden su nulidad.
No tiene mérito lo relacionado a que el INABIE no le adjudicó, pues se verifica del contenido del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, que la razón social Alta Gastronomía Campaña Damián, S.R.L., figura como adjudicataria de 278 raciones primarias y 119 raciones secundarias, y la misma fue publicada en el Portal Institucional del INABIE.
Por último, no tiene mérito en cuanto respecta a que el INABIE infringió el principio de equidad al haber asignado raciones de manera desproporcional, mientras podía haber asignado de forma equitativa la cantidad total de raciones entre todos los participantes, toda vez que, de conformidad con el pliego de condiciones, el INABIE realizaría las adjudicaciones tomando en consideración los centros educativos, y por lo observado, estos no cuenta con la misma cantidad de raciones, pues depende de si tienen una baja o alta densidad de matrícula, según corresponda a la población de beneficiarios y tandas.
En cuanto a los pedimentos, se destaca que esta Dirección General no tiene potestad para adjudicar en atención al criterio de descentralización operativa, por lo que se rechaza. No obstante, es resaltado conforme indicado anteriormente, que la recurrente se encuentra adjudicadas. Además, de la documentación verificada en la resolución, y no publicada, se ordena al INABIE a publicar el “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”; en la sección de observaciones y mensajes del Portal Transaccional.
Resolución-RIC-39-2022 - Pdf- 714 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo, primero; tiene mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No.529/2021 que decide su impugnación, infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13, por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por la recurrente, por lo que se orden su nulidad.
No tiene mérito lo relacionado a que el INABIE no le adjudicó, pues se verifica del contenido del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, que la razón social Anjali Piacere Gourmet., S.R.L. figura como adjudicataria de 36 raciones primarias y 13 raciones secundarias, y la misma fue publicada en el Portal Institucional del INABIE.
Por último, no tiene mérito en cuanto respecta a que el INABIE infringió el principio de equidad al haber asignado raciones de manera desproporcional, mientras podía haber asignado de forma equitativa la cantidad total de raciones entre todos los participantes, toda vez que, de conformidad con el pliego de condiciones, el INABIE realizaría las adjudicaciones tomando en consideración los centros educativos, y por lo observado, estos no cuenta con la misma cantidad de raciones, pues depende de si tienen una baja o alta densidad de matrícula, según corresponda a la población de beneficiarios y tandas.
En cuanto a los pedimentos, se destaca que esta Dirección General no tiene potestad para adjudicar en atención al criterio de descentralización operativa, por lo que se rechaza. No obstante, es resaltado conforme indicado anteriormente, que la recurrente se encuentra adjudicadas. Además, de la documentación verificada en la resolución, y no publicada, se ordena al INABIE a publicar el “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada
Resolución-RIC-40-2022 - Pdf- 831 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Sobre los alegatos, se verifica merito en lo relativo a la falta de motivación de la respuesta a la impugnación, toda vez que se verificó que el INABIE no se refirió a lo planteado por la recurrente, sobre la falta explicación de no adjudicarle raciones a oferentes que cumplieron con el pliego.

Del mismo modo, se verifica merito en el alegato de que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que Inversiones Lusaka, S.R.L, fuera adjudicada con 0 raciones, luego de que la institución había determinado que cumplía en los aspectos técnicos y económicos, toda vez que al revisar el contenido del Acto Núm. 0056/2021 -en el cual se ponderan las evaluaciones realizadas en el informe del Sobre B- y del acto de recomendación de adjudicaciones, se advirtió que en el primer documento, no se identificaron cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quiénes resultarían adjudicados y quiénes no, y el segundo no se encuentra publicado, por lo que no puede comprobarse si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

Por otro lado, no se pudo constatar el alegato sobre la asignación de más de un centro educativo a un mismo proveedor en el municipio en que participó la recurrente - Santo Domingo Oeste -, toda vez que la DGCP no ha sido provista de algún documento oficial y fidedigno, en el que pueda verificarse quiénes son los proveedores adjudicados en esa demarcación y la cantidad de centros que le fueron asignados. En todo caso, se resalta que no se observa que esto represente una violación al pliego, pues de acuerdo a los términos establecidos, todos los oferentes calificados eran hábiles para ser adjudicados en la totalidad de centros, y no existía límite en la cantidad que pueden asignarse a un mismo proveedor.

Respecto a los pedimentos del recurso, primero: se acoge su solicitud de que sea reconsiderada la respuesta emitida por el INABIE al recurso de impugnación de la razón social Inversiones Lusaka, S.R.L., y, en consecuencia, se ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 526/2021 s/f, por comprobarse la alegada falta de motivación. Segundo: se rechaza el pedimento relativo a dejar sin efecto la adjudicación del procedimiento en el Municipio Santo Domingo Oeste para proceder a una reasignación total o parcial, toda vez que, en atención al criterio de descentralización operativo, dichas atribuciones escapan de los límites y competencias que legalmente tiene conferidas el Órgano Rector.

No obstante lo anterior, en atención que tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que le fuera adjudicada 0 raciones, esta Dirección General, se DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia se ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Inversiones Lusaka, S.R.L, o emitir los actos según aplique, para asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

En todo caso, el INABIE deberá publicar en el Portal Transaccional los actos administrativos que sean emitidos como consecuencia de lo anterior. Asimismo, proceder con la publicación del documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2.10.2021 indicado en el acta de adjudicación, y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”.
Resolución-RIC-41-2022 - Pdf- 827 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Sobre los alegatos, se verifica mérito en lo relativo a la falta de motivación de la respuesta a la impugnación, toda vez que se verificó que el INABIE no se refirió a lo planteado por la recurrente, sobre la falta explicación de no adjudicarle raciones a oferentes que cumplieron con el pliego.

Del mismo modo, se verifica mérito en el alegato de que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que la señora Fraysa María Santos Germosén, fuera adjudicada con 0 raciones, luego de que la institución había determinado que cumplía en los aspectos técnicos y económicos, toda vez que al revisar el contenido del Acto Núm. 0056/2021 -en el cual se ponderan las evaluaciones realizadas en el informe del Sobre B- y del acto de recomendación de adjudicaciones, se advirtió que en el primer documento, no se identificaron cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quiénes resultarían adjudicados y quiénes no, y el segundo no se encuentra publicado, por lo que no puede comprobarse si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

Por otro lado, no se pudo constatar el alegato sobre la asignación de más de un centro educativo a un mismo proveedor en el Distrito Nacional, toda vez que la DGCP no ha sido provista de algún documento oficial y fidedigno, en el que pueda verificarse quiénes son los proveedores adjudicados en esa demarcación y la cantidad de centros que le fueron asignados. En todo caso, se resalta que no se observa que esto represente una violación al pliego, pues de acuerdo a los términos establecidos, todos los oferentes calificados eran hábiles para ser adjudicados en la totalidad de centros, y no existía límite en la cantidad que pueden asignarse a un mismo proveedor.

Respecto a los pedimentos del recurso, primero: se acoge su solicitud de que sea reconsiderada la respuesta emitida por el INABIE al recurso de impugnación de la señora Fraysa María Santos Germosén, y, en consecuencia, se ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 525/2021 s/f, por comprobarse la alegada falta de motivación. Segundo: se rechaza el pedimento relativo a dejar sin efecto la adjudicación del procedimiento en el Municipio Santo Domingo Oeste para proceder a una reasignación total o parcial, toda vez que, en atención al criterio de descentralización operativo, dichas atribuciones escapan de los límites y competencias que legalmente tiene conferidas el Órgano Rector.

No obstante lo anterior, en atención que tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que le fuera adjudicada 0 raciones, esta Dirección General, se DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia se ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la señora Fraysa María Santos Germosén, o emitir los actos según aplique, para asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

En todo caso, el INABIE deberá publicar en el Portal Transaccional los actos administrativos que sean emitidos como consecuencia de lo anterior. Asimismo, proceder con la publicación del documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2.10.2021 indicado en el acta de adjudicación, y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”.
Resolución-RIC-43-2022 - Pdf- 811 kb



La decisión DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente, señor Luis Zuliell Moya Cortorreal, por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones al Luis Zuliell Moya Cortorreal, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al órgano rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-44-2022 - Pdf- 560 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Sobre los alegatos, se verifica mérito en lo relativo a la falta de motivación de la respuesta a la impugnación, toda vez que se verificó que el INABIE no se refirió a lo planteado por la recurrente, sobre la falta explicación de no adjudicarle raciones a oferentes que cumplieron con el pliego.

Del mismo modo, se verifica mérito en el alegato de que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que Consultech, S.R.L, fuera adjudicada con 0 raciones, luego de que la institución había determinado que cumplía en los aspectos técnicos y económicos, toda vez que al revisar el contenido del Acto Núm. 0056/2021 -en el cual se ponderan las evaluaciones realizadas en el informe del Sobre B- y del acto de recomendación de adjudicaciones, se advirtió que en el primer documento, no se identificaron cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quiénes resultarían adjudicados y quiénes no, y el segundo no se encuentra publicado, por lo que no puede comprobarse si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

Por otro lado, no se pudo constatar el alegato sobre la asignación de más de un centro educativo a un mismo proveedor en el Distrito Nacional, toda vez que la DGCP no ha sido provista de algún documento oficial y fidedigno, en el que pueda verificarse quiénes son los proveedores adjudicados en esa demarcación y la cantidad de centros que le fueron asignados. En todo caso, se resalta que no se observa que esto represente una violación al pliego, pues de acuerdo a los términos establecidos, todos los oferentes calificados eran hábiles para ser adjudicados en la totalidad de centros, y no existía límite en la cantidad que pueden asignarse a un mismo proveedor.

Respecto a los pedimentos del recurso, primero: se acoge su solicitud de que sea reconsiderada la respuesta emitida por el INABIE al recurso de impugnación de la razón social Consultech, S.R.L., y, en consecuencia, se ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 536/2021 s/f, por comprobarse la alegada falta de motivación. Segundo: se rechaza el pedimento relativo a dejar sin efecto la adjudicación del procedimiento en el Distrito Nacional para proceder a una reasignación total o parcial, toda vez que, en atención al criterio de descentralización operativo, dichas atribuciones escapan de los límites y competencias que legalmente tiene conferidas el Órgano Rector.

No obstante lo anterior, en atención que tiene mérito el alegato de la recurrente en cuanto a que el INABIE no justificó cuáles fueron las razones que dieron lugar a que le fuera adjudicada 0 raciones, esta Dirección General, se DECLARA la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia se ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Consultech, S.R.L, o emitir los actos según aplique, para asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

En todo caso, el INABIE deberá publicar en el Portal Transaccional los actos administrativos que sean emitidos como consecuencia de lo anterior. Asimismo, proceder con la publicación del documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2.10.2021 indicado en el acta de adjudicación, y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”.
Resolución-RIC-45-2022 - Pdf- 695 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Comida Empresarial Miralia, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022
Resolución-RIC-46-2022 - Pdf- 702 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Grupo Guasar, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-47-2022 - Pdf- 702 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la señora Ydaiza Josefina Suero de León, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-48-2022 - Pdf- 702 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones,
este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta en lo concerniente al resultado de “adjudicación en 0” dispuesto para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Grupo Guasar, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-49-2022 - Pdf- 852 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones al señor Kendi Javiel Santos Veras, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-50-2022 - Pdf- 724 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la señora Jessy Dayana Santos Gómez, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-51-2022 - Pdf- 706 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social D’ Roalca Negocios Empresariales, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-52-2022 - Pdf- 726 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón social Capalma Gourmete, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.

Resolución-RIC-53-2022 - Pdf- 703 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la señora Verónica María Rosa, o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-54-2022 - Pdf- 699 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la señora Rosalis Desiret Ramírez Luciano o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-55-2022 - Pdf- 700 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Se rechaza el pedimento con relación a una audiencia/reunión con la DGCP indicando que todo debe ser depositado por escrito mediante sus instancias, y sobre el pedimento de medida cautelar, se destaca que la misma será respondida mediante un acto administrativo separado.

En cuanto al fondo, se verifica que tiene mérito el pedimento de la recurrente con relación a que el INABIE debe explicar el motivo de porque en el acta de adjudicación sale adjudicada sin ninguna ración, pues se verifica que, a pesar de que cumplió con todos los requerimientos dispuestos en el pliego de condiciones, este Órgano Rector no pudo identificar en el Acto Núm. 0056/2021 -sobre evaluación de las ofertas económicas- cuáles fueron los criterios utilizados por el INABIE para establecer quienes resultarían adjudicados y quienes no, y el documento de recomendación de las adjudicaciones, no se encuentra publicado, lo que imposibilita que esta Dirección General verifique si dicho documento contiene la motivación para la selección de los oferentes.

En efecto, se declara la invalidez del Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, respecto de manera particular a la adjudicación en cero que fue dispuesta para la recurrente por falta de motivación, tal y como se ha expuesto en la presente resolución, y en consecuencia ORDENA al INABIE a emitir los actos que sean necesarios para explicar cuáles fueron los criterios utilizados para haber “adjudicado” con cero raciones a la razón Karpali Catering Services, S.R.L., o emitir según aplique, a asignar las raciones que debían corresponder según el criterio de adjudicación establecido en el pliego.

De igual forma, se ORDENA al INABIE publicar en el Portal Transaccional en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, el documento “Recomendación de Adjudicación” de fecha 2 de octubre de 2021 indicado en el acta de adjudicación y el documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022; e informar en un plazo de 5 días al Órgano Rector cuando dichos documentos hayan sido publicados.
Resolución-RIC-56-2022 - Pdf- 748 kb



La presente decisión, acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo de sus alegatos, i) se comprobó que no tiene mérito el alegato de que la institución contratante no cumplió con el cronograma de actividades pues se comprobó que ello tuvo origen en la falla técnica sucedida, y se aclaró que la institución contratante no solicitó autorización para ampliar el plazo de presentación de ofertas pues se comprobó que las comunicaciones aportadas en ese sentido explican porque no se podía ampliar el plazo; ii) Dirección General se verificó que la recurrente no cumplió con todos los requerimientos del pliego de condiciones ya que no presentó el permiso sanitario emitido por el Ministerio de Salud Pública, ni la certificación de la TSS, ni la certificación de MIPYMES y tampoco lo subsanó al tiempo que le fue requerido.

En igual sentido, tampoco tuvo mérito iii) el argumento de que el INABIE violó el principio de equidad en las asignaciones, ya que de conformidad con el pliego de condiciones el INABIE tomaría en cuenta los centros educativos para asignar raciones y no todos los centros educativos contaban con igual cantidad de raciones y esto hace depender las asignaciones a si los planteles tienen una baja o alta densidad de matrícula.

Por otro lado, iv) sí tuvo mérito el alegato en cuanto a que el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 515/2021 que decide su recurso de impugnación infringió los artículos 9 y 14 de la Ley Núm. 107-13 por haberse dictado sin referirse a los hechos planteados por la razón social Exportfront SMD, S.R.L., por lo que dicho acto fue anulado, al comprobarse la falta de motivación del mismo, puesto que, no contiene explicación con base a los planteamientos de la recurrente y por tanto omitió dar respuesta. En consecuencia, esta Dirección General, en vista de que los reclamos del recurso jerárquico de la razón social Exportfront SMD, S.R.L., fueron los mismos que los invocados en su impugnación y no respondidos por el INABIE, procedió a conocer el fondo de su requerimiento en su recurso ante la institución contratante.

Con base en lo anterior y al comprobarse que la razón social Exportfront SMD, S.R.L., no cumplió con los requerimientos técnicos dispuestos en el pliego de condiciones, al no subsanar los documentos que le fueron solicitados en dicha etapa, se RECHAZÓ el pedimento de que se ordene al INABIE adjudicarle

En cuanto respecta a lo argumentado por la recurrente con relación a que el INABIE infringió el principio de libertad de empresa al haber clasificado a los oferentes como “viejos y nuevos” ocasionando una esquematización política y de antigüedad al momento de asignar las raciones, esta Dirección General no ha podido constatar de la documentación revisada dicha clasificación, por lo que no es posible para comprobar el mérito de dicho argumento.

Al respecto de la referencia de que hay una diferencia de más de trescientos (300) participantes a través del Portal Transaccional y el total presentado en el “ACTA Núm. LPN 0052/2021” de fecha 2 de octubre de 2021 de adjudicación, se precisó que para el procedimiento fueron presentadas un total de dos mil seiscientas cincuenta y seis (2,656) ofertas vía el Portal Transaccional que fueron evaluadas, de las cuales resultaron habilitadas dos mil trescientas setenta y dos (2,372), y descalificadas doscientas ochenta y cuatro (284), por lo que no se evidenció que exista una diferencia entre la cantidad de ofertas presentadas y la cantidad acreditada en el acta de adjudicación.

Sobre lo referido por la recurrente sobre los compromisos económicos en los que incurrieron algunos proveedores para instalar las cocinas acordes al pliego, y que no resultaron adjudicados, se advierte que lo referido, al no encontrarse amparado en el sustento probatorio correspondiente, no puede ser objeto de ponderación por este Órgano Rector. En todo caso, debe ser aclarado que, si bien es cierto que conforme al artículo 23 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, las ofertas presentadas devienen promesas irrevocables de contrato, es decir, los oferentes quedan obligados a cumplir fielmente con la propuesta ofrecida, no menos cierto es que dicha obligación deviene efectiva al momento de resultar adjudicatarios. Por lo tanto, el riesgo de equipar las cocinas para preparar las raciones de los centros, sin haber firmado un contrato y, más aún, sin haber sido adjudicado, recae exclusivamente sobre el participante.
Resolución-RIC-57-2022 - Pdf- 967 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto al fondo la decisión concluye que se verifica el mérito de la recurrente en lo relativo a la falta de motivación de la respuesta a la impugnación, toda vez que se verificó que el INABIE no se refirió sobre los alegatos planteados por la razón social Audelyn Fruit, S.R.L., ni el fondo de sus pedimentos. Por el contrario, no tiene mérito lo alegado por la recurrente con relación a que el INABIE no le adjudicó luego de cumplir con los requerimientos del pliego de condiciones, toda vez que se comprobó en el Acta de Adjudicación Núm. 0052/2021, que la razón social Audelyn Fruit, S.R.L resultó adjudicataria de quinientas setenta y seis (576) raciones primarias.

Por otro lado, no se pudo constatar el alegato sobre la asignación de más de un centro educativo a un mismo proveedor en el Distrito Nacional, toda vez que la DGCP no ha sido provista de algún documento oficial y fidedigno, en el que pueda verificarse quiénes son los proveedores adjudicados en esa demarcación y la cantidad de centros que le fueron asignados. En todo caso, se resalta que no se observa que esto represente una violación al pliego, pues de acuerdo a los términos establecidos, todos los oferentes calificados eran hábiles para ser adjudicados en la totalidad de centros, y no existía límite en la cantidad que pueden asignarse a un mismo proveedor.

En cuanto a los pedimentos, se ACOGE su solicitud de que sea reconsiderada la respuesta emitida por el INABIE al recurso de impugnación de la razón social Audelyn Fruit, S.R.L., y, en consecuencia, se ANULA el acto administrativo Núm. INABIE/DJ/No. 510/2021 s/f, por comprobarse la alegada falta de motivación y, se RECHAZA el pedimento relativo a dejar sin efecto la adjudicación del procedimiento en el Municipio Santo Domingo Oeste para proceder a una reasignación total o parcial, toda vez que, en atención al criterio de descentralización operativo, dichas atribuciones escapan de los límites y competencias que legalmente tiene conferidas el Órgano Rector. No obstante, conforme fue indicado anteriormente, la recurrente se encuentra adjudicadas.

Por último, aun cuando se constató que la institución contratante dio publicidad al acta de adjudicación a través de su portal institucional, al verificarse que no existe un bloqueo en la sección “Observaciones y mensajes” dentro del Portal Transaccional para que el INABIE publique todos los documentos e informaciones, el INABIE debe proceder a homologar la publicación del acta de adjudicación publicación en el Portal Transaccional.

Resolución-RIC-58-2022 - Pdf- 679 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

Sobre al alegato, se verifica que no tiene mérito lo argumentado por la recurrente de que el INABIE asignó raciones de manera desproporcional en el municipio de Samaná, toda vez que, de conformidad con el numeral 4.1 del pliego de condiciones, la institución contratante realizaría las adjudicaciones no por raciones, sino por centros educativo, los cuales pueden tener una baja o alta densidad de matrícula según corresponda. Del mismo modo, no es posible comprobar lo argumentado por la recurrente respecto a que fue en cuanto a la asignación de centros, toda vez que no ha sido aportado algún documento oficial y fidedigno, en el que se pueda verificar quiénes son los proveedores adjudicados en esa demarcación, la cantidad de centros que le fueron asignados o que esto represente una violación al pliego de condiciones, por el contrario, sí se ha verificado que de acuerdo a los términos establecidos en el pliego, todos los oferentes calificados eran hábiles para ser adjudicados en la totalidad de centros del municipio, y no existía límite en la cantidad que pueden asignarse a un mismo proveedor.

Respecto a los pedimentos del recurso, se rechaza el dejar sin efecto la adjudicación del procedimiento en Samaná para proceder a una reasignación total o parcial, toda vez que, en atención al criterio de descentralización operativo, dichas atribuciones escapan de los límites y competencias que legalmente tiene conferidas el Órgano Rector.

En todo caso, el INABIE deberá proceder con la publicación del documento en formato Excel titulado “Listado de proveedores y la provincia donde se encuentran sus centros educativos jornada escolar extendida 2021-2022”.
Resolución-RIC-59-2022 - Pdf- 884 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

La decisión en cuanto al fondo concluye en primer lugar, que no se puede verificar la presunta falta de motivación de la respuesta a la impugnación, pues no fue remitida por la recurrente y es necesaria para comprobar el argumento. Ahora bien, partiendo de lo argumentado por el INABIE en su escrito de defensa, sí tiene mérito el alegato de la recurrente en relación a que el INABIE en la respuesta realizó una interpretación errónea de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y de la Ley Núm. 107-13, con relación a los recursos de reconsideración e impugnación, toda vez que la acción correspondiente para reclamar un derecho en el marco de un procedimiento de contratación es el recurso de impugnación y no una reconsideración; por vía de consecuencia, se anula la respuesta a la impugnación

En segundo lugar, no tienen mérito lo alegado por la recurrente con relación a la falta de secuencia en la numeración de las enmiendas y las circulares toda vez que, si bien se observó que el INABIE emitió dos enmiendas identificadas con el “Núm. 1”, no se advierte que dicho error sea sustancial o que genere indefensión a la recurrente, y asimismo, no se comprobó que la circular Núm. 2 fuera enumerada de dicha forma sin previamente existir una precedente, pues se verificó que el INABIE emitió una primera circular identificada como “Circular Núm. I”, en fecha 18 de mayo de 2021, y posteriormente la indicada “Circular Núm. 2”, en fecha 24 de mayo de 2021.

En tercer lugar, no tiene mérito lo argumentado por la recurrente sobre falta de quórum para la emisión de la enmienda Núm. 1 de fecha 6 de mayo de 2021, ya que, se evidenció que a pesar de que la enmienda Núm. 1 de fecha 6 de mayo de 2021, no fue firmada por todos los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, en atención a lo dispuesto en la Ley Núm. 107-13, contó con el quórum y las firmas necesarias para su validez a saber, cuatro (4) de los cinco (5) miembros que lo componen.

En cuarto lugar, tiene mérito parcial lo alegado por la recurrente sobre la falta de publicación de documentos en el Portal Transaccional, pues se verificó de la documentación señalada en su instancia, que el “listado de oferentes que cumplen en la oferta técnica (Sobre A) y están habilitados para la apertura de la Oferta Económica (Sobre B)”, en efecto, no figura publicado, sin embargo se constató que el “listado de oferentes con errores u omisiones de naturaleza subsanable” fue notificado mediante mensajería del Portal Transaccional en fecha 21 de agosto de 2021, y que ambos documentos reposan publicados en el portal institucional del INABIE, sin suponer un perjuicio para la recurrente ni una violación que conlleve la nulidad del procedimiento de referencia.

Por último, no tiene mérito lo alegado por la recurrente sobre que el INABIE incumplió con su obligación de emitir el acta de adjudicación, debido a que se verificó que esta fue emitida en fecha 2 de octubre del 2021, que consta publicada en el portal institucional del INABIE y que se trata de un acto favorable que genera derechos.

En cuanto a los pedimentos, se RECHAZA lo relativo a adjudicarle a la recurrente, debido a que, se constató que figura como adjudicataria en el acta de adjudicación. En todo caso, se advierte que esto escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector.

Adicionalmente, la decisión lo RECHAZA el pedimento subsidiario de la recurrente solicitando la anulación del procedimiento si no se le adjudica, toda vez éste es una solicitud accesoria y condicional de la recurrente, por lo que, con haberse aclarado que se encuentra adjudicada, dicho pedimento carece de justificación, y sus argumentos sobre las irregularidades de ejecución del procedimiento no tienen mérito y no causaron indefensión.
Por último, en atención al mérito parcial de la recurrente sobre la falta de publicación de los listados de “oferentes con errores u omisiones de naturaleza subsanable” y “de oferentes que cumplen en la oferta técnica (Sobre A) en el Portal Transaccional y, tomando en consideración que no existe bloqueo en la sección “Observaciones y mensajes” dentro del Portal Transaccional para la publicación de documentos e informaciones de la licitación de que se trata, el INABIE debe proceder a homologar la publicación en el Portal Transaccional tanto de los listados de “oferentes con errores u omisiones de naturaleza subsanable” y “de oferentes que cumplen en la oferta técnica (Sobre A) y están habilitados para la apertura de la Oferta Económica (Sobre B)”, como del Acta de Adjudicación Núm. LPN 0052/2021, que se encuentran publicados en su Portal Institucional.
Resolución-RIC-60-2022 - Pdf- 578 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico.

En cuanto a los alegatos: i) no tiene mérito respecto de la ejecución de las actividades del cronograma fuera del plazo previsto, ya que no obstante la diferencia entre la ejecución de las actividades del cronograma y lo establecido se constató que ello se encuentra justificada en la incidencia tecnológica que afectó la presentación de ofertas, y se observa que no afectó a la recurrente; y ii) tiene mérito parcial en relación a la descalificación de la oferta técnica de la recurrente por alegada falta de higiene y agua, pues no sido posible comprobar la veracidad de los hechos al momento de la visita que motivaron la decisión, ya que no consta la evidencia de los hallazgos que dieron lugar a la descalificación, y el INABIE no se refirió al respecto, ni presentó las pruebas correspondientes. Ahora bien, se advierte que no se puede constatar lo relativo a que nunca se le ha registrado malas prácticas de higiene y que sí contaba con el agua necesaria, pues son elementos que no comprobables en esta resolución.

En cuanto al pedimento de que “se proceda a la cancelación del proceso”, es aclarado que la cancelación de un acto o de un procedimiento se realiza mediante otro acto administrativo debidamente motivado, previo al informe técnico legal justificativo, y antes del acta de adjudicación, y que corresponde a las instituciones contratantes como dueñas de sus procedimientos que éstas ejecuten, conforme lo establece el criterio de descentralización de la gestión operativa, por lo que se rechaza.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 107-13, y debido al mérito parcial de lo alegado por la recurrente respecto a la descalificación, se declara la nulidad de la notificación del 20 de septiembre de 2021, remitida por correo, por no incluir la evidencia necesaria y verificable que sustente la descalificación, y ORDENA al INABIE revisar la descalificación de la oferta presentada por la señora Raysa Sorangelys Mateo De Aza, y publicar el acto administrativo debidamente motivado y sustentado, y ordena al INABIE a revisar la evaluación y descalificación de la recurrente y a emitir el acto que corresponda debidamente motivado.

Finalmente, al no encontrarse publicados los informes de evaluación de las ofertas y visitas, se ordena al INABIE a publicar el mismo en los portales correspondientes.

Resolución-RIC-61-2022 - Pdf- 996 kb



Tiene mérito el alegato relativo a que el MIDEREC no brindó respuestas a todos sus alegatos en la Resolución Núm. 001-2021, toda vez que no se refirió al planteamiento del recurrente sobre el cumplimiento de la documentación de carácter no subsanable requerida a los oferentes participantes, y consecuencia, se anula la respuesta.

Se determinó, tiene mérito el alegato relativo a la descalificación de la oferta económica de la recurrente por presuntos aspectos no especificados en los términos de referencia en cuanto al “Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)”, toda vez que, esta Dirección General en primer orden, i) no se constata las razones o motivos que conlleven que, el agregar una columna en dicho formulario se motivó de descalificación, lo cual se destaca era de carácter subsanable, y en segundo orden, ii) se verificó falta de motivación y argumentación en el informe de la evaluación de la oferta económica sobre que el cálculo del ITBIS no resulto ser correcto, por lo que se reitera fue incorrecta su descalificación.

Tiene mérito parcial el alegato sobre las irregularidades de la adjudicación, con relación a los documentos de naturaleza no subsanable, toda vez que, en primer orden, que lo relativo a la subsanabilidad de las ofertas técnicas, los documentos señalados por la recurrente son de naturaleza subsanable, sin embargo, las ofertas técnicas no se ajustaron a los términos de referencia del procedimiento, ya que no fue posible constatar que la institución agotara la etapa de subsanación, para de esta manera comprobar si cumplieron con las exigencias del referido documento. Ahora bien, no han sido aportadas las pruebas del alegado parentesco de uno de los adjudicatarios con uno de los peritos.

No obstante, carece de mérito en lo referente a la calificación obtenida en ponderación del puntaje contenido en el “informe final”, toda vez, que el citado informe, no corresponde a los resultados de la evaluación realizadas por los peritos, quienes son los competentes para realizar una labor de análisis, sino más bien, en un documento generado de forma automática por el Portal Transaccional e identificado como “informe final”.

En cuanto a los pedimentos de la recurrente:

Se rechazó el pedimento sobre, dejar sin efecto el párrafo concerniente a la recomendación dada por los peritos en el “informe de evaluación de las ofertas económicas (Sobre B)”, d/f 30.6.2021, sin embargo, si bien se ha podido constatar irregularidades por no haber motivado suficientemente el referido acto administrativo, no menos cierto es que su nulidad no produciría efecto alguno, toda vez que la institución emitió la orden de compra de ref. MIDEREC-2021-00089 en fecha 1.7.2021, que, por la naturaleza y cuantía del servicio, en la actualidad se encontraría ejecutado o lo suficientemente ejecutado ambos ítems.
Se rechazó el pedimento para “declarar ganador del ITEM 01 y ITEM 02” a la recurrente, ya que, para realizar la reevaluación solicitada, se debe hacer una labor técnica y de ponderación de aspectos que escapan del ámbito de competencia de este Órgano Rector, como se verifica en lo establecido en el artículo 34 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones. En tal sentido, no procede que esta Dirección General actué fuera de los límites y las competencias que legalmente tiene establecidas.

En cuanto al siguiente pedimento, de auditar por peritos de compras los documentos para verificar la falta o ausencia de estos, se reitera lo establecido anteriormente, toda vez que es una atribución que solo compete a la institución contratante, y que escapa del ámbito de competencia del Órgano Rector.
Se rechazó el pedimento de apartar al perito designado por el MIDEREC en el procedimiento de que se trata, Ing. Pedro Leger Revi, donde infiere poseer una relación de parentesco con el ingeniero Buenaventura Medina Revi, quien expide una certificación de experiencia laboral presentada por el adjudicatario Ing. Julio Cesar Rafael Checo Gómez, toda vez que, la recurrente no depositó medios o elementos probatorios para la valoración de lo argumentado.

Se recomendó al MIDEREC que en 4 resoluciones anteriores se le ha reiterado promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley Núm. 340-06; así como también promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Núm. 247-12, la Ley Núm. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y demás normativas vigentes que regulan la Administración Pública. Una vez transcurridos 6 meses a partir de la resolución, deberá notificar los servidores y funcionarios públicos que han recibido dichas formaciones.

Finalmente, se recomendó al MIDEREC que en futuros casos, al momento de realizar procedimientos de compras y contrataciones que se relacionen con el sector construcción, deberán en los pliegos de condiciones, términos de referencias o fichas técnicas, tener en cuenta toda las normativas en materia tributaria, debido a que, resulta improcedente solicitar transparentar el ITBIS a partidas que se encuentran exentas de la aplicación del ITBIS para el sector construcción, de cara a los dispuesto en la norma general núm. 07-2007 emitida por la DGII.
Resolución-RIC-62-2022 - Pdf- 472 kb



La decisión de este caso, ACOGE en cuanto a la forma, el recurso de jerárquico presentado por la María Anita Javier Sánchez, contra la Resolución 018-2021, que responde la impugnación presentado en el marco del Procedimiento por Sorteo de Obras Núm. INAPA-CCC-SO-2020-0003, por haber sido interpuesta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y numeral 8 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Se RECHAZA el pedimento de fondo de que se revoque el Acto Administrativo Núm. 102/2020, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones del INAPA, de fecha 22 de diciembre de 2020 y la Resolución Núm. 018/2021, de respuesta al recurso de impugnación presentado por la recurrente, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del INAPA, de fecha 16 de abril de 2021 y le sea adjudicado el Lote III, conforme el sorteo de fecha 15 de diciembre 2020 y se proceder a la firma del contrato, ya que si bien es cierto que la recurrente cumplió con el registro en línea en el portal web del INAPA y que depositó los documentos para participar en el procedimiento de sorteo de obras.

No menos es cierto que la recurrente participó como persona física aun cuando estaba relacionada con la razón social Segura Pérez, Ingenieros & Arquitectos, S.R.L., también participante, contrario a lo dispuesto por el numeral 1.15 del pliego de condiciones del procedimiento y por tanto no podían participar simultáneamente, vulnerando así el principio de igualdad entre los oferentes al aumentar las posibilidades de para resultar ganadora y adjudicataria frente al resto de los oferentes.
Resolución-RIC-63-2022 - Pdf- 407 kb



Se acoge en cuanto a la forma el recurso jerárquico motivado en el silencio administrativo presentado por la razón social Planeta Eléctrico, S.R.L., contra la declaratoria de desierto del procedimiento por Comparación de Precios Núm. EGEHID-CCC-CP-2021-0020, llevada a cabo para la “Contratación de alquiler de un camión grúa de veinticinco (25) tonelada y un camión canasto aislado para trabajos eléctricos en las diferentes centrales.

Se RECHAZA el pedimento de fondo de que se ordene al Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, dejar sin efecto la declaratoria de desierto del procedimiento de que se trata, se le permita subsanar su carta de presentación de la oferta – corrigiendo el error - y se proceda a adjudicar a la razón social Planeta Eléctrico, S.R.L., debido a la falta de mérito de sus alegatos:

i. En cuanto a que al haber sido la única oferente que cumplía con los requisitos de la oferta económica, debía presuntamente permitírsele subsanar la carta de presentación de la oferta económica presentada dentro de la oferta técnica “Sobre A”, toda vez que, contrario a lo pretendido, con ello fue develado el precio de su propuesta el cual debió permanecer oculto hasta tanto fuera habilitada, de conformidad con lo establecido para la evaluación de las ofertas en un procedimiento de dos etapas, y;

ii. En cuanto a que el acta de declaratoria de desierto no establece la causa legal que justifique tal decisión, toda vez que se observa que dicha acta expresa que el Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID decidió como lo hizo producto de la descalificación de todos los oferentes.
Resolución-RIC-64-2022 - Pdf- 782 kb



Se rechaza el medio de inadmisión planteado por la Superintendencia de Electricidad en contra del recurso jerárquico interpuesto, sobre la base extemporaneidad y falta de objeto, dado que se verificó que el mismo fue interpuesto en tiempo hábil y que el acto recurrido ante el Órgano Rector fue la respuesta al recurso de impugnación interpuesto.

La recurrente alega que los peritos en la evaluación de su oferta técnica omitieron evaluar la “lista de requerimientos” anexa a su oferta, estableciendo un comentario en cada requerimiento de como desarrollaría las mejoras, en sentido se verificó que la “inhabilitación” de la recurrente se debió a que no estableció de forma concreta el plan o estrategia para desarrollar las mejoras requeridas, y no a la omisión de los peritos en evaluar la referida lista; ahora bien, se advierte que verificar si lo establecido en la columna “comentario”, cumplen con lo requerido es facultad de los peritos quienes cuentan con la pericia para esos fines.

En cuando a la incorrecta evaluación de las certificaciones de trabajos previos realizados en la implementación y/o desarrollo de ERP en instituciones públicas y privadas alegada por la recurrente, no tiene mérito toda vez que la SIE asignó la puntuación conforme a los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, y respecto a la validación de la certificación de metodología de implementación presentada, verificar si la misma se podría convalidar con las requeridas escapa de la competencia del Órgano Rector.

Sin embargo, lo alegado respecto a que la SIE debió solicitarle subsanar las certificaciones tanto de trabajos previos realizado como las certificaciones de conocimiento en las metodologías de implementación requeridas, este alegato tiene mérito, toda vez que toda vez que las certificaciones que acreditan alguna condición exigida de los oferentes, son siempre de carácter subsanable.

En ese sentido, se rechaza el pedimento relativo a “rectificar el “acto de notificación de inhabilitación”, tomando en cuenta el estado actual del procedimiento – adjudicado y celebrado – y el principio de razonabilidad, toda vez que si bien se ha constatado mérito respecto a uno de los alegatos de la recurrente, se advierte que, no se verifica que con la subsanación de las certificaciones en cuestión, Sitcorp, S.R.L. hubiera resultada calificada para la apertura económica al obtener el mínimo de 70 puntos requeridos,
Resolución RIC-71-2022 - Pdf- 600 kb



Se rechaza la inadmisión solicitada por la razón social Proyecto Civiles y Electromecánicos (PROCELCA), S.R.L., toda vez que este Órgano Rector, no pudo determinar el fundamento de la petición.

El recurrente sostiene en su recurso jerárquico que el pliego de condiciones no contiene información toda la información clara y necesaria, así como la ambigüedad del criterio de adjudicación, alegato que resulta extemporáneo, dado la etapa para impugnar el pliego, ha precluido, por tanto, carece de mérito este alegato. Además, sostiene, que se adjudicó el Lote I del procedimiento de que se trata, a una oferta no sustentable, cunado la misma debió ser descalificada por encontrarse fuera del 10% del monto presupuestado para el lote. Sin embargo, se verificó que la DGII cumplió con el debido proceso establecido en la Resolución PNP-06-2020 para ponderar la sustentabilidad de la oferta, por lo que la descalificación por este concepto no opera de manera automática, por lo que carece de mérito lo planteado por el recurrente.

En ese sentido, se rechaza el pedimento sobre anular el acta de adjudicación del procedimiento por Comparación de Precios Núm. DGII-CCC-CP-2020-0015, toda vez que sus alegatos no tienen mérito y además el recurrente no evidencia que el referido acto administrativo contenga irregularidades que lo haga pasible de nulidad, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 107-13, a saber en cuanto a que se haya incurrido en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, vulnerado las normas de procedimiento o que carezcan de motivación.

Asimismo, se rechaza el pedimento de que se le adjudique el Lote I, del procedimiento de que se trata, ya que adjudicar escapa del ámbito de competencia de este Órgano Rector.

De igual forma, se rechaza el pedimento de anular el procedimiento, toda vez que sus alegatos no tiene mérito; y en consecuencia queda rechazado el pedimento de ordenar un nuevo procedimiento.

Se acoge el pedimento de que se le remita al recurrente “copia certificada del informe complementario de la evaluación de las ofertas económicas del proceso DGII-CCC-CP-2020-0015 de fecha 13 de abril de 2021 citado en el 6to considerando del acto administrativo de adjudicación”, toda vez que se ha verificado que el referido informe no se encuentra en el Portal Transaccional y el mismo al formar parte del expediente administrativo es de carácter público.